Cuba dificulta la extradición de Martiño Ramos, el violador de En Marea a la fuga, y Exteriores se limita a decir que la tramitó

Dos meses después de su detención en una cárcel de La Habana, la extradición a España de Martiño Ramos Soto sigue en punto muerto. El exprofesor gallego, condenado a trece años y medio de prisión por abusos sexuales continuados a una menor a la que conoció cuando tenía 12 años, permanece bajo custodia en Cuba sin fecha de entrega ni información pública sobre el estado real del proceso.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que las autoridades cubanas están poniendo obstáculos a la tramitación de la entrega. No se trata sólo de la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre España y Cuba —un hecho que ya complica cualquier calendario—, sino de requerimientos adicionales, dilaciones en la interlocución y un uso restrictivo de los márgenes de discrecionalidad del país requerido.

En paralelo, el Gobierno español evita concretar qué está ocurriendo exactamente: Exteriores se ha limitado a responder que la solicitud "se ha tramitado por los canales oficiales", sin aportar plazos, estado del expediente ni gestiones en curso, según ha podido saber este periódico.

Martiño Ramos Soto cambió de aspecto, se presentaba como "Martín" y consiguió en poco tiempo ser uno más en el círculo artístico cubano. En la imagen asiste a la presentación de una fotogalería en La Habana. El Español.

"No sabemos nada. No nos dicen si se ha acordado la repatriación, si hay avances o en qué punto está el proceso", resume el abogado de la víctima. Dos meses después del arresto, la información que llega a la parte perjudicada es la misma: ninguna. La única certeza es que el condenado está localizado y bajo custodia.

Todo lo demás —fechas, condiciones, voluntad real de cooperación— sigue en una zona gris diplomática.

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La fuga que el sistema permitió

Ramos se marchó de España pocos días antes de que el Tribunal Supremo hiciera firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense. Nadie pidió su ingreso en prisión provisional tras la condena en primera instancia. Esa ventana de libertad facilitó la fuga de un condenado por delitos sexuales graves.

La secuencia posterior —paso por varios países, asentamiento en Cuba, construcción de una identidad pública como fotógrafo y su integración en círculos culturales de La Habana— expuso varias fallas.

La más grave, la fragilidad del control sobre penados no firmes y la debilidad de los mecanismos de retorno cuando el prófugo se refugia en un país sin tratado de extradición.

Lejos de esconderse, y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Ramos llegó a exhibir una vida normalizada en redes sociales bajo un alias. Alquiló vivienda, frecuentó ambientes culturales y, según fuentes policiales, intentó regularizar su situación mediante un matrimonio de conveniencia, lo que terminó precipitando su arresto el 21 de noviembre.

Desde entonces, el caso quedó atrapado en un procedimiento que depende de la cooperación política y judicial entre dos Estados con marcos distintos.

Obstáculos en La Habana

Fuentes de la investigación sostienen que Cuba está imponiendo exigencias formales adicionales y alargando los tiempos de respuesta. No hay confirmación oficial de un "no" a la entrega, pero sí una sucesión de trámites que, en la práctica, bloquean cualquier horizonte temporal.

En estos procesos sin tratado, el país requerido puede exigir garantías, revisar el encaje del delito en su propio ordenamiento (doble incriminación), valorar la proporcionalidad de la pena y condicionar la entrega a compromisos específicos. Todo ello, aun siendo legal, abre la puerta a demoras indefinidas.

Algo que colisiona de lleno con las primeras informaciones que llegaban desde la isla, que mencionaban la predisposición del Gobierno cubano a cooperar con las autoridades españolas.

Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de prisión por abusar sexualmente de manera continuada de una alumna suya, durante una fiesta en una popular terraza de La Habana hace unos meses. El Español.

Tras las preguntas parlamentarias registradas por senadores del PP de Ourense —que reclamaban saber qué gestiones diplomáticas se estaban realizando y si existían dificultades con Cuba—, la respuesta oficial se limitó a una fórmula administrativa: la solicitud se ha tramitado "por los canales oficiales".

Ese silencio institucional contrasta con la gravedad del caso: un condenado por abusos sexuales a una menor, con prácticas de carácter sádico, que huyó para eludir el ingreso en prisión y cuya ejecución de condena depende ahora de una negociación diplomática de la que nadie rinde cuentas públicas.

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El laberinto legal

La complejidad jurídica del caso es real. España y Cuba no tienen tratado de extradición, lo que obliga a articular la entrega por la vía de la cooperación ad hoc. En la práctica, eso implica que la extradición no es automática ni reglada por plazos cerrados.

Cuando no existe tratado bilateral, la entrega de un condenado depende de la cooperación caso a caso. El Estado requerido puede revisar la doble incriminación, exigir garantías adicionales y valorar discrecionalmente la procedencia de la entrega. Esto no implica necesariamente una negativa, pero sí permite dilatar los plazos y condicionar el proceso a trámites que no tienen calendario público.

Aunque los delitos sexuales contra menores encajan como ilícitos graves en ambos sistemas, la discrecionalidad del Estado requerido permite ralentizar el procedimiento. Ese margen, unido a la falta de transparencia del Gobierno español sobre el estado de las gestiones, alimenta la percepción de bloqueo.

Martiño Ramos Soto, condenado en firme por haber violado durante varios años a una menor a la que le impartía clase. Diseño: Arte EE.

La espera de la víctima

Para la víctima, el tiempo corre de otra manera. La sentencia es firme, el daño está acreditado y el ingreso en prisión del condenado sigue pendiente por una cadena de decisiones —o indecisiones— institucionales. "Nos tranquiliza que esté bajo custodia; antes de su arresto cabía la posibilidad de que desapareciera", admite su abogado. "Pero no es razonable que dos meses después nadie nos sepa decir en qué punto está la repatriación".

El caso de Martiño Ramos se ha convertido en un espejo incómodo: un sistema que permitió la fuga, una cooperación internacional sin calendario y un Gobierno que no explica. Mientras Cuba, según fuentes de la investigación, pone obstáculos formales que ralentizan la entrega, en Madrid se impone el silencio. Y la condena firme, la parte más elemental de la justicia, sigue sin ejecutarse.