Las 84 entidades de la Iglesia que impulsan la regularización de inmigrantes junto a Sortu y el PCE: "Esto es Evangelio"

Tras este éxito hay más de 900 entidades de distintas naturalezas implicadas quelograron reunir 715.197 firmas. Los promotores de esta medida, que el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha en un Real Decreto, son Regularización Ya, Por un mundo más justo, Por Causa, Alianza por la Solidaridad y REDES.

Xabier Parra es uno de los representantes de esta organización que engloba, a su vez, a 55 asociaciones vinculadas a la Iglesia católica.

Xabier Parra, representante de REDES y director de director del Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE). Cedida

Atiende a EL ESPAÑOL para poner en valor que esta medida "en términos cristianos, es Evangelio más que cualquier cosa: mirar a las personas que están en una situación crítica y velar por su dignidad. Esa es una labor de la Iglesia de siempre".

La regularización, que se ha confirmado después de que Podemos alcanzase un acuerdo con el Gobierno, busca beneficiar a medio millón de personas. Podrán acceder a ella todos los que acrediten cinco meses de estancia en España, hasta el 31 de diciembre de 2025.

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Se trata de una medida que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que emitió un comunicado celebrando el anuncio del Gobierno informando sobre su puesta en marcha.

Pero lo que más sorprende es que entre las organizaciones que han colaborado con la difusión y recogida de firmas se encuentran partidos políticos de un corte ideológico muy a la izquierda del PSOE.

Izquierda Unida, Sortu Bilbo, el Partido Comunista, Esquerra Republicana, Podemos o Más Madrid se encuentran en este listado, en el que también hay algunas formaciones de carácter municipalista y provincial.

El apoyo de estos partidos a la ILP, las controversias que genera el debate sobre la inmigración y el contexto previo del apoyo de la CEE al proyecto de resignificación del Valle de los Caídos [aunque después matizaron que no fueron promotores de este] han creado un caldo de cultivo que ha llevado a que los sectores más conservadores de la Iglesia y los fieles a criticar duramente esta medida.

Y eso que hay al menos 84 entidades de carácter eminentemente católico. El resto son organizaciones de distintos ámbitos, entre las que incluso se encuentra la Comisión Islámica de Melilla. Aunque la mayoría de ellas son asociaciones dedicadas al desarrollo social.

Críticas de los fieles

El anuncio que publicó en redes sociales el arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello, celebrando la decisión del Gobierno ha despertado una marea de comentarios críticos que achacan su perspectiva a fines políticos.

Muchos de esos comentarios provienen de personas y entidades fieles a la propia Iglesia Católica, como la cuenta de Universitarios Católicos: "A un lado, los fieles católicos españoles. En frente, la Conferencia Episcopal, junto a socialistas y amigos de la Agenda 2030. ¡Qué pena!".

Entre esos mensajes se encuentran reproches a la CEE "venderse por subvenciones". Sin embargo, desde la propia Conferencia Episcopal, al pedir este diario una valoración de las críticas, se remiten al comunicado antes citado, donde se reza: "Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social".

"Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión".

El representante de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Xabier Parra, se pronuncia en esta misma línea.

PREGUNTA.– Los sectores más críticos dicen que estas organizaciones eclesiásticas dependen de las subvenciones del Estado y por eso han impulsado esta medida, la cual va en la línea de la política migratoria del Gobierno y sus socios. ¿Cómo valora estos comentarios?

RESPUESTA.– Creo que es falso en muchísimos ámbitos. En primer lugar, las entidades colaboradoras con la Administración pública no reciben subvenciones, sino que prestan servicios que son sufragados por los fondos públicos. Igual, por ejemplo, que una empresa que construye una carretera.

Yo soy representante de REDES, pero también director de la obra social de una congregación religiosa. En ella trabajamos con inmigrantes y no recibimos ni un solo euro. Pagamos estos proyectos siempre con fondos propios, privados y en ocasiones muy puntuales con alguna financiación pública.

De hecho, uno de los argumentos que hemos establecido siempre es que este proceso de regularización va a permitir que los migrantes no dependan de entidades sociales, sino de la asistencia pública.

Desde 2021 defendemos que cada migrante regularizado es, en primer lugar, un acto de dignidad para esa persona, y en segundo lugar un beneficio económico para la sociedad porque pasa de ser alguien dependiente a poder trabajar y aportar al conjunto del país.

P.– ¿Por qué motivo cree que están motivadas estas numerosas críticas a pesar de que se trata de una medida que va en la línea de la propia Conferencia Episcopal?

R.– Por muchas razones, seguro. Lo que opinamos en la Iglesia es que esto no se debe entender desde el marco comprensivo de la izquierda frente a la derecha, porque este proyecto ha sido apoyado por gente de ambos planos ideológicos.

Además, nuestro compromiso como Iglesia, entendiéndose que en nuestro seno existen multitud de sensibilidades, ha sido el dialogar con todos los partidos. Y tengo que decir que hemos estado muy cerca de conseguir acuerdos entre muchos de ellos.

Lo que defiendo es que si hubiera gobernado la derecha, habríamos acabado en el mismo puerto. Las entidades que hemos impulsado la ILP somos de todo el espectro político.