La paradoja de Baleares: 'expulsa' a médicos al no hablar catalán y contrata latinos al faltar personal

“Mis condiciones profesionales en Baleares eran mejores, pero nunca me plantearía volver mientras sigan exigiendo el catalán”. Hace tres años, Sofía (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato) y su pareja, ambos médicos, decidieron abandonar las islas cuando el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol comenzó a exigir el catalán como requisito para obtener una plaza en la sanidad de las Islas. “En Baleares tenía más recursos y más tiempo por paciente, pero no me arrepiento de haberme marchado. Sigo pensando rotundamente que se equivocan y que con esta imposición harán que Baleares no sea atractiva para ejercer la medicina”.

Como ella, varios profesionales sanitarios regresaron a la Península cuando la exigencia del catalán se plasmó por decreto en marzo de 2018. “Aquí la vida transcurre sin tensión extra en el ambiente, que con la que tenemos en el trabajo es suficiente”, reconoce otro médico especialista desde su Asturias natal. La pandemia ha paralizado el éxodo de profesionales pero también ha acrecentado los problemas de Baleares para contratar médicos y enfermeros. Como cada vez llegan menos desde la Península, hay que recurrir a extranjeros que, en algunos casos, no tienen el título homologado. Y para colmo, el catalanismo de las Islas se ha movilizado esta semana para exigir más presencia del catalán en la sanidad. La presión ha sido tal que el Govern ha decidido expedientar a cualquier sanitario que reciba una denuncia por motivos lingüísticos. En la empapada sanidad balear, nunca deja de llover.

Todo arrancó el pasado 30 de agosto cuando el periodista Bartomeu Font, a través de su cuenta de Twitter, denunció que una médico del centro de salud de Son Pisà, en Palma, se había “negado a entender” en catalán a su madre, de 79 años. “Como ciudadano exijo una rectificación a esta falta de respeto a los mallorquines”, reclamaba. Dos tuits bastaron para encender al catalanismo de Baleares: en unas horas, se activó la habitual movilización en las redes sociales y a la mañana siguiente, una de las paredes del ambulatorio palmesano apareció con una pintada que rezaba “Basta de agresiones lingüísticas” bajo la firma de Endavant, una organización juvenil independentista de ultraizquierda que ha protagonizado diversos incidentes contra turistas o coches de alquiler.

La Obra Cultural Balear (OCB), homóloga de Òmnium Cultural de Cataluña, cargó contra el Ejecutivo balear y amenazó con movilizaciones si no se actuaba de inmediato con lo que denominan “agresiones lingüísticas”. Y la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos -creada para paliar “el dolor de no hablar en catalán” según aseguró el conseller de Educación, Martí March, en su presentación en 2020- filtró a la prensa el número de denuncias recogidas, 96 en total, y las que afectaba a la sanidad, 58, es decir, un 40% aproximadamente.

En un primer momento, la reacción del Govern fue minimizar la repercusión del fenómeno, en la línea del argumentario que se sigue con otros aspectos candentes. Para la Conselleria de Salud –dirigida por el PSOE- 58 denuncias no tienen tanta relevancia porque son sólo el 0,00058 % de las interrelaciones entre profesional y paciente, ya que en Baleares hay más de 10 millones de actos médicos al año. La reacción del departamento que dirige Patricia Gómez encendió aún más los ánimos entre el catalanismo de las Islas y provocó una crisis en el seno del Ejecutivo.

Expedientes

La secretaria autonómica d’Universitat i Política Lingüística y exdiputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Agustina Vilaret, calificó de “gravísima” la actitud de Salud. “Cualquier discriminación o agresión, de cualquier tipo, es inaceptable. La intolerancia y la violencia no se pueden banalizar”. Empujados por sus bases, los nacionalistas de Més, que dirigen la política lingüística del Ejecutivo entre otras carteras, forzaron una reunión extraordinaria del pacto de gobierno para tratar en exclusiva el uso del catalán en la sanidad. Y así, el lunes por la tarde, miembros de PSOE, Podemos y Més acordaron que, a partir de ahora, el Govern expedientará, primero informativamente y después para sancionar si es necesario, a cualquier sanitario que reciba una denuncia en la Oficina de Defensa Derechos Lingüísticos.

Además, a partir del 1 de octubre todos los carteles en hospitales y centros de salud estarán al menos en catalán y los diversos departamentos del Govern se asegurarán mediante encargados ex profeso de que se tramiten todas las reclamaciones sobre aspectos lingüísticos. Mientras tanto, la médica denunciada insistía en que entiende el catalán y que sólo informó a la paciente de que se expresaría en castellano. Pero para ese entonces los expedientes por motivos lingüísticos ya eran una realidad.

De esta forma se apaga un incendio provocado, según afirman desde el sindicato médico Simebal, “por cuestiones políticas”. En el ecuador de la legislatura, los partidos que conforman el pacto de gobierno deben empezar a diferenciarse de sus ‘compañeros’ y en el caso de Més había una necesidad aún mayor. Los malos resultados en las últimas elecciones rebajaron su importancia en la segunda legislatura del Govern de Armengol y su permisividad con la construcción de la nueva carretera de Llucmajor a Campos le ha granjeado duras críticas de uno de sus grandes nichos de votantes, el ecologismo. Por eso Més no podía dejar pasar la oportunidad de agitar otra de sus grandes banderas, la defensa a ultranza de la lengua catalana.

