Talaso Atlántico.
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El futuro incierto del Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra): 17 años con el peso de una orden de derribo
Desde el Concello, anunciaban a finales de la semana pasada que recurrirán la orden judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra para ejecutar la sentencia de derribo
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El concello de Oia vive desde hace un par de semanas con la incertidumbre de si el Talaso Atlántico, el primer centro de talasoterapia de Galicia, cerrará definitivamente sus puertas y será derribado.
Tras abrir sus puertas un 17 de abril de 2003, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaba sentencia firme en 2009 para su derribo, después de anular las licencias municipales que permitieron su construcción a escasos 100 metros del mar.
Desde ese momento, esta orden de derribo por ilegalidad turística ha pesado sobre la empresa y sus trabajadores e incluso varias resoluciones posteriores sostuvieron que el edificio ni siquiera se ajustaba a esa licencia que se había otorgado durante el mandato del que fuera alcalde de la localidad, Álvaro Miño. Una licencia que se basaba en una normativa local que nunca fue publicada, por razones que se desconocen.
Los problemas aparecieron antes de la construcción y posterior inauguración, ya que el lugar donde se levantaría el Talaso se trataba de suelo rústico de protección de costas y con afecciones sobre el dominio público marítimo-terrestre.
Diez años después de comenzar a funcionar, en 2013, desde el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra se dio un ultimátum al Concello para que se ejecutase la sentencia ese mismo año. En 2017, la magistrada del juzgado le imponía una multa de 1.500 euros a la alcaldesa Cristina Correa por la "absoluta desidia" del Concello a la hora de cumplir con esta orden de derribo.
De nuevo, en una resolución del pasado 12 de marzo, el mismo juzgado activó la ejecución de la sentencia y además le dio un plazo al Concello de 10 días para requerir a la empresa que comenzase la demolición.
Desde el gobierno local tratan ahora de evitar la demolición y también posibles sanciones. Por ello, Correa anunció a finales de la semana pasada que recurrirán la orden judicial para derribar el Talaso Atlántico; según ella, la mayoría de los vecinos del municipio defienden la infraestructura, de la cual dependen muchas familias de la zona.
El objetivo, según recogía Europa Press, es encontrar la fórmula para encajar legalmente el Talaso, aunque sea de forma parcial, para evitar la demolición.