Ron DeSantis sufre un duro revés judicial a su nueva ley migratoria en Florida
Ron DeSantis sufre un duro revés judicial con su nueva ley migratoria en Florida
El gobernador republicano firmó dicha ley antimigratoria a inicios de año.
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El pasado 17 de junio marcó un nuevo capítulo en la batalla legal contra la ley migratoria promovida por el gobernador Ron DeSantis. La jueza federal Kathleen Williams declaró en desacato civil al fiscal general de Florida, James Uthmeier, por seguir aplicando la legislación pese a su suspensión previa. Además de la sanción, la magistrada ordenó reportes quincenales sobre cualquier arresto relacionado con esta normativa, indicando fechas, cantidades y las agencias implicadas.
Corte federal mantiene suspendida la ley SB 4-C
La ley migratoria, identificada como SB 4-C, fue firmada por DeSantis a inicios de año y establece sanciones penales contra personas migrantes que ingresen al estado sin autorización previa. Sin embargo, desde abril, esta legislación se encuentra oficialmente bloqueada por orden judicial, bajo el argumento de que invade competencias federales y podría violar derechos constitucionales.
Pese a ello, al menos 25 personas han sido detenidas en circunstancias vinculadas con esta ley, lo que provocó que el tribunal federal tomara nuevas medidas.
Durante las últimas audiencias, la jueza Williams consideró inaceptable que el fiscal general insistiera en defender las detenciones bajo una interpretación "confusa" de su fallo anterior. Afirmó que modificar el sentido claro de las resoluciones judiciales para justificar acciones contrarias representa un acto de desobediencia.
Por esta razón, ordenó que, a partir del 1 de julio, cualquier nuevo arresto relacionado con la ley migratoria suspendida debe notificarse de inmediato al tribunal.
Más instituciones se unen contra la ley de DeSantis
En una evaluación más amplia, el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito respaldó el fallo de Williams, señalando que el estado no puede asumir funciones que corresponden exclusivamente al gobierno federal. La decisión fue vista como una advertencia al ejecutivo estatal sobre los límites constitucionales que debe respetar en materia migratoria.
El proceso legal continúa y podría tomar varias semanas antes de definirse si la suspensión será permanente. Mientras tanto, la aplicación de la ley permanece detenida y bajo estricta supervisión judicial. Este caso ha generado amplio debate sobre los alcances de la autoridad estatal en políticas migratorias y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema de justicia.
Esta no ha sido la única medida impulsada por DeSantis en temas migratorios. En 2019 firmó una ley que prohíbe las políticas santuario en Florida; en 2022 autorizó el traslado de migrantes desde otros estados hacia destinos como Martha’s Vineyard; y en 2023 promovió una normativa que obliga a los hospitales a reportar el estatus migratorio de sus pacientes. Estas acciones forman parte de una agenda estatal que ha buscado restringir la movilidad y permanencia de personas migrantes en el territorio.
