Román, Ana, Rosa y otros 37.000 padres que no llevan a sus hijos al colegio porque no quieren morir

Las agujas del reloj se acercan a las nueve de la mañana. Pedro Manuel, de 10 años, y su hermana Nela, de siete, apuran el desayuno y suben corriendo por las escaleras de su casa en Las Torres de Cotillas (Murcia) para no llegar tarde a su nuevo cole: la habitación que está al final de la primera planta del domicilio familiar.

“Mis niños no van a clase porque si cojo el coronavirus me muero por las enfermedades crónicas que padezco”, subraya con rotundidad el cabeza de familia, Román, y a la sazón uno de los portavoces de la Plataforma Educación Segura de la Región de Murcia. “Cerca de 700 familias decidimos crear esta plataforma para proteger a nuestros hijos porque el Gobierno central no puede obligarnos a llevarles al colegio y el instituto exponiéndolos a contagiarse de COVID”.

El absentismo que se está produciendo en territorio murciano es solo un botón de muestra de la revuelta que se está viviendo en todas las autonomías donde, según los padres activistas, unas 37.000 familias no están llevando a sus hijos a clase tras haberse sumado a otras plataformas como Familias Insumisas Catalunya, Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana... Todos esos padres se exponen a ser expedientados por los Servicios Sociales y a penas de cárcel de tres a seis meses por no velar por la asistencia en el centro educativo de sus hijos menores de edad. EL ESPAÑOL solicitó al Ministerio de Educación una estadística oficial del absentismo registrado desde que se inició este curso escolar pandémico, con el objetivo de confrontar los datos oficiales con la cifra de los activistas. El Ministerio no ofreció dato alguno argumentando que eso es competencia de las administraciones educativas autonómicas.

Román saca una carpeta -de casi un palmo de grosor- donde guarda sus informes médicos yque enseña a este diario para demostrar que su salud es incompatible con el riesgo de exponer a sus hijos a contagiarse de COVID por acudir al colegio: “Tengo diagnosticado un edema de glotis, bronquitis asmática, fallos renales, diabetes y obesidad mórbida porque he ganado cien kilos tomando corticoides”. La vida de este hombre que durante doce años sirvió con arrojo en la Legión ahora depende a diario de 26 pastillas y dos inhaladores. “Pasé de ser un deportista a pesar 160 kilos y no poder trabajar de escolta por mis enfermedades”. A Román se le quemaron las vías respiratorias por un problema estomacal que padeció en 2007 y desde entonces su vida dio un capuzón: “No puedo dormir tumbado porque me quedo sin aire y si huelo un perfume puedo padecer bronco-espamos”.

El aula de Primaria de Pedro Manuel y Nela. JGB

Este año su situación personal se tornó más delicada cuando el bicho aterrizó en España. “Desde marzo solo piso la calle para ir al médico”. Su mujer y sus hijos para no poner en riesgo la salud de Román salen una vez al día de casa para respirar aire fresco paseando por el barrio. “Las compras las hacemos online y mis hijos no pisan un parque”. En el seno de esta familia cayó como una bomba la decisión que adoptó el Ministerio de Educación de que sería presencial el curso escolar de la nueva normalidad. Lo primero que hizo Román fue enviar sus informes médicos al Colegio San José de Las Torres de Cotillas, al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación en Murcia: “Les anuncié que mis hijos no irían a clase porque soy paciente de riesgo”. La segunda medida que adoptó fue sumarse a la Plataforma Educación Segura de la Región para defender su decisión y la de otras 700 familias.

En septiembre el matrimonio adaptó una habitación de su casa para que desempeñara el papel de aula. Este periódico visita esa estancia donde Nela y Pedro Manuel reciben clase a diario de sus respectivas asignaturas de segundo y quinto de Primaria. Todo ello bajo la supervisión directa de sus profesores particulares: sus padres, Román y María. Las paredes están tomadas por dos pizarras, varios corchos con apuntes y esquemas plastificados. Los hermanos comparten pupitre en una mesa plegable y el área de informática es un escritorio con un portátil y una impresora para imprimir las fichas. Las clases empiezan a las 9 y acaban a las 14 horas: un horario lectivo estándar con la salvedad de que en el recreo Pedro Manuel y Nela pueden ver la tele o jugar con un dispositivo digital. 

