Una de las viviendas situadas en el pasaje de San Juan de la Cruz

Una de las viviendas situadas en el pasaje de San Juan de la Cruz Iván Villarejo

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En el barrio okupa de Alicante con 16.868 € de renta media: "Tuve que pagar 1.000 € para que no me mataran"

Con rentas que figuran entre las más bajas del país, Juan XXIII (Alicante) se convierte en uno de los focos con mayor concentración de pisos okupados.

Más información: Vecinos del barrio más pobre de Alicante, sobre su situación: "Mira que móviles llevan, a costa de Pedro Sánchez"

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En España existen profundas desigualdades territoriales. Mientras algunas zonas prosperan, otras siguen atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad donde la pobreza y la falta de oportunidades se relacionan con la okupación, la inseguridad y la degradación urbana.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria confirman que los barrios con menor renta media del país se encuentran, en gran medida, en Andalucía, la Comunidad Valenciana y municipios como Alicante o Elche.

Torreblanca, en Sevilla, encabeza la lista con una renta bruta anual de apenas 11.354 euros, situándose como el barrio más pobre de España.

Le siguen otras zonas deprimidas como Nou Alacant, en Alicante, que registra 16.868 euros de renta media. A escasos minutos de allí se encuentra Juan XXIII, uno de los enclaves más golpeados por la exclusión social y señalado por los cuerpos policiales como una de las áreas más conflictivas de la ciudad.

La zona conocida como 'la cuesta' ha estado recientemente en el foco informativo por un suceso estremecedor: una mujer estuvo secuestrada una semana, durante la cual fue violada y torturada en el interior de una vivienda del barrio. Una tragedia que ha reactivado el debate sobre la seguridad en el distrito del código postal 03015.

En Juan XXIII, la okupación forma parte del paisaje cotidiano. La mayoría de los bloques degradados pertenecen a bancos y llevan años sin uso, lo que dificulta saber cuántas personas residen realmente en ellos. Desde el Ayuntamiento de Alicante confirman que no tienen datos oficiales sobre okupación.

El presidente de la asociación de vecinos, Adolfo Manuel Durán.

El presidente de la asociación de vecinos, Adolfo Manuel Durán. Iván Villarejo

También desconoce la cifra la asociación de vecinos de Juan XXIII. Sin embargo, una aproximación puede hacerse a través del portal Idealista: en Alicante aparecen 98 viviendas en venta marcadas como 'ocupadas ilegalmente', de las cuales 34 están en Juan XXIII, con precios que comienzan en 15.000 euros.

Un agente inmobiliario confirma a este diario que recibe "varias llamadas al día interesándose por estos pisos", aunque el interés desaparece en cuanto se explica la situación del barrio.

Por su parte, Antonio Plana, jefe de la empresa de desocupación APD Security Iberia, afirma que "muchos de ellos ni siquiera viven en la zona, tienen segundas residencias y esas las utilizan para vender marihuana, cocaína y heroína, con habitaciones preparadas para fumadores".

Un barrio en declive

Con más de 8.000 habitantes y un crecimiento poblacional constante durante la última década, Juan XXIII forma parte de la Zona Norte de Alicante, limítrofe con Virgen del Remedio. El barrio nació en los años 70 para acoger a familias procedentes de Castilla-La Mancha y Andalucía que llegaban atraídas por el empleo industrial. Pero su realidad actual es muy distinta.

EL ESPAÑOL se ha desplazado al barrio para conocer de primera mano la situación. Allí se encuentran el presidente de la asociación de vecinos, Adolfo Manuel Durán, y la vicepresidenta, Laura Moreno, quienes describen la realidad cotidiana de Juan XXIII con preocupación y resignación.

Uno de los bloques con pisos okupados en el barrio Juan XXIII de Alicante.

Uno de los bloques con pisos okupados en el barrio Juan XXIII de Alicante. Iván Villarejo

Para ellos, la pobreza es el origen de casi todos los problemas que arrastra el vecindario. "La situación económica precaria del barrio es la que se traslada a los problemas que experimentamos", explica Durán, que insiste en que la falta de políticas públicas de vivienda está directamente vinculada al aumento de la okupación.

"No se justifica que cualquier persona pueda entrar en la propiedad de otra o de bancos, pero la solución pasa por cubrir las necesidades de vivienda, es decir, construir más vivienda social", añade.

Según el presidente de la asociación, en la provincia existen más de 5.000 solicitudes de vivienda social sin cubrir y el coste actual del alquiler o la compra supone cerca del 40% de los ingresos familiares, una cifra "inasumible para muchas familias, sobre todo en nuestro barrio".

Laura Moreno coincide en que las raíces del problema están en la falta de oportunidades y recuerda que la crisis inmobiliaria dejó cientos de pisos en manos de los bancos.

Vecinos del barrio en 'la cuesta'.

Vecinos del barrio en 'la cuesta'. Iván Villarejo

"La crisis inmobiliaria hizo que los bancos se quedaran con muchas viviendas y, al verlas vacías, personas necesitadas las ocupan", explica

A pesar de ello, Durán defiende que la convivencia, en líneas generales, es buena: "Tenemos muy buena convivencia con todo tipo de personas". No obstante, reconoce que la situación se complica cuando algunos ocupantes no pagan la comunidad o acumulan basura, lo que genera focos de insalubridad y tensiones en los bloques.

La inseguridad es otro de los grandes temores que atenaza a los vecinos, especialmente tras el reciente secuestro de una joven en el barrio, un suceso que ha marcado profundamente a los residentes. "La noticia nos duele muchísimo", confiesa Moreno, quien además reside en una calle cercana a donde sucedieron los hechos.

