España responde a la guerra de Irán: IVA del 10% para la gasolina y el diésel y rebaja al impuesto sobre la electricidad

En un escenario internacional marcado por la profunda incertidumbre y el impacto de los conflictos bélicos en Oriente Próximo, el Gobierno español ha decidido mover ficha para tratar de proteger la estabilidad económica del país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado viernes tras un Consejo de Ministros extraordinario donde anunció un paquete de medidas urgentes diseñado para frenar el impacto del conflicto sobre los hogares y empresas de España.

Con una movilización de recursos públicos que supera los 5.000 millones de euros, el Ejecutivo busca levantar "el mayor escudo social y económico de la Unión Europea" frente a una guerra que golpea directamente la estructura del país.

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Asimismo, la medida estrella de este Real Decreto-ley, y probablemente la más esperada por el conjunto de los consumidores, es la reducción drástica de la fiscalidad en el sector energético.

Por ello, el Gobierno ha aprobado una bajada del IVA del 21% al 10% para la gasolina y el diésel, una decisión que se extiende también al gas natural y otros combustibles domésticos como los pellets o las briquetas.

Esta medida, sumada a la reducción del impuesto de hidrocarburos al mínimo legal permitido por las directivas de la UE, supondrá un alivio directo en el surtidor que se estima en hasta 30 céntimos por litro de carburante.

Para un ciudadano medio que use su vehículo de forma habitual, esto se traduce en un ahorro aproximado de 20 euros por cada depósito cargado, un respiro necesario ante la escalada de precios en los mercados internacionales de crudo.

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Sin embargo, el plan de choque no se detiene en las gasolineras. La factura eléctrica, uno de los puntos más sensibles para la economía doméstica, también experimentará una transformación profunda.

Además de mantener el IVA de la luz en el 10%, el decreto recoge la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), situado en el 7%, y una rebaja mínima histórica del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa del 5% al 0,5%.

Con esta arquitectura fiscal, el Ejecutivo pretende evitar que la volatilidad de los mercados mayoristas de energía afecte al consumo de las familias y conseguir que el impacto de la guerra sea menor.

Las otras ayudas y medidas

Por otro lado, consciente de que la cadena alimentaria y el transporte son pilares estratégicos que sostienen el abastecimiento nacional, el Gobierno ha diseñado ayudas directas para los sectores más expuestos.

Los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores recibirán una bonificación adicional de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, una ayuda que gestionará la Agencia Tributaria.

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A esto se suma una partida específica para la compra de fertilizantes, buscando contener el encarecimiento de la cesta de la compra y garantizar que el sector primario afronte la crisis sin trasladar todos los costes al consumidor final.

Más allá de las medidas de carácter general, el plan incluye un segundo eje estratégico: acelerar la importancia de las renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Para incentivar este cambio de modelo, se han aprobado deducciones del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y bonificaciones de hasta el 95% en obras municipales destinadas a la instalación de sistemas de autoconsumo y placas solares.

De igual manera, el Ejecutivo ha aprovechado para advertir a los grandes operadores y compañías del sector para conseguir que las rebajas fiscales lleguen al ciudadano y no se pierdan en sus márgenes de beneficio.

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Por esa razón, se ha dotado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción.

Con la entrada en vigor de estas medidas, España no ha dudado en posicionarse en respuesta al conflicto buscando el beneficio y alivio de sus empresas y ciudadanos.