Este miércoles Pedro Manuel empezó la jornada con un esquema de Ciencias Naturales sobre mezclas y sustancias mientras que Nela aprendió las partes de una casa en Inglés. Después turno para las Matemáticas y así hasta la hora de comer. “Cuando hay algo que no recordamos está San Google para explicárselo a nuestros hijos”, apunta con humor Román. “Yo soy partidaria de las clases presenciales porque no puedo dar la enseñanza de un profesor y los niños deben relacionarse con sus compañeros, pero con la pandemia deberían ofrecer alternativas porque los colegios son un foco de contagio de coronavirus y están haciendo un experimento con las familias”, reflexiona María.

"No somos insumisos"

Román muestra en la puerta de su casa los informes médicos de sus patologías crónicas. JGB

— Román, ¿usted y el resto de miembros de su plataforma consideran que actúan como padres insumisos por no llevar a clase a sus hijos?

— Nosotros respetamos a las familias que llevan a sus hijos al colegio o al instituto. El Gobierno central tuvo seis meses desde el estado de alarma para buscar alternativas a las clases presenciales porque hay padres que son enfermos de riesgo, niños con patologías previas o familias que tienen miedo a contagiarse de COVID. En la plataforma solo reivindicamos al Gobierno que haya flexibilidad educativa: tiene que favorecer las clases online, proveer de plataformas digitales y de material informático a centros y alumnos para acortar la brecha digital. No somos padres insumisos, solo cumplimos la ley que establece que debemos proteger a nuestros hijos. Nosotros decidimos no llevarles a clase porque el Gobierno no ofreció alternativas. Lo que no es de recibo es que en una casa no puedan juntarse más de seis personas y luego nos obliguen a meter a nuestros niños en aulas con treinta compañeros.

De momento, Román ha conseguido que la Consejería de Educación reconozca su caso como una de las excepciones previstas en el listado de enfermedades elaborado por el Servicio Murciano de Salud para determinar qué alumnos pueden acogerse al programa de atención educativa domiciliaria. De forma que Pedro Manuel y Nela dan clases online en la habitación de su casa bajo la supervisión de sus padres: “Cada semana hablan un par de veces con sus tutores por videoconferencia”. El portavoz de la Plataforma Educación Segura denuncia que hay más padres murcianos que reclaman la misma enseñana telemática para burlar la pandemia: “Enviamos a la Consejería un listado de cien centros que están coaccionando a las familias para que cedan y lleven a sus hijos a clase”.

Desde la Consejería de Educación en Murcia ni confirman ni desmienten que en la Región existan 700 familias que por su cuenta y riesgo no están llevando a clase a sus hijos. Al igual que el Ministerio no ofrece datos oficiales de absentismo y le pasan la pelota a institutos y colegios: “Esa valoración la podremos tener al finalizar el trimestre. Son datos que deben facilitarnos los centros”. La Consejería advierte de que serán inflexibles con las pellas que no entren en el listado de excepciones del Servicio Murciano de Salud: “Tanto Fiscalía como Abogacía del Estado se han pronunciado, asegurando que el miedo de los padres no es justificación para faltar a clase, por lo que se considera absentismo. Ante un caso así, se aplicará la normativa vigente: a las 20 faltas sin justificar se inicia el proceso de absentismo, dando parte a los Servicios Sociales”.

Ana, enferma de cáncer 

Ana, ayudando a Andrés con las materias de primero de la ESO. JGB

Este fenómeno de absentismo estudiantil inducido por padres que padecen patologías previas no solo se está produciendo en Murcia también en otras comunidades como Castilla y León. Prueba de ello es la carta que Ana recibió este jueves donde el instituto Zorrilla de Valladolid le comunicaba que la Inspección de Educación estudiará su petición de clases online para su hijo, Andrés, de 13 años. Esa era la parte buena de la misiva, pero también había una mala donde el centro le advertía a esta madre, enferma de cáncer, que han comunicado las 127 faltas injustificadas de su hijo a la Comisión de Absentismo de Zona “para que determine las acciones oportunas”.