Reconocen también que el silencio de los vecinos es habitual por miedo y que, según la información que han conocido, en la vivienda donde se produjo el secuestro "ponían la música muy alta para que los vecinos no escucharan los gritos". Insisten en que nadie del barrio sabía lo que ocurría en esa casa.

En relación con el tráfico de drogas, Durán asegura que los datos oficiales no reflejan por completo la realidad, en parte por la falta de denuncias. "Aquí dicen que hay cuatro, cinco, diez puntos de droga. Seguro que los habrá, pero los desconocemos", comenta, atribuyendo el silencio de los residentes al temor a posibles represalias.

De barrio humilde a abandonado

Tanto Durán como Laura recuerdan que Juan XXIII nació como un barrio obrero, habitado por familias humildes que llegaban desde otras regiones de España. "Aquí hemos sido muy felices todos. Teníamos hoguera, barracas, teníamos todo".

Sin embargo, la marcha de muchos vecinos hacia zonas más prósperas impulsó el deterioro progresivo del barrio. "Los que más daño nos han hecho han sido los que se fueron de aquí", lamenta Moreno.

Laura Moreno, vicepresidenta, y Adolfo Manuel Durán, presidente de la asociación.

Laura Moreno, vicepresidenta, y Adolfo Manuel Durán, presidente de la asociación. Iván Villarejo

Ambos resumen la fractura social que viven: "Esos 1.000 dan un follón que nos anulan a los 7.000". La decadencia también es visible en el comercio: de los 64 establecimientos que existían en los años 80, hoy sobreviven menos de 10. "Pocos regentados por españoles", comentan.

Los representantes vecinales consideran que el barrio está abandonado por las administraciones.

Denuncian la falta de limpieza, la ausencia de inversiones y la escasa presencia policial, y reclaman un plan de choque urgente que abarque desde la apertura de la biblioteca hasta el arreglo de las aceras, la implantación de una policía de proximidad y un plan social integral que trabaje con las familias, en la escuela y en la comunidad.

Pese a todo, Moreno insiste en que el barrio tiene aún un gran potencial. "Juan XXIII es un barrio muy bueno", asegura. Durán coincide, aunque lamenta el estado actual del entorno: "El barrio es precioso, está maltratado por culpa de vecinos, propietarios y administración".

La vida en la calle

En sus calles el silencio es la norma, nadie quiere hablar demasiado y rehúyen las cámaras. En 'la cuesta' quedan dos bares abiertos, un kebab y alguna que otra tienda pequeña con refrescos y bebidas alcohólicas.

Los pocos negocios de españoles que quedan son de vecinos del barrio respetados y con contactos, los que les protege de robos y entradas.

"Así a ojo, te diría que el 60 % de las casas están okupadas. El problema es de la Policía y el Ayuntamiento que nos han abandonado. ¿Si la gente no tiene para comer qué va a hacer?", explica un vecino que no quiere dar su nombre.

"Solo se habla del barrio cuando pasa algo malo, sino nadie se acuerda de los problemas", lamenta.

Gallinas sueltas a sus anchas por el barrio.

Gallinas sueltas a sus anchas por el barrio. Iván Villarejo

Más allá de la cuesta, la arteria que vertebra el barrio, punto de encuentro y donde se encuentran los pocos negocios que aún no han bajado las persianas, se abren caminos que conectan con bloques de pisos que son en su mayoría propiedad de bancos pero que han sido controlados por distintas familias.

En el interior del barrio se unen bloques en "una gran zona conflictiva donde hay bandas muy peligrosas de Argelia o los Latin Kings", explicó un agente de Policía a este diario.

En estas viviendas se vive más fuera que dentro. En el caso de los pisos donde habitan personas de etnia gitana, la última palabra la tiene el patrón.

"Nosotros queremos hablar, pero tenéis que preguntarle al patrón. Necesitamos ayuda porque los jóvenes queremos trabajar y emprender", comenta uno de los chicos sentados en la entrada de un bloque entre un corro de sillas de plástico antes de que un familiar comience a chillar y amenazar al advertir la presencia de cámaras. "Fuera de aquí, que os vayáis", grita enfurecido .

"Os van a matar, cómo vais por aquí", advierte una vecina del pasaje de San Juan de la Cruz. "Aquí no matan a nadie, yo te veo muy viva", responde el presidente de la asociación. "Pues tuve que pagar 1.000 euros hace años para que no me mataran", le contesta la mujer, que, pese a todo, sostiene que "se vive bien".

La seguridad, una prioridad

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que la seguridad y la mejora de los barrios de la Zona Norte, incluida Juan XXIII, son prioridades. Para ello, han aprobado la reforma de la comisaría de la Policía Local en la calle Barítono Paco Latorre, por un valor de 450.000 euros.

Además, se han destinado recursos a la reparación de pistas deportivas, la reforma de los antiguos cines Aba 6 como espacio cultural y programas de inclusión laboral como Activa Nord, que este año ha certificado a 25 personas y logrado la inserción laboral de 11 de ellas.

El Ayuntamiento también trabaja en la segunda fase del Plan Integral de Barrios Vulnerables de la Zona Norte, que incluye proyectos de mejora de infraestructuras, espacios públicos y centros municipales en Juan XXIII, Virgen del Remedio, Nou Alacant y otras zonas. Entre las actuaciones destacan la renovación de parques y plazas, la ampliación del Centro de Empleo y Formación ‘El Tossalet’ y la rehabilitación de viviendas.