Una concentración de los trabajadores de la prisión de Campos del Río para pedir más protección y seguridad en 2024.
Cuatro sindicatos denuncian al director de la cárcel Murcia II por vejar a empleados y falsear el informe de una reyerta
CC OO, USO, TAMP y APFP piden "auxilio" al delegado del Gobierno porque el director del penal impidió a un funcionario ir al hospital tras una reyerta entre presos, humilló a una empleada y "ordenó omitir información" a la Inspección.
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- “Tú, ¿qué pasa? Que te crees una Superwoman". "Te voy a expedientar por incumplir mis órdenes”.
Tal frase atribuida al director Centro Penitenciario Murcia II, ubicada en Campos del Río, figura en un escrito firmado por cuatro sindicatos y que ha sido notificado a la Delegación del Gobierno para informar de que han presentado una denuncia contra el responsable de la cárcel ante los juzgados, por un delito contra el honor, trato degradante, coacciones, falsedad documental, y omisión del deber de socorro.
También le han denunciado ante la Inspección Penitenciaria y han tramitado sendas quejas en el Defensor del Pueblo y en el Instituto de la Mujer. El origen de semejante campaña contra el director de esta cárcel, se remonta al 10 de abril de 2026, cuando se produjo "un episodio de extrema violencia, como desgraciadamente viene siendo habitual, protagonizado entre internos del centro". En concreto, una "reyerta tumultuaria" con diversas agresiones entre internos y "algunas de ellas se produjeron utilizando un arma blanca".
El documento al que ha accedido EL ESPAÑOL lo firman Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM); Comisiones Obreras; la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y la Unión Sindical Obrera (USO).
Los cuatro sindicatos reclaman una reunión con el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, para exponerle la gestión que supuestamente se realizó del episodio violento y que ha sido "la gota que ha colmado el vaso, de demasiadas situaciones humillantes que hemos sufrido los trabajadores y las trabajadoras del centro, sobre todo en los últimos cinco años de manos del responsable del centro".
”El director fue testigo ocular de lo ocurrido en el incidente, al visualizar las imágenes de video-vigilancia, y pudo comprobar que la reyerta tumultuaria había supuesto diversas agresiones entre internos, algunas de ellas se produjeron utilizando un arma blanca. Pese a ello, no permitió que los internos que sufrieron la agresión, incluso pequeñas incisiones por arma blanca, que fueran atendidos por los servicios sanitarios”.
“El director ordenó que se omitiera información y que se falseara el informe de los hechos ocurridos, algo que los funcionarios pese a que no estaban de acuerdo, no les quedó más remedio que cumplir con lo ordenado”, tal y como prosigue exponiendo el documento.
Personal de la cárcel de Campos del Río, el pasado viernes, protestando en la Delegación del Gobierno para exigir el cese del director de la prisión Murcia II.
Los sindicatos firmantes aseguran que los presos heridos no recibieron atención médica hasta pasadas más de dos semanas y solo porque intervino un inspector de Instituciones Penitenciarias, cuya función es la supervisión y evaluación de la gestión de las prisiones, incluso la apertura de expedientes disciplinarios a sus empleados públicos.
“La Inspección Penitenciaria hizo una primera valoración de lo sucedido y recriminó al director, por lo que hemos podido saber, el hecho de que el responsable del centro hubiera remitido una copia sesgada de la grabación del incidente, así como que no se hubiera atendido a internos”.
“Ordenándole el inspector al director que fueran asistidos por el médico, los internos implicados aquel día, y que se le remitieran los informes de la consulta médica, aunque se realizó este reconocimiento médico 19 días después del incidente y ya algunas heridas estaban siendo cicatrizadas”.
El escrito también expone al delegado del Gobierno que la citada reyerta provocó efectos colaterales para los trabajadores del penal porque tuvieron que intervenir. De hecho, un funcionario resultó herido y no se le permitió salir de la prisión para acudir al hospital más cercano.
