El "cinismo" de la alcaldesa del PSOE de Cartes: amenaza con cortar el agua y la luz a cuatro menas derivados a su pueblo

Mira de reojo a un grupo de vecinos que se arremolina en torno a él. No están contentos. Hace una semana supieron que uno de los edificios de su casco histórico albergaría un centro de menas. A Lorena Cueto, alcaldesa socialista, no le avisaron; ellos, sus ciudadanos, se enteraron por la prensa.

No entienden por qué el casco histórico de su municipio, declarado de Especial Protección, debía albergar en sus calles un edificio de acogida para inmigrantes.

Fachada de la casona reconvertida en centro de menores no acompañados.

"¡En España hay mucha gente que se muere de hambre y nadie les hace ni puto caso!" exclama, de pronto, una cartiega. "¡Eso, sinvergüenzas!", jalea otro hombre animado por el bramido.

Tresgallo trata de rebajar la tensión como puede: "Señora, mire, esto es una cuestión de derechos humanos...", pero apenas termina la frase cuando una mujer con la cara roja de la rabia le ha cogido por el brazo y le dice que su hijo va al colegio Los Torreones, que está a menos de dos minutos de los recién llegados, y que tiene "miedo" de lo que pueda pasar.

"Primero, mi casa. Después, la del vecino. ¡Largo de aquí!", insiste la primera mujer en medio de la algarabía. Otra pide que cese el alboroto y exclama: "¡Vale ya! No hay que despersonalizar a los niños por su color de piel, vengan de donde vengan. Ellos también tienen problemas".

Ajeno a los lances dialécticos de la berlanguiana escena, un anciano se resigna y masculla en voz baja: "La culpa de esto la tiene la política".

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De forma paralela, a poco menos de 200 metros, en el Ayuntamiento de este pueblo de poco más de 5.800 habitantes, la alcaldesa y su equipo están recluidos en una sala.

Es un búnker inexpugnable al que la prensa no está invitada. "Siguen reunidos", insisten varias veces las secretarias. Dentro, Lorena Cueto calibra cómo salir de una situación crítica que ya ha llegado demasiado lejos, hasta el punto de deteriorar la convivencia de este apacible municipio cántabro. Hasta la oposición ha pedido su dimisión.

El edificio de la discordia

Todo comenzó hace una semana, cuando la alcaldesa recibió la comunicación de que un centro de menores no acompañados administrado por la Fundación Cuín que dirige Tresgallo iba a colocar en un edificio de Cartes a un grupo de 18 menores migrantes procedentes de Canarias.

La decisión ya estaba tomada, pero nadie la había consultado. "Vinimos en enero, después de Reyes, para ver la casa. Nosotros no tenemos el deber de informar a nadie", explica Tresgallo en conversación con EL ESPAÑOL. "En cualquier caso, la semana pasada lo hicimos por cortesía".

El director de la Fundación ha conseguido apaciguar a los vecinos y se ha refugiado en un bar aledaño al ayuntamiento para tomar un café.

"Quien lo ha autorizado ha sido el centro es el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que tiene una Subdirección de Infancia de la Consejería de Bienestar Social". El ICASS depende, a su vez, de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, gobernado por el PP.

Los colchones en los que vivirán los menores no acompañados.

Es decir, que fue el gobierno autonómico, presidido por María José Sáenz de Buruaga, el que decidió colocar el centro ahí sin avisar a la alcaldesa. Al menos es lo que denuncian desde el ayuntamiento, que no entienden cómo no se contó con ellos. "Fue una decisión unilateral", denuncia la alcaldesa socialista.

"Nosotros creemos que viene por lo que pasó con Agustín Molleda y Buruaga. Lo de la plaza del ayuntamiento", asegura una vecina que prefiere mantener el anonimato. Se refiere a la disputa que el secretario de Organización del PSC-PSOE y exalcalde de Cartes tuvo con la presidenta de Cantabria.

Esta última tachó a Molleda de "corrupto de libro" por haber obtenido una plaza fija en el ayuntamiento que él mismo convocó. "Nosotros creemos que la enemistad entre Cartes y el gobierno autonómico viene de ahí, y que no haber dicho nada a la alcaldesa es una especie de venganza".

La respuesta de Lorena Cueto no se hizo esperar: "Agradecemos profundamente a la fundación su buena disposición para darnos a conocer todos los detalles que el Gobierno del PP o su representación en nuestro Ayuntamiento nos deberían haber hecho llegar mucho antes y que jamás han hecho. Tampoco ahora. Buruaga jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes [...] Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno".

Amenazas de cortar el agua

"Castigo". La palabra fue lo suficientemente dura para trascender el mensaje y acaparar titulares. "¿Por qué se considera un "castigo" tener un centro de migrantes?", se preguntaron desde el PSOE regional y aún más a la izquierda del PSOE. En vez de dar explicaciones, Cueto se enrocó.

De hecho, ella y su equipo retorcieron el discurso y dijeron que no estaban en contra del centro de menores, sino contra las características del centro, el cual no cumplía, según ellos, "con los requisitos mínimos".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, para evitar que el proyecto saliese adelante, la alcaldía emitió una resolución en la que, amparándose en los artículos 260 y 261 de la Ley 5/2022 del 15 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, amenazaba a la Fundación Cuín y al Gobierno de Cantabria con "iniciar los trámites para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística".

