Antonio Correro, pescadero y portavoz de la Asociación de Detallistas de Mercados de Cádiz

Antonio Correro, pescadero y portavoz de la Asociación de Detallistas de Mercados de Cádiz Fernando Ruso

Reportajes En su primer año de gobierno

Cinco desengañados de las promesas de Kichi

Policías, okupas, comerciantes, vecinos y vendedores ambulantes. Todos dan un suspenso a uno de los alcaldes más controvertidos de Podemos. Estas son sus polémicas.

4 junio, 2016 05:03
Pepe Barahona Fernando Ruso

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“Hice campaña por Kichi, pero en las próximas no lo pienso votar”, confiesa Chari, una gaditana de la Corrala de la Bahía, un edificio de okupas de la capital. La promesa era clara: si José María González, líder de Por Cádiz sí se puede, se alzaba con la alcaldía, daría luz, agua y tranquilidad a los vecinos del edificio.

Un año después, rara vez se le ve por la zona. ‘El desaparecido’ le llaman. Y las esperanzas se han diluido ahí y en otras partes de Cádiz. La de la corrala es una de las heridas abiertas, todavía supurantes, que el regidor gaditano mantiene con los vecinos. Una de tantas. En la nómina de indignados están policías, comerciantes, vendedores ambulantes o asociaciones. Todos coinciden: Kichi suspende en su primer año como alcalde.

Los indignados de Kichi en Cádiz

(Vídeo: Fernando Ruso)

Los veinte años en el cargo de Teófila Martínez tuvieron un punto, no se sabe si final o y seguido, el pasado 13 de junio de 2015. “Que sí, que sí nos representan”, gritaban centenares de vecinos delante del ayuntamiento de Cádiz. En uno de los balcones, Kichi alzaba el bastón de mando ofreciéndole la alcaldía a la “gente corriente” a la que había apelado en la campaña. “Primero, las personas”, subrayaba.

Un año después, esas personas han cambiado el rostro de alegría por el de la decepción. Vivienda, economía, servicios sociales, puertas abiertas, participación ciudadana… fueron sus primeras palabras como alcalde. Muchos se las reprochan ahora sin que Kichi, que ha sido contactado por El Español, conteste.

La corrala, sin luz, sin agua, sin esperanza.

Chari Henry recuerda las muchas veces que veía a González por la corrala de la Bahía, un edificio ocupado propiedad del Banco Santander. Las 28 familias inquilinas han dejado de ver por la zona al actual alcalde. Hace meses que no se pasa por allí y cuando lo ha hecho, una única vez, ha sido a escondidas. “Nos dijo que no podíamos hacerle fotos”, detalla esta gaditana de 41 años, casada y con dos hijos mayores de edad. Todos están desempleados y decidieron ocupar la vivienda como último recurso.

Chari, okupa de la Corrala de la Bahía, en el piso en el que reside en Cádiz.

Chari, okupa de la Corrala de la Bahía, en el piso en el que reside en Cádiz. Fernando Ruso

La corrala de la Bahía ha abanderado en Cádiz el debate en torno a la vivienda, muy cara en la capital, que llega a superar los 800 euros. “Y estamos en la ciudad con más paro de España”, apostilla Chari, que no tiene complejo al asegurar que hizo campaña por Kichi. “Yo, mis vecinos, mi familia… todos nos echamos a la calle para conseguirle votos porque creímos que era posible cambiar. Nosotros le dimos la alcaldía”, subraya.

Ahora, Chari rara vez ve a Kichi, solo cuando se manifiesta frente al ayuntamiento. Le llama ‘el desaparecido’, un apelativo que no gusta al alcalde pero que la okupa usa sin pudor cada vez que se topa con él. Hay rencor en sus palabras.

“Estamos ya quemados de Kichi. Nos dijo que nos iba a poner la luz y el agua, pero nada de nada”, detalla. “Encima nos ha quitado las farolas que había cercanas para que no podamos pillar la luz de ahí”, insiste. Sus problemas, lejos de mejorar, han empeorado.

"Aquí no se puede vivir"

“Aquí no se puede vivir. No tienes frigorífico, no hay lavadora, nos pasamos todo el día acarreando garrafas de agua. Y lo peor es que si no tuviera esto, estaría en la calle”, cuenta Chari. En su casa, que vendían como pisos de primera calidad pero en los que las paredes no aguantan una alcayata, tiene luz gracias a una batería de camión que recarga cada mes en una tienda cercana por cinco euros.

Solo tuvieron electricidad un día, en Nochevieja, pero antes de las campanadas, técnicos del ayuntamiento les quitaron la farola de la que se abastecían. “Defendía que se podía hacer un realojo social. No sé por qué, pero ahora es alcalde y no ha cumplido su palabra”, narra.

