Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll y cabecilla de la célula catalana.

Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll y cabecilla de la célula catalana.

Perfiles

De la Rubia, el juez del Opus que no expulsó al imán y se negó a casar gays

El magistrado, con 13 hermanos en su familia, es un ferviente católico y está muy unido a su tierra, Valencia. Fue noticia por negarse a oficiar bodas homosexuales y ahora vuelve al foco tras conocerse que tuvo en sus manos la posibilidad de echar de España a Abdelbaki Es Satty tras una condena por un delito de tráfico de drogas.

Íñigo Zulet

El juez Pablo de la Rubia se ha convertido esta semana en el centro de atención por conocerse que en 2015 rechazó expulsar de España al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro y autor intelectual de los atentados de Cataluña. Ahora un sector culpa a este magistrado por creer que podía haber evitado la masacre del 17 de agosto. Un argumento poco sólido si se tiene en cuenta que el cometido de la Rubia no fue juzgar a Es Satty por un delito de terrorismo, sino por tráfico de drogas. Las redes, sin embargo, piden su cabeza por ser “cómplice” de los 15 asesinados en Las Ramblas y Cambrils. Pero ¿quién es Pablo de la Rubia Comos?

Pablo es un juez de lo Contencioso Administrativo. En su larga trayectoria como jurista, ha estado destinado en Barcelona, Mataró, Sagunto, Castellón... En 2008 fue promovido a la categoría de magistrado, y desde febrero de 2016 desempeña su trabajo en Valencia. Todo normal: un hombre que por motivos profesionales va cambiando de ciudad y poco a poco va ascendiendo en su cargo.

Ahora su nombre ha salido en los medios por haber anulado en su momento la orden de deportación contra el líder religioso. Abdelbaki Es Satty cumplió cuatro años de prisión por tráfico de drogas porque en 2010 la Guardia Civil le cazó al intentar introducir a través de Algeciras 121 kilos de hachís. El 29 de abril de 2014, al salir de la cárcel, pesaba sobre él una orden de expulsión. La Subdelegación del Gobierno en Castellón había ordenado su expulsión inmediata del territorio nacional y del espacio Shengen.

Pero el imán recurrió. Y Pablo de la Rubia le dio amparo.

Arriba a la izquierda Abdel Baki Essati, el imán que adoctrinó a más de 80 niños.

Arriba a la izquierda Abdel Baki Essati, el imán que adoctrinó a más de 80 niños.

Sin embargo, este juez ya fue noticia mucho antes de que los yihadistas atacaran Barcelona. En 2005, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España, a este magistrado se le presentó un dilema moral. De la Rubia es católico, próximo al Opus Dei, y decidió que sus creencias religiosas estaban por encima de la aplicación de la norma. De la Rubia acabó negándose a casar a parejas gays. Iba en contra de sus principios.

Así se lo hizo saber el juez al Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Él no iba a pasar por ese trance. Presentó un recurso de alzada en 2006 donde alegaba su derecho a la objeción de conciencia para permitirle abstenerse en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. Entonces De la Rubia era el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto.

Pedía que, en caso de tramitarse un matrimonio homosexual en el Registro Civil del que él se encargaba, que se nombrara a un “sustituto ordinario o a un juez sustituto cuyas conciencias no se vean afectadas por este tipo de celebraciones”. Alegaba también que el hecho de que él se negara a hacerlo no suponía “ningún perjuicio para los interesados ni para el buen funcionamiento de la administración de justicia”.

El sector conservador del CGPJ, representado por su vocal José Luis Requero, quiso estudiar el tema más a fondo y lo llevó al pleno del CGPJ. Requero recibió en 2007 el Premio Látigo por sus constantes ataques a los derechos del colectivo LGTBI.

El Supremo contra De la Rubia

No. Fue la respuesta del pleno del CGPJ. Solo apoyaron al juez los vocales Requero, Juan Pablo González y Carlos Ríos apoyaron, los tres propuestos por el PP.

