El Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital a jóvenes mayores de 23 años que vivan con un amigo: estos son los requisitos

El Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a jóvenes mayores de 23 años, una medida que busca dar apoyo a quienes tienen pocos recursos y no pueden hacer frente solos a sus gastos básicos.

Esta ayuda está pensada para reducir el riesgo de pobreza y ofrecer un pequeño colchón económico a las personas que más lo necesitan.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado mes de diciembre, el IMV llegó a más de 2,4 millones de personas, repartidas en casi 800.000 hogares, de los cuales casi un millón eran niños y adolescentes.

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Desde el Ejecutivo defienden que esta prestación se ha convertido en una herramienta clave para combatir la desigualdad y apoyar a quienes viven con ingresos muy ajustados.

Según detalla la portavoz, "en 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC", un dato que teóricamente significa que la ayuda subirá más que los precios, dando un respiro extra a las familias.

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Tal y como detalla el Ministerio en su página web, la normativa permite que puedan acceder al IMV los jóvenes de 23 a 29 años que vivan con una familia diferente a la suya y que no tengan parentesco, que puedan demostrar que han vivido de manera independiente al menos durante los dos años anteriores y que tienen residencia legal en España.

Así, en la práctica, esta ampliación afecta a quienes viven con un amigo y, además, conviven con los padres de este dentro del mismo domicilio. Es decir, deben formar un único núcleo familiar, donde todos comparten vivienda y gastos.

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Además de la edad, no se puede estar casado, aunque sí se podrá pedir si se han iniciado trámites de separación o divorcio. Tampoco podrán recibirlo quienes tengan pareja de hecho o formen parte de otra unidad familiar.

Pero habrá excepciones a la hora de demostrar que han vivido de manera independiente para quienes hayan tenido que dejar su casa por violencia de género o por separación o divorcio.

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Para quienes tengan 30 años o más, se pedirá probar que, durante el año anterior, su domicilio ha sido diferente al de sus padres o tutores, salvo si estos han fallecido.

Desde el Ministerio explican que esta medida responde a la realidad de muchos jóvenes que no pueden independizarse por el alto precio del alquiler y la falta de empleos estables.

Como dicen los responsables, se trata de "llegar a quienes antes quedaban fuera del sistema y necesitan apoyo sin depender de sus padres".