“Me esperaba un cambio. Creía que miraría por los pobres. Estoy decepcionada. Sé que no me puede dar un piso, tampoco se lo pido, solo quiero que nos preste atención y busque alternativas”, explica. Pero la única respuesta que da el alcalde no satisface las expectativas de Chari y sus vecinos.

El Ayuntamiento ofrece a los okupas un alquiler social que subvenciona el 90% de la cuota durante un año. “Pero no me lo puedo permitir”, confiesa Chari, que espera el momento “menos pensado” en el que se ejecute la orden de desahucio. “Nos iremos a la calle porque no tenemos otra salida”, añade. Otro que, según vaticina, se irá a la calle es Kichi: “No creo que dure tres años, los gaditanos lo echan”, concluye.

Venta ambulante, contra los comerciantes.

El alcalde también se ha topado con la oposición frontal de los comerciantes. En especial con los placeros del mercado central de abastos de Cádiz. En este caso, la polémica saltó por la posición de González en referencia a la venta ilegal de pescado en la vía pública, un problema que contra el que el sector lleva años luchando y que ahora cuenta con el apoyo del regidor.

“La venta ambulante ilegal de pescado ha existido en Cádiz siempre. Ahora, en época de necesitad, hay más gente que recurre a este tipo de medios para subsistir. El problema es que nos perjudica mucho a nosotros”, argumenta Antonio Correro, pescadero y portavoz de la Asociación de Detallistas de Mercados.

“Lo que no tiene sentido es que ampare la venta ilegal, porque detrás hay gente que no cotiza, que no tiene medios sanitarios para la conservación del pescado, sin frío y con unas condiciones ambientales que hacen que el producto pueda llegar a ser insalubre”, lamenta.

"Ni siquiera pasa por el mercado"

Antonio conserva su producto a dos grados bajo cero y se enfrenta asiduamente a muchas inspecciones. Tiene el pescado etiquetado como le exige la ley y mensualmente paga su cuota de autónomo. La suya y la de su mujer, la luz, el agua, la limpieza y la tasa por su puesto en el mercado. Unos mil euros en gastos que los ilegales se ahorran.

En el año de mandato, los placeros del mercado han pedido sin éxito una reunión al alcalde. “Quizás tenga una agenda muy ocupada”, ironiza. Sí se le veía antes de las elecciones, según recuerda. “Ahora ni siquiera pasa por el mercado. Quizás lo hace por miedo a que le recriminemos su actitud”, detalla.

Más allá de ideologías, “el tenía mi voto mi confianza”, confiesa Correro. “Si sigue así, no saldrá en las próximas elecciones; es más, creo que saldrá antes de los cuatro años”, esgrime. “El cargo le ha podido venir grande. Quizás no se esperaba ser alcalde y no esté lo suficientemente preparado para el puesto”, concluye.

La Policía, traicionada.

“Entre el policía que denuncia y el que se busca la vida vendiendo pescado, me quedo con el que se busca la vida”, llegó a manifestar Kichi a propósito de una de las intervenciones en la que la Policía Local actuó contra la venta ilegal.

Las palabras del alcalde noquearon a los agentes, que en vez de ser apoyados por el regidor se sintieron traicionados. “No le consideramos digno de ser nuestro jefe”, denunciaron los sindicatos de policías en un escrito en el que le pedían la dimisión.

Su postura “conlleva el riesgo de que la población, aunque estén cometiendo una ilegalidad, tenga la sensación de que el alcalde está con ellos. Y el alcalde se debe posicionar con la ley”, reclama uno de los agentes, de 41 años, que prefiere no revelar su identidad. 

La policía gaditana cree que Kichi no es digno de ser su jefe.

La policía gaditana cree que Kichi no es digno de ser su jefe. Fernando Ruso

El agente critica la ambigüedad de Kichi y su falta de claridad en sus manifestaciones. “Nos dice una cosa y hace otra, si hay dos partes implicadas, no puede estar con ambas”, señala. “Es un bien queda y eso en política se acaba volviendo en contra”, esgrime.

Sobre las declaraciones, los agentes vaticinan un efecto nocivo inmediato. “Entendemos que un alcalde no puede decir eso porque fomenta la economía sumergida. Como la gente se ponga a buscarse la vida, llevarían a la ruina a aquellos que sí pagan sus impuestos”, asegura el policía.

Kichi también se ha visto salpicado por la polémica con otro incidente con varios agentes de la Policía Nacional ocurrido en el estadio Carranza, en un partido del Cádiz CF. Al parecer, varios agentes expulsaron de la grada a un sujeto que, según se detalla en el informe, había insultado a miembros del cuerpo.

Tras los hecho, el alcalde –presente en el recinto deportivo– exigió “con malas formas” (según la tesis policial) que dejasen acceder de nuevo al expulsado. Para ello requirió la presencia del jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que ratificó la buena actuación de los agentes e invitó al regidor a denunciar si había presenciado un acto punible.

