Imagen de un autobús de Vitrasa llegando a una parada de Vigo este lunes.
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Polémica en Vigo por la subida del bus urbano: críticas al nuevo contrato que fija la tarifa en 2,04 euros
PP y BNG de Vigo han presentado diversas enmiendas a la nueva ordenanza que regula las tarifas del transporte urbano y tildan de "desproporcionada" la subida en el precio del billete
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La nueva ordenanza municipal que regula las tarifas del transporte urbano entre la empresa concesionaria del servicio de autobús y el Concello de Vigo ha despertado numerosas críticas entre los partidos de la oposición, que tildan de "desproporcionada" la subida en el precio del billete, que pasará a costar 2,04 euros el no subvencionado.
El Partido Popular de Vigo propone implantar un bono mensual y otro anual de viajes ilimitados por una tarifa plana de 20 euros y 200 euros respectivamente en el nuevo contrato de transporte urbano y que el Concello de Vigo encargue una auditoría externa para que se analicen los costes operativos que tendrá la nueva empresa, ante la “subida desproporcionada” que establece la nueva ordenanza.
En este sentido, el partido de la oposición propone ocho enmiendas a la nueva ordenanza que regula las tarifas del transporte urbano que "pasa de un modelo de concesión a otro de prestación de servicios".
Tal y como criticó Luisa Sánchez, la ordenanza municipal incluye como "única novedad una subida de 41 céntimos, lo que supone un incremento del 25% en un servicio, pasando a costar el billete 2,04 euros". "Va a ofrecer lo mismo que hasta ahora, con las mismas rutas, las mismas frecuencias y el mismo número de autobuses por lo que vamos a pagar mucho más por prácticamente lo mismo", ha resumido.
Por ese motivo, una de las enmiendas presentadas por el PP a la ordenanza que regulará las tarifas será que se realice una auditoría externa que analice los costes operativos que tendrá la nueva empresa para "corroborar o cuestionar esa nueva tarifa ordinaria de 2,04 que ha fijado este Concello".
Otras de las enmiendas a la ordenanza de las tarifas están dirigidas para exigir que el conjunto de las bonificaciones actuales se mantenga estable con cargo a los recursos municipales en el eventual caso de pérdida de las ayudas estatales. El PP también plantea que se declare la gratuidad total del autobús urbano por el Día Europeo sin Coches que se celebra el 22 de septiembre en el marco de la Semana Europea de la Movilidad o la creación de la Pass Vigo Turística.
En este sentido, el grupo municipal también plantea que tanto esa futura Pass Vigo Turística, como también la Pass Vigo Normal se puedan usar igualmente en el autobús turístico de la ciudad con la correspondiente bonificación del 20% sobre el billete. Y que se congele el precio actual del autobús turístico ya que con la nueva ordenanza se prevé una subida de más del 30%.
Otra enmienda reclama la integración del servicio de transporte público urbano de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta de Galicia como herramienta para abaratar el billete en los trayectos interurbanos fomentando de paso la movilidad en el territorio de nuestra área metropolitana.
Críticas, también por parte del BNG
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo también presentará una enmienda a la totalidad a la ordenanza de precios del autobús urbano, con el objetivo de "devolver el texto e impedir que se consolide una nueva privatización que va a hipotecar un servicio esencial para la ciudad".
Desde el BNG señalan que la propuesta del Gobierno local pretende consolidar un modelo que "subordina el interés general a las lógicas de rentabilidad empresarial", utilizando la ordenanza como "un mero trámite regulatorio para blindar una hoja de ruta ya cerrada".
La formación nacionalista alerta de que este modelo implicará "un incremento de hasta el 90% en el coste del servicio y una subida del precio del billete", sin que ello suponga mejoras reales: "ni más buses, ni más frecuencias, ni mejores horarios, ni un nuevo mapa de líneas".
Frente a esta situación, el BNG propone con su enmienda la devolución de la ordenanza, la paralización del proceso de licitación privatizada en marcha y la realización de un estudio independiente que evalúe "con transparencia todas las opciones de gestión". En relación con los precios del servicio, la enmienda propone mantener las tarifas y bonificaciones vigentes durante el tiempo necesario para la efectividad del resto de acuerdos.