Tras examinar la propuesta, se acordó que “los jueces y magistrados no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, al estar sometidos únicamente al imperio de la ley”. El pleno decía que, de aceptar las pretensiones del objetor, “basadas en concepciones y valoraciones puramente subjetivas”, la excepción se podía convertir en “un factor de inseguridad jurídica de consecuencias impredecibles”. “El juez es sinónimo de certeza”.

Manifestación durante el Orgullo Gay frente al Ayuntamiento de Madrid

Manifestación durante el Orgullo Gay frente al Ayuntamiento de Madrid EFE

De la Rubia siguió en su lucha personal y recurrió al Tribunal Supremo. Insistía en que ese tipo de ceremonias atacaban su libertad ideológica y apoyaba su petición con ejemplos de objeción de conciencia en otros países. También invocaba las consideraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica. Este documento decía que era “necesario oponerse en forma clara e incisiva” al oficio de las bodas gays, que consideraba un “problema”.

“Política homosexualista”

El Alto Tribunal, como ya había hecho antes el CGPJ y en un primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, rechazó en 2009 reconocer la objeción de conciencia de De la Rubia. “Su labor tiene un carácter técnico, absolutamente desvinculado de toda práctica religiosa”.

Plataformas católicas como HazteOír hablaron entonces de “política homosexualista” por parte del Supremo. Varios portales salieron a defender al juez al que el Supremo “obligaba a casar a gays”.

Una familia del Opus Dei

Pablo es hijo de Juan de la Rubia y Manuela Comos, un matrimonio supernumerario del Opus Dei. Casados en 1956, la pareja tuvo 14 hijos: cinco murieron nada más nacer y otro hijo, Fernando, falleció a los 22 años el 22 de noviembre de 1992, “habiéndose encomendado a la Santa Virgen, de la que era muy devoto”. Así lo recordaba uno de sus hermanos en el semanario religioso Paraula en 2006.

Una imagen de la familia De la Rubia Comos.

Una imagen de la familia De la Rubia Comos.

Ese año la familia De la Rubia Comos estaba de celebración por las bodas de oro de Juan y Manuela. En total, cuentan con más de 30 nietos, y aunque los dos pertenecen a esta prelatura personal de la Iglesia Católica, entre los hermanos del juez Pablo “hay un poco de todo”: algunos forman parte del Camino neocatecumenal, otros son del Opus Dei y otros de las Congregaciones Marianas.

“Mis padres tienen los dos 77 años y siempre han estado muy comprometidos con la Iglesia. Ambos han sido un ejemplo de entrega, generosidad y amor para nosotros, sus hijos, y lo siguen siendo para sus nietos”, escribía el hermano de Pablo.

Mérito por conocer el derecho valenciano

Más allá de sus fuertes convicciones religiosas, poco más se sabe de este discreto juez. En agosto de este año, defendió que el valenciano fuera requisito lingüístico para los profesores interinos. Con esta decisión dejaba en el aire el futuro de 1.200 docentes que no cumplían esas condiciones y que consideran esta exigencia, introducida por el PP en 2013, un “agravio comparativo”. Hasta que no estén capacitados para dar clases en valenciano, estos educadores quedarán fuera de las bolsas de trabajo.

Aunque haya estado destinado en Mataró o Barcelona, De la Rubia siempre se ha sentido muy unido a su tierra, Valencia. En marzo de 2007, fue reconocido por el Consejo General del Poder Judicial por su carrera judicial. En concreto, el CGPJ premiaba al juez por conocer el idioma propio y las leyes especiales de la Comunidad Valenciana.

Ahora este juez católico se ha convertido en diana de los ataques en redes sociales. Muchos pedían que fuera juzgado por anular la orden de deportación del imán terrorista. De la Rubia sostuvo que el Es Satty no constituía “una amenaza real y suficientemente grave” y que el delito cometido era “lejano en el tiempo”. Se apoyó en jurisprudencia nacional y en directivas europeas. Valoró de forma positiva “sus esfuerzos de integración en la sociedad española” así como sus 13 años de residencia en España y sus seis años cotizando a la Seguridad Social.

La Abogacía del Estado, en representación de la Subdelegación de Gobierno en Castellón, no recurrió la polémica sentencia.