Urgencias del Chuac de A Coruña Europa Press
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Galicia busca frenar las agresiones a sanitarios: multas de hasta 15.000 euros tras modificar la Ley de Salud
La oposición considera que esta nueva normativa no ataja "la raíz" del problema, que sitúa en "el deterioro de la sanidad pública"
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El pleno del Parlamento ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Salud de Galicia, que entrará en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta medida busca frenar las agresiones a sanitarios mediante medidas de prevención, algo que la oposición ha criticado al no considerar que vaya a "la raíz" del problema, que sitúa en "el deterioro del sistema sanitario".
El texto contó con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana se han abstenido, según recoge Europa Press.
Una de las principales novedades de la normativa es que establece multas por las agresiones, con cuantías que oscilan entre los 300 y los 15.000 euros según su gravedad. Así, las faltas de respeto y los insultos están tipificados como leves, mientras que las graves abarcan amenazas, coacciones o acoso digital y las muy graves, agresiones físicas o reincidencia.
- Infracciones leves
- Grado mínimo: de 300 a 500 euros
- Grado medio: de 501 a 1.000 euros
- Grado máximo: de 1.01 a 1.500 euros
- Infracciones graves
- Grado mínimo: de 1.501 a 2.000 euros
- Grado medio: de 2.001 a 2.500 euros
- Grado máximo: de 2.501 a 3.000 euros
- Infracciones muy graves
- Grado mínimo: de 3.001 a 7.000 euros
- Grado medio: de 7.001 a 12.000 euros
- Grado máximo: de 12.001 a 15.00 euros
Los sancionados, además, deberán reparar daños y asumir los gastos de asistencia sanitaria de la víctima.
La ley, por otro lado, recoge medidas adicionales como el traslado del paciente a otro profesional o centro de salud durante un máximo de cinco años en casos graves o muy graves.
La norma, además, define como rotura de confianza entre profesional y paciente el hecho de grabar durante la consulta sin consentimiento, de forma que el sanitario podrá suspender la asistencia dejando constancia en la historia clínia. La atención sanitaria del usuario quedará garantizada. Esta conducta está tipificada como leve.
Sanidade reforzará el apoyo a los profesionales mediante asistencia psicológica y un servicio encargado de tramitar denuncias, además de representación jurídica de la Xunta. La reforma, por último, incorpora formación específica contra la violencia, protocolos con cuerpos policiales y un plan obligatorio en todos los centros públicos.
La oposición cree que no es la solución
La diputada socialista Elena Espinosa señala que la norma "no ataca el problema de raíz": "No se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención".
En la misma línea se manifestó Montse Prado (BNG), que considera que el texto "se queda en punir": "No protege realmente a los profesionales". La nacionalista ha señalado que los sanitarios "se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes".
El diputado de DO, Armando Ojea, ha lamentado por su parte que se establezcan "medidas meramente coercitivas" y "a posteriori". Ojea ha instado al Gobierno gallego a ir a "la raíz del problema" y a apostar por "mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y los servicios para que no se den estos casos".
Caamaño reivindica la modificación
La modificación no ha contado con ningún voto en contra y ha sido reivindicada por el PPdeG. La diputada Encarnación Amigo ha destacado algunas de las medidas incluidas, señalando que "ha habido diálogo y cesiones" con la oposición y "ganas de llegar a acuerdos" ante una tendencia "preocupante".
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha agradecido a los grupos "el compromiso y responsabilidad institucional" y ha puesto en valor que con la norma "se eleva al máximo rango la prevención y protección frente agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud" y cumple el objetivo de "proteger a quien cuida".
"Cada agresión es un hecho inaceptable", ha subrayado el responsable de Sanidade, que ha defendido que la ley "no se limita a sancionar", sino que "refuerza la prevención, la formación y la protección de las víctimas, incorporando medidas de apoyo".
