Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Los economistas coinciden: “El coste de la reforma del subsidio para mayores de 52 años será de 17.935 millones”
Las personas desempleadas mayores de 50 años ya representan casi una tercera parte del total, muchos de larga duración.
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El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda enfocada a personas que superan esta edad y han agotado la prestación por desempleo. ¿Requisitos? Deben acreditar carecer de rentas propias o ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Ese 75% se cifra en 15.876 euros anuales. También se dirige a quienes han cotizado al menos 15 años o un mínimo de seis años por desempleo a lo largo de su vida laboral.
Los economistas de Fedea Fernando Pinto, Carlos Garcimartín y Miguel Ángel García han analizado el impacto de la última reforma de este subsidio, del año 2019. “Será de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente en el periodo 2019-2030”.
Un tercio
La población española cada vez está más envejecida. Además, las personas desempleadas mayores de 50 años ya representan casi una tercera parte del total. Y una gran parte de ellos son los que se conocen como desempleados de larga duración.
“A esto hay que sumar una utilización más intensa y prolongada de las prestaciones por desempleo de este grupo de edad hasta llegar a superar algo más de la mitad del total”, indican los economistas.
Echando la vista atrás, la reforma de 2019 lo que hizo fue, por un lado, mejorar la prestación a este grupo de personas; por otro, suavizó las condiciones de acceso. Dicho de otra manera. Según los expertos, incrementó el número de perceptores en más de 300.000 personas.
“Este aumento en el número de perceptores supone un coste adicional para el sector público”, resaltan Pinto, Garcimartín y García.
Según su análisis, el gasto directo en la prestación aumenta de forma gradual hasta 2030 (cuando alcanza los 1.818 millones de euros de 2025).
Por otro, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de euros de 2025). Esto se debe al mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.
![Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11266402.jpg?p=w:320\/h:240&h=Ph_5aLdz"])
También por una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de euros de 2025) con respecto a una situación contractual en la que los afectados habrían estado ocupados con un sueldo igual al SMI.
“La suma de estos dos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, concretan.
Figura híbrida
Desde su punto de vista, las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio “lo han convertido en una figura híbrida”.
Dicho de otra manera, estaría a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.
![Montaje de Chamorro con un tractor en el campo (istock).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11293154.jpg?p=w:320\/h:240&h=60Jum8Jp"])
Por eso, y a modo de conclusión, inciden en que “si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, la reforma puede introducir problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar”.
Asimismo, y a la vez, “reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.
