España invierte un 19,5% menos por cada universitario que la media de la OCDE: el gasto total por estudiante es de 15.455 €

En 2022, el gasto total por estudiante universitario en España fue de 18.369 dólares –15.455 euros–, un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE y un 14,5% por debajo de los medios de la Unión Europea.

En nuestro país, el 65,9% del gasto total dedicado a las universidades procede del sector público, una proporción inferior a la de la OCDE (68 %) y a la de la UE (75,8%).

Fundación CYD

La contrapartida de esta menor aportación pública es un mayor esfuerzo privado, que procede principalmente de las familias y estudiantes, que aportan el 31,8% del gasto total (frente al 19,5% en la UE y el 28,6% en la OCDE).

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Aumenta el gasto público

Pese a todo, en los últimos años en España se observa un aumento del gasto público en universidades: en 2022 supuso un 0,75% en proporción al PIB, una mejora respecto al 0,69% de 2015.

Sin embargo, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas tienen en 2023 unos niveles en valor absoluto, en términos reales y una vez descontada la inflación, un 10% inferiores respecto a 2009, antes del inicio de la crisis.

En cuanto a la estructura de gastos de 2023, la partida de personal absorbe la mayor parte de los recursos, seguida por las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos y los gastos corrientes en bienes y servicios.

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Entre 2015 y 2023, en términos nominales, los gastos de personal aumentaron un 31,3%, los gastos en bienes y servicios un 22,7% y las inversiones reales un 56,3%.

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La financiación por comunidades

El informe, además, sostiene que más del 80% del total de las transferencias recibidas por las universidades públicas presenciales españolas provienen de sus administraciones autonómicas.

En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante.

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España, con 6.975 euros por alumno, seguido a distancia por Extremadura, Andalucía y Cataluña.

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También, la Fundación CYD explica que para comparar de forma más homogénea entre regiones "es necesario considerar el nivel económico de cada territorio". Considerando el PIB per cápita regional, la menor ratio se dio en Madrid (16,3%), seguida a distancia por Cataluña (23,5%) y Baleares (26,7%), lo que refleja un menor esfuerzo financiero público relativo en estas comunidades.

En el extremo opuesto, las autonomías que mayor esfuerzo realizado teniendo en cuenta su PIB per cápita son Cantabria (41,2%), Comunidad Valenciana (38,1%) y Andalucía (36%).

Alrededor de tres cuartas partes de los ingresos provienen de las aportaciones del alumno y sus familias, a través de los precios públicos. Se observan diferencias notables por regiones: en Galicia, con precios públicos reducidos, la recaudación por alumno se sitúa en 1.061 euros, mientras que en Madrid, con niveles más elevados, es de 2.052 euros.

Tras Galicia, las comunidades con menor recaudación por alumno son Baleares, Asturias y País Vasco. En el extremo opuesto, las regiones con mayor recaudación por alumno, después de la Comunidad de Madrid, son Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana.

En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo de las familias supera el 6% en algunas comunidades (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria) frente a menos del 4% en otras (País Vasco, Baleares y Galicia).

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Dependencia de las autonomías

El Informe CYD constata que el sistema continúa caracterizándose por una alta dependencia de las comunidades autónomas, lo que dificulta una respuesta coordinada y estable frente a los retos de sostenibilidad y equidad territorial.

Y señala la necesidad de reforzar la inversión pública y modernizar el modelo de financiación universitaria, combinando suficiencia, estabilidad y rendición de cuentas, tal y como apunta Montse Álvarez: “El esfuerzo en inversión debe acompañarse de un nuevo modelo de financiación más estable, diversificado y orientado a resultados, que combine una mayor inversión pública con una colaboración estratégica del sector privado. Parte de los recursos debería vincularse a objetivos verificables –en investigación, transferencia de conocimiento o inserción laboral de los egresados– reforzando al mismo tiempo la gobernanza y la transparencia en la gestión de los fondos”

Tal y como concluye el apartado 1.4 del Informe CYD 2025, dedicado a la financiación, solo mediante un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente podrá consolidarse una universidad pública de calidad, competitiva e inclusiva, capaz de formar talento, generar conocimiento y actuar como motor de innovación, cohesión social y desarrollo económico sostenible.