Las asociaciones de vecinos, enfrentadas al alcalde.

Manuela Molina es una conocida representante vecinal de Cádiz. A sus 73 años ha visto a muchos alcaldes pasar por el Ayuntamiento. Uno del PSOE, una del PP y otro de Podemos, desde que pertenece a la asociación de vecinos Bahía Gaditana en la barriada de La Paz. 

Uno de los pilares sobre los que se sustentan las políticas de Podemos es la consulta a sus bases. Sin embargo, en Cádiz hace tiempo que los representantes vecinales esperan a que el nuevo alcalde les reciba. “El principal problema es que no ha visitado ninguna asociación. No se ha dignado a hablar con ninguna de las 23 asociaciones de Cádiz”, explica Molina, militante socialista.

Manoli Molina, presidenta de la AVV Bahía Gaditana.

Manoli Molina, presidenta de la AVV Bahía Gaditana. Fernando Ruso

Además de la falta de diálogo, el alcalde de Cádiz mantuvo un pulso durante meses con las asociaciones, que tradicionalmente veían pagadas las facturas de luz y agua por el Ayuntamiento. De pronto supieron que el Consistorio no subvencionaría tales gastos. Tampoco internet ni el teléfono. Y las asociaciones se levantaron contra el alcalde. “Protestamos y vencimos a medias porque lo que sí nos quitó fue el teléfono e internet”, recuerda Molina. 

Su valoración del primer año de mandato de Kichi es negativa. “No le hemos visto nada. Ni siquiera le ha dado tiempo de tomar conciencia de los problemas que tienen los vecinos de Cádiz”, argumenta. “Hemos pedido varias reuniones con el alcalde y no nos ha concedido ninguna. Me da pena decirlo, pero echamos de menos a Teófila, que nos llamaba de forma fluida", lamenta.

Molina aprovecha la ocasión para aconsejar a Kichi: "Le diría que gobierne para el pueblo, que ese bastón debe servir para defender a todos los vecinos de Cádiz. Y que esté en contacto con nosotros. Esperamos que mejore en tres años. Y si no, tal y como lo pusimos, lo quitamos.”, espeta.

El trabajo, primero para los gaditanos.

Cádiz es la quinta ciudad española con la tasa de desempleo más alta. Un 36,1% según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cada verano, muchos gaditanos hacen colas de hasta tres días para obtener una de las 93 plazas que el Ayuntamiento concede para la venta ambulante en la playa. Este año, la baremación ha cambiado y ser de Cádiz no otorga ventajas. Cualquiera, de cualquier localidad española, puede solicitarla y muchos gaditanos que tradicionalmente han echado la campaña de verano este año se han quedado fuera. Una traición, algo imperdonable para algunos.

“Si sobrara el trabajo, entiendo que todos partiésemos en igualdad de condiciones; pero estando la ciudad como está, donde no hay trabajo y hay hambre, no entendemos que los únicos criterios sean el tiempo en el paro y los años de licencia”, critica Patricia López Candón, gaditana de 23 años, cinco como vendedora de latas.

Patricia López, vendedora ambulante de la playa de Cádiz.

Patricia López, vendedora ambulante de la playa de Cádiz. Fernando Ruso

Su abuelo fue el primero de la familia en vender en la playa. Después de él, su tío, su madre, su hermano y ella. Apenas saca unos 600 euros al mes trabajando desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. “Algunos días alargamos la jornada un poco más, por si entra más dinero”, explica.

Pero este año no podrá ser. Al menos de forma legal. Se ha quedado sin licencia pero trabajará. “No tengo otra cosa así que no tengo otro remedio. No me puedo permitir quedarme en mi casa parada. No, porque mi casa se caería a pedazos”, confiesa. Se enfrenta a una multa de 2.000 euros.

“Sin las latas, la familia se va a la ruina. Somos honrados. No vamos pidiendo para comer en Asuntos Sociales y vendiendo latas al mismo tiempo. Sin la licencia, nos quedamos a cero”, explica.

Peleas entre vendedores

En algunos casos, la necesidad ha sido caldo de cultivo para reproches entre los propios vendedores. “Lo que más me joroba es que este año han hecho que nos peleemos vendedores con vendedores, y eso no ha pasado nunca”, afirma Patricia.

Ella sigue luchando por su licencia. Acude día a día al Ayuntamiento y no descarta ponerse en huelga de hambre si es necesario. “Para que vean lo que es morirse de hambre”, cuenta. En las próximas elecciones ya sabe a quién no votará. “El alcalde tendrá nuestro voto si demuestra que está con nosotros”, argumenta.

“A Kichi le pido que sea humano. Él era humano antes de entrar en la alcaldía y parece que desde que es alcalde no sabe qué es el sufrimiento. Porque él es un currante y quién mejor que él para saber cuáles son las necesidades de su pueblo”, espeta. “Pero se ve que lo ha olvidado”.