El blindado y parte de las armas incautadas durante la operación.
Un blindado con ametralladora y un taller de armas de guerra: así operaba la red del "mayor fraude de IVA" de la historia
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelan una organización que defraudó casi 300 millones y escondía en una vivienda de Ávila 44 armas, munición de guerra y un vehículo bélico preparado para el combate.
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La investigación arrancó por el dinero, pero terminó sacando a la luz un arsenal. Una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA en el sector de los hidrocarburos —uno de los mayores detectados hasta la fecha en España— ocultaba en una vivienda de Ávila un taller clandestino de armas de fuego, munición de guerra y un vehículo blindado de uso bélico, como el utilizado por el Ejército de Tierra y fabricado por Santa Bárbara, con un cañón ametrallador de gran calibre instalado en el techo.
La operación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se ha saldado con ocho detenidos y diez personas investigadas, acusadas de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. El fraude detectado asciende, por ahora, a cerca de 300 millones de euros entre 2023 y 2024.
En los nueve registros practicados —siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital— los agentes intervinieron más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros y activos financieros por encima de los 14 millones.
Fraude Hidrocarburos
Además, se bloquearon cuentas bancarias con más de 12,5 millones de euros, se inmovilizaron más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles valorados en más de cinco millones. Pero fue uno de los registros, en una vivienda de Ávila, el que cambió la dimensión del caso.
Un arsenal oculto
En ese domicilio, los investigadores localizaron lo que definen como un auténtico "taller clandestino" de armas de fuego. Allí se intervinieron 44 armas, algunas de ellas modificadas, con el número de serie borrado y equipadas con silenciadores. Junto a ellas, munición de guerra y un vehículo blindado de carácter bélico, preparado con un cañón ametrallador de gran calibre instalado en la parte superior.
Fuentes policiales subrayan que no se trata de un hallazgo habitual en investigaciones por fraude fiscal. El nivel de armamento, el estado operativo del vehículo y la modificación de las armas apuntan a una capacidad de violencia muy superior a la que suele encontrarse en redes de delincuencia económica; lo que refuerza la calificación de organización criminal.
Uno de los líderes del entramado está directamente investigado por tenencia ilícita de armas, además de los delitos económicos.
Parte del arsenal decomisado durante la operación.
Gasolina por debajo del coste real
La investigación comenzó a principios de 2023, cuando agentes de la UDEF Central detectaron grandes movimientos económicos sospechosos vinculados a empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos.
Las primeras comprobaciones revelaron que dos operadoras petrolíferas estaban incumpliendo de forma sistemática sus obligaciones fiscales, especialmente el impago del IVA.
Tras analizar la operativa, los investigadores concluyeron que detrás de ambas empresas se escondía una misma organización criminal, capaz de colocar grandes volúmenes de gasolina y gasóleo a precios anormalmente bajos. Tan bajos que, en algunos casos, llegaban a vender por debajo del precio de adquisición.
La clave estaba en el fraude fiscal. Al no ingresar en la Agencia Tributaria el IVA repercutido, la red obtenía un margen artificial que le permitía ofrecer carburante a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios imposibles para cualquier operador que cumpliera la ley.
A este fraude se sumaba otro incumplimiento: la normativa sobre biocarburantes. La organización eludía el pago compensatorio obligatorio por no utilizar biocombustible, lo que supuso un impago adicional cercano a los 40 millones de euros.
En el centro de este entramado figura Biomar Oil S.L., una de las operadoras petrolíferas señaladas como pieza clave de la organización desarticulada. La compañía, dedicada al comercio mayorista de hidrocarburos, ya figuraba entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda acumulada que supera los 119 millones de euros, y había sido intervenida judicialmente y puesta en concurso de acreedores desde julio de 2024.
Además, fue inhabilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica para operar como distribuidora por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de biocarburantes y combustibles renovables, uno de los mecanismos que la investigación señala como repetidamente ignorado por la red para maximizar márgenes ilícitos.
Fuentes policiales y judiciales sitúan a Biomar, junto con la también implicada BioZenite, como uno de los ejes operativos de la trama. La estructura empresarial detrás de estas mercantiles habría utilizado a Biomar para canalizar el comercio de carburantes sin ingresar el IVA repercutido y el pago compensatorio por biocarburantes, creando así un margen artificial que les permitía vender producto a precios inferiores a los del mercado legal y capturar clientes intermediarios.
Según la investigación de la UDEF y la Audiencia Nacional, esta empresa no solo facilitó el fraude masivo de cerca de 300 millones de euros, sino que formó parte de un esquema más amplio de sociedades superpuestas, testaferros y vehículos societarios que prolongaron la actividad ilícita hasta su detección
![Algunos de los rifles y munición incautados por Guardia Civil en la operación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/12\/13\/espana\/908419805_251662353_320x180.png"])
Depósitos propios
La red contaba además con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, una infraestructura poco común en el sector, donde lo habitual es subcontratar este servicio. Ese control directo del producto reforzaba su autonomía y su capacidad para operar de forma sostenida.
Los beneficios obtenidos con el primer operador petrolífero permitieron a la organización crear un segundo y, posteriormente, intentar poner en marcha un tercero. Este último fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF), lo que impidió que siguiera operando y limitó el daño económico.
La estructura del grupo era jerárquica. En la cúspide, dos socios líderes. Por debajo, responsables financieros que controlaban las cuentas y la contabilidad. En el escalón inferior, trabajadores, muchos de ellos ajenos al fraude.
El vehículo blindado armado, similar a los utilizados por el Ejército de Tierra, intervenido durante la operación.
Testaferros millonarios
Fuera de la estructura formal, pero clave para el funcionamiento del fraude, estaban los testaferros. Personas seleccionadas para figurar como responsables fiscales de las operadoras petrolíferas y asumir, sobre el papel, las deudas con Hacienda. Uno de ellos llegó a percibir alrededor de dos millones de euros por prestar su identidad.
Cuando los investigadores lograron identificar a todos los integrantes del entramado, se activó el dispositivo policial que culminó el pasado 2 de diciembre con los registros simultáneos y las detenciones. La Policía Nacional considera que esta operación marca un punto de inflexión en la lucha contra el fraude en el sector de los hidrocarburos.
No sólo por la cifra defraudada —casi 300 millones de euros en apenas dos años— sino por la combinación de delincuencia económica, blanqueo masivo y un nivel de armamento más propio de organizaciones criminales violentas que de tramas fiscales.
El hallazgo del taller clandestino y del vehículo blindado armado introduce una dimensión nueva. La de una red que no solo defraudaba al Estado, sino que estaba preparada para proteger sus intereses con medios de guerra.