Después de instaurar desde hace años la inmersión lingüística de facto en la educación –en Baleares es imposible estudiar en castellano en un centro público- el siguiente reto del autoproclamado Pacto de Progreso era instaurar la lengua catalana en la sanidad. Para ello, impulsaron el decreto 8/2018 de 23 de marzo que regulaba la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud. Mediante esta nueva legislación, el Govern obligaba por ejemplo a médicos, enfermeros y técnicos especialistas de rayos a tener un nivel B1 de catalán si querían obtener una plaza. Consciente de los problemas que tiene Baleares para cubrir sus plantillas sanitarias, el departamento de Salud concedió una moratoria de dos años desde la obtención de la plaza para sacarse el título. Después de ese plazo, el médico debería acreditar su nivel de catalán o si no, sería penalizado y no podría optar a los traslados ni a cobrar la carrera profesional.

Difícil cubrir vacantes

Para el sector más nacionalista del Govern, estas medidas nunca han sido suficientes y por eso se abrió la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y se ha presionado en los últimos días para impulsar el uso del catalán en el ámbito sanitario. El PSOE balear, liderado desde años por Francina Armengol –quien en su etapa universitaria en Barcelona militó en una organización juvenil independentista-, es receptivo a todas estas medidas pero también debe lidiar con las serias dificultades del Servicio de Salud para cubrir las vacantes de personal ahora y en el futuro. Por eso impulsa la exigencia del catalán pero, a la vez, trata de esquivar ese requisito. De hecho, según reconocen a EL ESPAÑOL fuentes de la conselleria de Salud, sólo se reclama el idioma autóctono en las oposiciones y se hace la vista gorda en contrataciones y bolsas, “donde no se aplica”.

Y aun así, hay un déficit crónico de personal. Según denuncia el sindicato médico Simebal, sólo en Atención Primaria faltan 350 doctores; y desde que comenzó la pandemia, en palabras del sindicato Satse, “más de 300 enfermeros han huido de Baleares”. Por eso el IB Salut debe tirar de donde puede. Primero recurre a trabajadores llegados desde la Península, pero siempre se quedan cortos y ahora mucho más porque, con motivo del Coronavirus, muchos han encontrado trabajo cerca de su lugar de origen. Así que el Govern no tiene otra que contratar especialistas foráneos, sobre todo suramericanos procedentes de países como Cuba, Colombia o Venezuela. Incluso en algunos casos, tal y como denuncia Simebal, “se están contratando profesionales con títulos no homologados para paliar el déficit de médicos”. Según los médicos, hay unos 200 en la Atención Primaria de Baleares. El IbSalut lo reconoce, dice que se ha hecho siempre y que la justicia avala que se recurra a este tipo de especialistas cuando no haya más remedio. Asimismo, matizan que son profesionales con contratos menores, es decir, suelen encargarse de sustituciones sobre todo en servicios de Urgencias y de Atención Primaria.

La situación es complicada en Mallorca, pero en las otras islas resulta dramática. La falta de conexiones aéreas en temporada baja o el alto coste de la vida y en concreto de la vivienda –sobre todo en Ibiza- provocan un constante quebradero de cabeza al Servicio de Salud. Como medida a medio y largo plazo, el Govern ha creado la facultad de Medicina en la Universitat de les Illes Balears, pero aún faltan varios cursos para que salga la primera promoción. También se ha permitido trabajar hasta los 70 años a decenas de médicos para afrontar otro grave problema, la elevada edad de muchos profesionales: se calcula que el 15% de los doctores de Baleares se jubilará en el próximo lustro.

La saturación de la atención primaria es un hecho desde hace años –hay un médico por cada 2.000 tarjetas sanitarias- y todos los trabajadores sanitarios reclaman más incentivos para fidelizar a los empleados. Una de las reformas salariales que se reclaman con más ahínco es el plus de insularidad, un caballo de batalla constante entre todos los funcionarios en Baleares. La comparación con otros territorios abruma: por poner un ejemplo, un médico de Palma puede cobrar cuatro veces menos por este concepto que uno que trabaje en Las Palmas. Y eso pese a que el coste de vida es muy superior en la capital balear que en la ciudad grancanaria.

“En estos momentos, incluso contando con toda la sanidad privada, no tendríamos capacidad para dar salida a las listas de espera actuales”. No lo dicen los sindicatos. Son palabras de la consellera de Salud, Patricia Gómez, el pasado jueves. El número de pacientes que espera una primera consulta con el especialista creció un 40% respecto del año pasado con los datos de junio. Además, hay notables diferencias entre islas. Por ejemplo, en Ibiza la lista de espera quirúrgica es 38 veces superior a la de Menorca.

Con este panorama, la amenaza de expedientes a los sanitarios denunciados por cuestiones lingüísticas se presenta como un nuevo obstáculo para ampliar y consolidar las plantillas del Servicio de Salud. “¿En plena quinta ola y con la falta de profesionales, en serio nos vienen ahora con el catalán?”. Claudio Triay es médico del hospital Mateu Orfila de Menorca y lleva tiempo alertando de que Baleares es un destino poco o nada atractivo para el personal sanitario. El alto precio del alquiler de la vivienda en las Islas, la insularidad, los contratos precarios que se ofertan -a veces por días- y la falta de incentivos no compensan para cruzar el charco. El problema para captar a profesionales en la sanidad pública balear es un problema que colea desde hace años. Pero el catalán ha sido la puntilla:

“Dificulta la captación y ha provocado el éxodo de profesionales que ya estaban trabajando aquí”, reconoce Triay, que defiende que los conocimientos de lengua catalana deberían ser un mérito y no un requisito, tal y como apoyan también el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Simebal o Satse, entre otros. De momento, el Govern no tiene en cuenta su opinión y el primer expediente ya está en marcha. La tormenta no amaina en la sanidad balear.