Esta mujer superó un cáncer de pecho y ahora pelea contra uno huesos, por ello, no da crédito al contenido de esa carta. Las sesiones de quimioterapia que recibe Ana debilitan su sistema inmunológico obligando a su familia a extremar las precauciones frente al COVID: una de ellas es que su hijo no vaya al instituto. “En el pediatra la atención es telefónica, pero mi hijo está obligado a ir a clase a pesar de que yo soy paciente de riesgo por el cáncer”, expone indignada Ana. En su cabeza no cabe la posibilidad de dejar a Andrés en un aula junto a 26 adolescentes que no sabe las precauciones que toman en sus respectivos entornos. “En el centro no garantizan que se cumpla la distancia de metro y medio para evitar contagios y encima los alumnos deben limpiar sus mesas”, argumenta esta vallisoletana, de 43 años, a la que no convence el protocolo anti-COVID de la Consejería de Educación.

A eso se suma que en casa conviven con más personas de riesgo: los abuelos. “Uno de ellos tiene problemas de corazón”. Otro motivo más que empujó a Ana a decidir que su hijo comenzaría en septiembre su nueva etapa en primero de Educación Secundaria Obligatoria sin salir de su cuarto. “Andrés estaba muy ilusionado con ir al instituto Zorrilla, pero está concienciado con mi situación y la de sus abuelos: no quiere traer la muerte a casa”. En plena efervescencia juvenil, con 13 años, no hace vida social ni siquiera pisa espacios abiertos como un parque. Andrés está concienciado de que ‘el bicho’ no puede entrar en su domicilio y asume que este curso su compañera de clase será su madre. “Todo los días, de nueve a tres de la tarde, me pongo con Andrés en su habitación a ver las asignaturas, algunas son nuevas para él, como Tecnología y Francés”.

— Ana, usted informó al instituto Zorrilla de Valladolid de que es paciente de riesgo por padecer cáncer y para ello aportó un informe médico. ¿Qué ayuda está recibiendo desde el centro?

— El instituto tiene enseñanza en remoto, pero no me ayudan en nada para que mi hijo pueda seguir el ritmo del resto de la clase. No le envían ni los temas que estudian a diario ni los deberes. Yo le pedí al instituto que me facilitasen el horario para dar en casa con mi hijo las mismas asignaturas que sus compañeros daban cada día y ni siquiera me facilitaron eso.

La falta de ayuda no ha mermado el interés de esta mujer para que su hijo no pierda el ritmo de primero de la ESO: “Soy una guerrera, una luchadora, no pienso tirar la toalla”. En una ocasión ya venció al cáncer y a pesar del desgaste de su nueva batalla contra esta enfermedad, Ana todos los días se vuelca en ayudar a Andrés con las asignaturas mientras que su marido está en el trabajo. La Inspección Educativa de Castilla y León todavía no ha resuelto la petición de Ana para que su hijo reciba clases telemáticas debido a que ella es paciente de riesgo, así que la próxima lección que verá con Andrés será de Tecnología: “Vamos a aprender a programar con Scratch”. De momento ya ha buscado algún tutorial en Youtube sobre ese lenguaje de programación: “Sirve para los videojuegos”.

Demanda colectiva 

Paco Jaén, de la plataforma Derecho a la Enseñanza sin Riesgo en Pandemia (DERPA). JGB

El departamento que dirige la ministra Isabel Celaá recuerda a estos padres insumisos que la enseñanza es obligatoria en España de los 6 a los 16 años: “Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional reiteramos que la presencialidad tiene enormes beneficios en el proceso formativo y madurativo de los alumnos”. Las mismas fuentes ministeriales defienden a este diario la asistencia a clase apuntando un dato: “La incidencia de la COVID en los centros educativos es baja, solo un 1% de las aulas está en cuarentena”. Las plataformas mencionadas al principio de este reportaje no se creen esa estadística y avanzan que el próximo 25 de octubre celebrarán concentraciones de protesta simultáneas en Valencia, Aragón, Canarias, Cataluña o Murcia. Todas tendrán como objetivo reclamar alternativas a las clases presenciales durante la pandemia.

“El Ministerio minimiza datos y no ofrece estadísticas para hacer ver que la tasa de absentismo en colegios e institutos es menor de la real”, critica Laura Prieto, administradora de la plataforma DERPA en Valencia. “Están maquillando las estadísticas: en la Comunidad Valenciana ha bajado la crifra de contagios por coronavirus porque hacen menos PCR”, denuncia Paco Jaén, otra de las voces de DERPA (Derecho a la Enseñanza sin Riesgo en Pandemia), la plataforma más grande del país con 40.000 familias activistas.

