Confirmado por el Gobierno: prohíben a los bancos aplicar intereses de demora abusivos en los créditos al consumo

El Gobierno español ha dado un paso firme contra los abusos en la financiación al consumo. Con intención de aumentar la protección de los consumidores, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para evitar el sobreendeudamiento.

La medida, anunciada en el anteproyecto de ley que regula el crédito al consumo, responde a la necesidad de actualizar la normativa ante un mercado que ha cambiado profundamente con la digitalización y la proliferación de nuevos productos financieros.

El plan, aprobado el pasado miércoles 7 de enero, limita estrictamente la TAE máxima al 22 % para las nuevas aprobaciones hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario definitivo.

Los créditos que se recogen son los microcréditos, las tarjetas revolving y los préstamos rápidos en plataformas digitales.

Evitar sobreendeudamientos

Entre las principales novedades de esta nueva propuesta destaca la introducción, por primera vez, de medidas de limitación en los tipos de intereses con el objetivo de terminar con las rentas desproporcionadas y otorgar seguridad jurídica a los usuarios.

Hasta ahora, la regulación española sobre créditos al consumo carecía de límites claros para los intereses de demora y otros costes asociados, dejando a los consumidores expuestos al rápido aumento de los costes de los préstamos.

El portal oficial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa confirma que, con este anteproyecto, se regularán los créditos al consumo mediante límites máximos a los tipos de intereses basados en la Tasa Anual Equivalente (TAE).

La ley establece un tope máximo del 22 % de TAE para los créditos al consumo, lo que implica que ningún préstamo podrá superar ese porcentaje en el coste total que paga el cliente.

Más allá del límite general, la regulación propone un sistema de tramos diferenciados de intereses en función del importe del crédito, tomando como referencia la TAE media del mercado publicada por el Banco de España.

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Además de los límites de interés, la normativa introduce criterios específicos para los créditos de alto coste, que restringen la actividad a importes bajos y plazos cortos obligatorios.

Estos tendrán preestablecido un periodo mínimo de reembolso, de al menos tres cuotas mensuales, con una antelación mínima de 24 horas a la contratación. Esto permitirá que el cliente tome una decisión previamente informada.

Por su parte, todos los prestamistas deberán estar autorizados y supervisados por el Banco de España. De ese modo se evitará que las entidades esquiven estas normas.

Con estas medidas, el Gobierno de España ofrece una solución al problema de los intereses de demora abusivos, ofreciendo a los consumidores protección real, y reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento.

Así pues, la normativa no sólo limita los costes de los créditos al consumo, sino que también aporta seguridad jurídica y transparencia al mercado financiero, garantizando un entorno más justo para prestatarios y prestamistas.