“Los funcionarios se vieron en la obligación, y necesidad, de intervenir para guardar el orden y sobre todo, preservar la seguridad, con la desgracia que uno de los funcionarios sufrió una herida que le produjo dolor y limitación funcional”, según detallan los sindicatos.
“Este funcionario fue atendido en una primera consulta en la enfermería del centro penitenciario, inmovilizándole la articulación del brazo. Sin embargo, el director de la prisión que estuvo presente en el establecimiento, no le autorizó a abandonar el centro para acudir inmediatamente a un hospital, habiendo sido solicitado por el trabajador”.
“Viéndose este último obligado a permanecer en el mismo, hasta aproximadamente las 22.30 horas, en una espera completamente injustificada, motivada exclusivamente por la decisión del responsable del centro, de priorizar la elaboración del parte de hechos, frente a la atención médica del funcionario”.
Celdas de la prisión de Campos del Río.
“El funcionario quedó sentado en el despacho del jefe de Servicios, por orden del director, con padecimientos de dolor innecesarios que le podían ocasionar secuelas irreversibles".
"El director le permitió la salida sobre las 22.30 horas, muy por encima de la hora de salida a las 21:30, una hora más tarde de su turno de trabajo. Siendo atendido finalmente en el hospital sobre la medianoche".
Posteriormente, se produjo el supuesto episodio que ha motivado una queja ante el Instituto de la Mujer: “Una funcionaria que intervino igualmente en el incidente, cuando salió a despachar los informes, fue atacada verbalmente por el director que se encontraba en ese momento en el despacho del jefe de Servicios [...]”.
“Se dirigió a ella de manera violenta e invasiva diciendo despectivamente: 'Tú, ¿qué pasa? Que te crees una Superwoman. Te voy a expedientar por incumplir mis órdenes'. La funcionaria que venía de una situación violenta y complicada donde hubieron apuñalamientos, no entendía esa actitud del director y la rompió emocionalmente, al sentirse humillada en público y sin motivo porque en ningún momento se desobedeció ninguna orden".
De forma que Comisiones Obreras, USO, TAMPM y AFP solicitan una "reunión" con Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia, para "expresarle la situación extrema" que está "padeciendo" la plantilla de la prisión de Campos del Río durante el último lustro, bajo la actual dirección del penal: "Todo lo expuesto no se trata de un hecho aislado".
Piden "auxilio"
De momento, los sindicatos han escenificado su malestar realizando una protesta frente a la Delegación del Gobierno en Murcia durante la que presentaron el documento al que ha accedido este diario y donde piden el cese del director del Centro Penitenciario Murcia II.
“Le pedimos el auxilio necesario para que exija su cese inmediato dirigido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, el excelentísimo señor Don Ángel Luis Ortiz, por los hechos descritos, los cuales esperamos igualmente se incoe un procedimiento disciplinario contra el director y se pueda contar con todos los testigos de ese día para demostrar lo sucedido”.
“Lo cual fue impropio de un representante de la Administración del Estado, del nivel de un gestor de un centro penitenciario. Y así acabar con el continuo trato degradante, humillante y el abuso de autoridad de este responsable, el cual nadie se explica que haya permanecido en este puesto de libre designación estos últimos diez años, siendo los últimos cinco años especialmente alarmantes”.
La fachada del Centro Penitenciario Murcia II.
Los sindicatos informan a la Delegación del Gobierno que han decidido mover ficha emprendiendo acciones legales.
"Se ha interpuesto denuncia en el juzgado de guardia que aún no ha sido admitida, y asimismo, ante la Inspección Penitenciaria con toda la información recopilada, solicitando la grabación completa de los hechos. Ambas denuncias se amparan en el trato degradante y humillante que infirió el director del centro al funcionario herido, prolongando innecesariamente el dolor".
"Así como el trato vejatorio y machista que infirió a la funcionaria, públicamente tras los hechos, incluida la amenaza y coacción de expedientarla cuando no había motivo para ello".
“Asimismo, se ha denunciado la presión para que los funcionarios mintieran en el informe de los hechos y también por no permitir que los internos fueran atendidos en enfermería para valorar sus heridas".
