La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Europa Press
El Gobierno impulsa el regreso a los pueblos: hasta 85.000 € para construir vivienda pública en municipios pequeños
El nuevo 'Plan Estatal de Vivienda' estará dotado de 7.000 millones de euros y busca corregir "el desequilibrio entre la oferta y la demanda".
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El Gobierno quiere aprovechar las zonas rurales como una de las principales herramientas como alternativa para construir la vivienda pública.
Con ese objetivo, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda para impulsar promociones públicas en municipios pequeños, una medida pensada para facilitar el acceso a alquiler asequible y frenar la pérdida de habitantes.
La iniciativa, recogida en el proyecto de real decreto que prepara el Ejecutivo, plantea reforzar el parque público de vivienda en localidades de menos de 10.000 habitantes, donde la falta de oferta residencial se ha convertido en una barrera para fijar población joven y atraer nuevos vecinos.
La idea es clara: si no hay vivienda disponible en condiciones asequibles, el relevo generacional en muchos pueblos resulta prácticamente imposible.
Para hacer frente a ese problema, el plan crea un programa específico de fomento del parque público de viviendas, mediante subvenciones directas destinadas tanto a la construcción de nuevas promociones como a la rehabilitación de inmuebles públicos.
La cuantía máxima podrá alcanzar los 85.000 euros por vivienda, una cifra muy superior a la contemplada en otros programas anteriores y que busca dar margen económico real a los pequeños ayuntamientos.
La ayuda se calculará en función de los metros cuadrados útiles de cada vivienda, con un límite general de 90 metros cuadrados, aunque ese umbral podrá ampliarse en determinados casos, como familias numerosas o personas con discapacidad.
![Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/16\/mujer\/estilo-vida\/1003744210122_262477823_320x180.jpg"])
El objetivo es garantizar viviendas funcionales y adaptadas a las necesidades reales de quienes residan en ellas, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad económica de las promociones.
Uno de los puntos más destacados del plan es que permite a los ayuntamientos asumir un papel protagonista en la promoción de estas viviendas.
Las administraciones locales podrán desarrollar directamente las obras o hacerlo a través de entidades públicas dependientes.
Además, se fomenta la colaboración público-privada mediante la cesión de suelo municipal a cooperativas o promotores privados, siempre que las viviendas se destinen a alquiler asequible durante un periodo mínimo de 50 años.
![La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/16\/actualidad\/1003744210546_262483816_320x180.jpg"])
Esta fórmula busca ampliar la capacidad de actuación de los municipios más pequeños, muchos de los cuales carecen de recursos propios suficientes para promover vivienda protegida por sí solos.
Con apoyo estatal, el Gobierno pretende que estas localidades puedan generar una oferta residencial estable y asequible, algo que en muchos casos hoy simplemente no existe.
Otra de las grandes apuestas del plan pasa por recuperar edificios públicos en desuso para transformarlos en vivienda. Antiguas escuelas, casas de maestro o inmuebles municipales abandonados podrán rehabilitarse con financiación pública para destinarlos al alquiler social.
Esta medida pretende aprovechar el patrimonio existente y evitar que la revitalización de los pueblos dependa únicamente de nuevas construcciones.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/04\/actualidad\/1003744116111_261247973_320x180.jpg"])
Además, los proyectos ubicados en municipios con menos de 5.000 o 10.000 habitantes, con envejecimiento elevado o pérdida continuada de población, tendrán prioridad en la concesión de ayudas. Se trata de concentrar recursos en los territorios con mayores dificultades demográficas.
El plan también exige que estas viviendas cumplan altos estándares de eficiencia energética, con edificios de consumo casi nulo como requisito para acceder a la máxima subvención.
La intención es doble: reducir costes energéticos para los futuros inquilinos y garantizar viviendas modernas en entornos rurales.
Con esta medida, el Ejecutivo busca que vivir en un pueblo deje de ser una opción limitada por falta de vivienda y se convierta en una alternativa real para miles de familias.