DERPA estudia presentar una demanda colectiva contra el Ministerio de Educación por vulnerar el artículo 154 del Código Civil sobre la patria potestad de los progenitores, entre otros preceptos legales. “Se está primando el derecho a la educación sobre el derecho a la salud”, razona Paco Jaén al tiempo que lanza una advertencia sobre la repercusión que está teniendo el coronavirus en los centros educativos valencianos: “Desde el 1 de septiembre hasta el 13 de octubre, después del inicio del curso escolar, se han registrado 4.262 casos de menores de 19 años contagiados por el COVID”. 

Esta semana a tres familias valencianas se les ha notificado desde los Servicios Sociales la apertura de un expediente por el absentismo escolar de sus hijos, según datos de DERPA. Tal panorama está empezando a tener sus consecuencias en los juzgados porque las familias están recurriendo sus casos a la Justicia. “Hay padres que están acudiendo individualmente para pedir auxilio judicial porque en sus respectivos centros educativos no se les están facilitando las tareas diarias ni los libros para presionarles a que lleven a sus niños a clase”.

Una hija asmática 

Rosa, vecina de la localidad jienense de Mengíbar, dando clase a sus hijos de Primaria y Secundaria..

Las mismas presiones que denuncian los padres valencianos se están repitiendo a más de 400 kilómetros de distancia: en la localidad jienense de Mengíbar. “En el instituto de mi hijo no me dan los libros que me corresponden de una ayuda porque no le llevo a clase”, ejemplifica Rosa. Esta madre, de 45 años, tiene que andar navegando por internet a la caza de contenidos de primero de Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de que su hijo, Samuel, de 12 años, se ponga a empollar como un día lectivo normal. “Con mi hija, Sheila, no tengo ese problema porque en el WhatsApp de las madres del colegio me van pasando los deberes”.

Desde el 15 de septiembre, Rosa está solicitando al instituto María Cabeza Arellano Martínez y al Colegio José Plata que sus hijos puedar seguir las clases desde casa porque ella es paciente de riesgo: “Tengo dañados 35 centímetros del estómogo, padezco una colitis ulcerosa y además soy alérgica a medicamentos, como la penicilina y los antiinflamatorios”. En el hipotético caso de que Samuel y Sheila resultasen contagiados en el aula, esta madre de cuatro hijos plantea una duda a aquellos que ahora mismo no le conceden el formato lectivo a distancia: “¿Qué tratamiento me ponen si enfermo de COVID con las alergias que padezco?”

La duda que verbaliza esta madre es más que razonable. De manera que entre garantizar la educación de sus hijos permitiéndoles que acudan a clase o mantenerles en casa para preservar la salud de todos, esta jienense ha optado por la segunda opción: “Tengo miedo de contagiarme y no superar el coronavirus”. En la casa de esta familia andaluza el temor es doble porque la pequeña Sheila también padece patologías previas. “Mi niña es asmática y desde septiembre hasta abril le ponen un tratamiento para sus bronquios a base de corticoides y ventolín: no la llevo al colegio porque el ratio máximo que marca el protocolo es de 15 alumnos y en su clase hay 26 niños”, argumenta Rosa.

Trabas burocráticas

Las plataformas de padres consultadas por este diario exponen que cada vez son mayores las dificultades y trabas burocráticas que se ponen desde las consejerías autonómicas de Educación para conceder la enseñanza online a los hijos con patologías previas o con padres con enfermedades crónicas. “A los que somos de riesgo nos deniegan las clases telemáticas, nos dicen que en el informe de los médicos tiene que poner que el niño no puede asistir a clase y ningún pediatra pondría eso porque los niños pueden ir a clase”, corrobora Rosa tras verse obligada a convertirse en la profesora de sus hijos. 

La respuesta que Rosa ha recibido desde los respectivos centros educativos de sus hijos ha sido informarle de que iniciarán contra ella un expediente de absentismo escolar por el reguero de faltas que acumulan desde septiembre. “Estoy bajo la amenaza de absentismo a pesar de que estoy desde el primer día acudiendo al instituto del pueblo y del colegio, pido los libros y en ninguno de los dos centros me los han dado, no te puedo decir las veces que he ido a pedir el cheque-libro y el material, nunca los tienen y luego me dijeron que me los darían si mis hijos iban presencialmente a clase”.  “Mentalmente estoy agotada de tanta presión”, confiesa.  