En uno de los apartados, Cueto ordenaba al "Instituto Cántabro de Servicios Sociales y a la Fundación Cuín a la paralización inmediata de la actividad de residencia de acogida de emergencia destinada al alojamiento de niños, niñas y adolescentes".

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También advirtió de que "en caso de no paralizar la actividad, el ayuntamiento podría precintar las instalaciones, retirar materiales a costa del interesado" y hasta "ordenar a las empresas de servicios energéticos la suspensión del suministro", así como "poner multas reiteradas en periodos de tres meses hasta un máximo de diez".

Tresgallo asegura que nada de eso tiene sentido porque el espacio cumple "rigurosamente la ley". Recuerda incluso que el procedimiento legal se ampara "en un recurso de emergencia, y por ello hay determinadas cuestiones que no son las mismas para el resto de hogares. El ayuntamiento está tratando de aplicar una normativa urbanística para un recurso que no es de concurrencia pública".

Es más, el propio líder del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, salió en defensa del centro de menores y desautorizó a la alcaldesa, argumentando que "se equivocó" y "se precipitó" en sus decisiones. Hasta pidió "perdón en nombre de otros" y solicitó "reducir la tensión".

Minutos después, la propia Cueto pidió "perdón por todo". "Nuestra máxima prioridad es su bienestar y protección, para que encuentren en nuestro pueblo las oportunidades de vida que se merecen". Sin embargo, la resolución seguía en marcha, lo que llevó al Gobierno de Cantabria a presentar un recurso contencioso administrativo.

La Justicia estimó la petición y suspendió cautelarmente el intento del ayuntamiento de Cartes de cortar la luz y el agua a los menores. La adopción de esta medida cautelar mantiene la situación jurídica del centro "durante el corto y breve periodo de alegaciones que se concederá a la parte demandada y hasta su resolución", concluyó el auto.

En una nota de prensa, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, subrayó que esta resolución judicial ponía "en el centro el interés superior del menor, que debe prevalecer siempre sobre cualquier otra consideración urbanística".

Por su parte, el diputado y portavoz de Inclusión Social del PP, Alejandro Liz, aseguró que la actitud del PSOE destila "cinismo y demagogia" y que sus explicaciones "sólo responden a una estrategia por las presiones internas de su partido".

Emi Peón, portavoz del PRC en Cartes, criticó que la situación "ha traspasado todos los límites tolerables" y ha pedido la dimisión de Cueto por su gestión "caótica y crispada".

Lorena Cueto, alcaldesa socialista de Cartes.

El centro de menores

El centro fue adquirido por el Gobierno de Cantabria hace meses. Se trata de un edificio reformado situado en el casco histórico de Cartes, concretamente en la confluencia de las calles Cantón y Camino Real, frente a una taberna llamada Corocotta.

Es una casona de dos plantas con un ático, cinco habitaciones y tres baños, además de un jardín con porche y una cocina grande. En su puerta hay una gigantesca cámara de seguridad. El domicilio tiene capacidad para albergar a 18 menores, aunque alrededor de 22 personas trabajarán en tres turnos que cubren las 24 horas del día para integrar a los menores.

En su interior ya hay cuatro adolescentes llegados de Canarias. De hecho, el miércoles por la mañana dos operarios extrajeron de una furgoneta blanca varios catres que introdujeron en el domicilio. En cada habitación hay dos literas, cuatro colchones en total por cada una.

"El centro estará operativo 24 horas y 365 días al año", asegura Tresgallo. "Por la mañana está el director, el responsable del hogar, dos técnicos en integración social y un mediador intercultural; por la tarde se incorpora un educador y, a la noche, un auxiliar educativo con un técnico superior de integración social. Hay, además, dos personas de cocina y mantenimiento. Cinco personas por turno, más o menos".

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El horario de los menores será "como el de cualquier persona". Darán clases de alfabetización, de idiomas y cursos de formación. "Tendrán un proyecto educativo individualizado y un educador hablará con ellos para ver qué aspiraciones tienen: si quieren quedarse en Cantabria, ir a Francia u otro lugar. Después hay una persona que hará un itinerario de integración sociolaboral. Tienen todas las necesidades cubiertas".

Los menores no saldrán del centro salvo para 'escapadas' esporádicas, como visitas de ocio o ir al cine. "No es un régimen de reclusión, sino de supervisión".

Pese a que Tresgallo, cuya fundación gestiona otros ocho centros, asegura que "el nivel de conflictividad" de los menores "no supera al de la población general" y que su tasa de ocupación es de "9 de cada 10 chavales", muchos de los vecinos de Cartes ven en el centro de menas un peligro para la convivencia.

"Nosotros no estamos en contra de ayudar a la gente. Lo que no entiendo es por qué lo colocan aquí, en pleno centro. ¿No sería mejor a las afueras? ¿O en una ciudad más grande, como Santander?", se pregunta un cartiego. Otra de sus vecinas ejemplifica esa división: "Debemos ser solidarios. Yo estoy encantada de que vengan. Si podemos ayudarlos... ¿por qué no íbamos a hacerlo?".