Montaje con una imagen de archivo de una vivienda e Iker, propietario.

Montaje con una imagen de archivo de una vivienda e Iker, propietario. Freepik/Gorka Estrada

Sociedad

Iker, propietario de una vivienda en España: "Me da pena pero ya no alquilo a familias, la ley empuja a eso"

Iker Peña alquilaba el piso heredado de su madre, pero tras una inquilina morosa ha decidido no volver a alquilarlo a familias con niños.

Más información: Confirmado por el Gobierno: se amplía a 2026 la prohibición de desahuciar a personas consideradas vulnerables

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Las claves

Iker Peña alquiló su piso en Irún por 600 euros, por debajo del valor de mercado, a una mujer con hijos menores.

Tras meses de impago, la inquilina se declaró vulnerable y un juzgado suspendió el desahucio, impidiendo que Iker recupere su vivienda.

La ley permite paralizar desahucios en caso de inquilinos vulnerables, lo que ha llevado a Iker a decidir no alquilar más a familias con hijos menores.

Iker recibió una compensación parcial por los impagos, pero considera que la legislación actual perjudica tanto a propietarios como a familias vulnerables.

Con el grave problema inmobiliario que hay en España, la escasa oferta hace que los precios suban y que muchas familias no puedan permitirse acceder a una vivienda digna.

Así, encontrar un hogar a un precio razonable o por debajo de su valor parece casi un milagro. Precisamente lo que ofreció Iker Peña cuando puso en alquiler su vivienda de 73 metros cuadrados por 600 euros.

Sin embargo, tras meses de impagos, la inquilina se declaró vulnerable y el propietario perdió total derecho sobre su vivienda. Ante esta situación, ha tomado una decisión: "No volveré a alquilar mi piso a una persona o familia con hijos menores que puedan declararse vulnerable".

Problemas con el alquiler

Después de heredar un piso de 73 metros cuadrados en Irún, Iker decidió poner en alquiler la vivienda para buscarse unos ingresos más.

"Por tenerlo habitado, sacar un dinero extra y, si encima puedo echar una mano a alguien, mejor, aunque suponga cobrar algo menos", contaba al Diario Vasco. Por ello, el propietario decidió situar el precio en 600 euros, bastante más barato que el valor de 745 euros que estimaría el Ministerio de Vivienda.

De ese modo, a pesar de tener malas experiencias con otros inquilinos, una incluso le debe 3.000 euros, Iker ofreció su vivienda a una mujer sola con hijos.

Esta mujer llegó como recomendación de un antiguo inquilino con el que no había tenido problema alguno por lo que las referencias eran buenas.

En 2021 entró a vivir en el piso pero en junio de 2023 le dejó de pagar el alquiler. "Casualmente justo después de que en mayo entrara en vigor la Ley estatal de vivienda", apuntaba. "Decía que había dejado de recibir una ayuda para el alquiler y que no podía pagar".

"Que yo sepa no había cambiado su situación. Tengo entendido que, desde que entró en el piso, no ha trabajado nunca y vive de las ayudas".

Iker trató de arreglarlo con la mujer, intentando acordar que de alguna manera pudiera pagarle pero no hubo forma. Por ello, a finales de 2023 decidió iniciar la reclamación por vía judicial.

Consecuentemente, la inquilina alegó estar en situación de vulnerabilidad. Después de que el juzgado comprobase un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Irún, avalaron su vulnerabilidad.

Según la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y del Real Decreto-ley 1/2025, en caso de inquilinos vulnerables, los jueces y administraciones pueden detener desahucios y ofrecer alternativas. De hecho, el Gobierno ha anunciado una prórroga de este decreto para 2026.

El 2 de febrero de 2024, el juzgado acordaba la suspensión del desahucio e Iker no podía acceder a su vivienda. "No ha supuesto un problema económico grave porque el piso era de mi madre pero quién esté pagando una hipoteca por la vivienda y le dejen de pagar...", contaba Iker.

Casi un año después de la decisión del juzgado, el propietario descubrió que podía reclamar una compensación por su condición de arrendador impagado por resolución judicial.

A través de esta medida ha recibido 6.600 euros, aunque defiende que solo se le paga por el período después de la decisión del juzgado, por lo que los 4.800 euros que le debe de antes no lo va a recibir.

"Obviamente es un alivio y una medida necesaria", afirmaba. "Nos compensan desde el día en que el juez paraliza el proceso de desahucio; todos los impagos anteriores debo darlos por perdidos".

De ese modo, el propietario ha tomado una decisión: "Me da pena y soy consciente de que pagan justos por pecadores, pero no me puedo permitir más experiencias así. No volveré a alquilar mi piso a una persona o familia con hijos menores que puedan declararse vulnerable".

"Lamentablemente las leyes te empujan a eso, a evitar situaciones que puedan ser de riesgo", indicaba. "Están consiguiendo el efecto contrario al que en teoría buscan. ¿Quién se atreve a alquilar un piso a una familia que lo necesita pero puede dejar de pagar la renta en cualquier momento?"

"Los más perjudicados son los más vulnerables, que no van a encontrar dónde vivir".