El pasado viernes Rosa decidió hacer un experimento: permitió a Samuel acudir por primer vez al instituto y el resultado fue nefasto. “Le colocaron junto a la ventana que debía estar abierta para ventilar y pasó frío en las primeras horas, en clase estaban 36 alumnos de cuatro pueblos distintos y se incumplía la distancia de seguridad, a pesar de que ya ha habido dos casos positivos de coronavirus entre sus compañeros”. Su hijo ha vuelto a pisar el aula esta semana para tratar de que le entreguen el material que le corresponde del cheque-libro de la Junta de Andalucía. Entretanto Rosa no deja de pelear para que Samuel y Sheila queden exentos de sentarse en el pupitre. “Absentismo es despreocuparse, pero lo que yo estoy haciendo es luchar por la educación de mis hijos”.

Pendiente de un trasplante 

Marta, de Vigo, posa de espaldas porque no quiere tener problemas con la Junta de Galicia para lograr que un docente acuda a su casa a darle clases de Primaria a su hija de 6 años.

A cientos de kilómetros de distancia, en Vigo, un total de siete familias mantienen inamovible su decisión de que sus hijos no pongan un pie en el cole durante el actual curso. En las últimas fechas han recibido una carta informándoles de la apertura del protocolo de absentismo por las ausencias diarias de los menores a su cargo. Una de las madres que ha recibido esa misiva es Marta, a pesar de que el 2 de septiembre solicitó la asistencia domiciliaria educativa para su hija argumentando que a sus 46 años es paciente de alto riesgo frente al coronavirus: “Estoy propuesta para recibir un trasplante de pulmón por una deficencia genética que me genera una EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y eso ha derivado en un enfisema pulmonar grave”.

Esta gallega asegura a EL ESPAÑOL que a causa de sus patologías sigue viviendo confinada desde marzo: “Tengo un hijo en Orense, de 22 años, y solo he ido a verlo dos veces porque su trabajo de repartidor es de riesgo para mi salud”.

A esta mujer, prejubilada por culpa de su EPOC, le deniegan que un profesor acuda a su casa a darle clase a su hija porque su caso no entra en el protocolo de asistencia domiciliaria educativa de la Junta de Galicia. “El protocolo no prevé esa opción para alumnos con padres enfermos, solo contempla ese modelo de enseñanza para niños con enfermedades graves, como la leucemia”, ejemplifica Marta de forma didáctica. De forma que esta madre se ha visto obligada a contratar de su bolsillo a un profesor particular que acude a su casa para dar clases a su niña de primer curso de Primaria. “Mi hija no irá al colegio porque lo más importante ahora es la vida”. Tanto la de su pequeña como la de esta madre incluida desde hace siete años en una lista de trasplantes pulmonares.

La 'valedora do Pobo'

Martiña -como le gusta que la llamen- apoya su decisión de no llevar al cole a su hija, de 6 años, en el mismo informe de la Abogacía del Estado al que recurre el Ministerio de Educación para justificar la necesidad de la enseñanza presencial. Esta madre sostiene que su caso no puede considerarse absentismo aludiendo a la segunda conclusión del citado documento: “Solo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase no esté justificada. Por ello, deberá valorarse tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes, la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución epidemiológica en el momento que se trate”.

El caso de Martiña es uno de los 64 expedientes que están sobre la mesa de la valedora do Pobo, María Dolores Fernández, y que afectan a familias que han presentado escritos de queja contra la obligatoriedad de enseñanza presencial en las aulas en tiempos de pandemia. “Agotaré la vía administrativa antes de recurrir a otras vías para garantizar la enseñanza de mi hija”, zanja esta madre coraje que vive recluida en su casa para evitar ‘el bicho’. “De no ser por el jardín me volvería loca”.

En algunos centros educativos gallegos, los profesores son conscientes de que el absentismo de muchos de sus alumnos está motivado por la delicada salud de sus progenitores y están saltándose la normativa de la Consellería de Educación que les prohíbe facilitar material lectivo a los estudiantes que hacen pellas para proteger a sus progenitores. Para burlar los controles, fuera de sus horas de trabajo, los docentes envían a los estudiantes los temarios, tareas o fichas, a través de sus correos electrónicos personales, por WhatsApp, incluso han creado blogs donde vuelcan los contenidos que van impartiendo a diario. Es otra de las consecuencias que ha traído el curso escolar del bicho.