La Xunta reforzará el control sanitario de los alimentos en puestos ambulantes de Galicia

La Xunta actualizará el catálogo de actividades recogidas en el Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios (Regasa), incorporando a la definición de establecimiento de comercio al por menor los locales ambulantes o provisionales.

El proyecto Xenoma Galicia detecta 14 nuevos casos de alto riesgo entre las primeras 1.000 personas

Es el caso de los toldos, puestos y vehículos de venta ambulantes, los almacenes de apoyo y las instalaciones en que, con carácter principal, se realizan operaciones de venta al consumidor.

En su reunión semanal, el Consello de la Xunta ha acordado la remisión al Consello Consultivo, como paso previo a su aprobación definitiva, del proyecto de decreto por el que se regula el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios y se establecen los requisitos de higiene en la producción y comercialización para determinados establecimientos.

Los establecimientos sometidos la inscripción serán aquellos que ejerzan su actividad comercial en Galicia cuando esa actividad consista en manipular, preparar, elaborar, transformar, almacenar o servir alimentos para su venta o entrega in situ o a distancia, con o sin reparto a domicilio.

Tal y como informa Europa Press, el texto del proyecto de decreto se componen de cuatro capítulos y 16 artículos y establece condiciones específicas para suministra alimentos de producción propia y productos de origen animal entre establecimientos de comercio al por menor.

Así como las condiciones de comercialización de alimentos preparados en locales utilizados como vivienda privada y los requisitos para los almacenes de apoyo de los establecimientos de venta al por menor.

"En el procedimiento de notificación de inicio de actividad recogido en este proyecto de decreto también se establece el contenido mínimo de la declaración responsable que, a los efectos de inscripción de la actividad en el registro autonómico, debe presentar ante la autoridad competente el operador que elabora alimentos en locales utilizados principalmente como vivienda privada", ha detallado la Xunta.

Asimismo, "establece un régimen sancionador específico para las infracciones relacionadas con el deber de comunicación con carácter previo al inicio de las actividades".

Colaboración con la FEGAMP en materia de adicciones

Por otro lado, el Gobierno gallego ha autorizado este martes la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; la Consellería de Sanidade; el Servizo Galego de Saúde y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para realizar programas de atención y protección de la salud en el campo de las adicciones.

En concreto, la Xunta aportará 4.022.800 euros para la financiación de las actuaciones y programas que realicen las unidades de drogodependencia y de día de titularidad municipal.

La Fegamp, como entidad colaboradora y representante única de todos los ayuntamientos que disponen de servicios de atención sanitaria de trastornos adictivos, recibirá los fondos de la Xunta y será la encargada de transferírselos a los municipios.

La intervención de asistencia sanitaria y atención a los trastornos adictivos, que se hará a través de las unidades asistenciales de drogodependencias y las unidades de día, comprenderá, entre otras funciones, las de indicación o prescripción y procedimientos diagnósticos y terapéuticos; atenciones de salud mental y la asistencia psiquiátrica y psicológica; rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, entre otros.

Así como la participación en los sistemas de vigilancia e información; la participación en la docencia, la formación continuada y la investigación, o la realización de las prestaciones sociosanitarias que correspondan con este nivel de asistencia, en coordinación con el sistema de servicios sociales, y la participación en las acciones de coordinación con los centros de atención primaria.

En esta línea, el Gobierno gallego destinará 990.426 euros para subvencionar proyectos de salud pública en el campo del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual realizados en la Comunidad por entidades sin ánimo de lucro.

En concreto, el Consello de la Xunta ha autorizado a la Consellería de Sanidade para adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual para la orden por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para estos proyectos en el campo de las infecciones de transmisión sexual.

Según ha explicado la Xunta, con la orden actual se aumenta la cuantía en cerca de 90.000 euros con respeto de la anterior y también se amplía hasta 12 el número de proyectos que se podrán subvencionar.

Incorporación social

Por otro lado, la Xunta publicará una nueva orden de ayudas por un importe de 253.000 euros para financiar programas de incorporación social en viviendas de pacientes drogodependientes en tratamiento y seguimiento en unidades asistenciales especializadas que están estabilizados y que "necesitan apoyo para su adaptación".

Tal y como recoge un informe de la Consellería de Sanidad llevado este martes al Consello de la Xunta, estas ayudas irán destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen programas de incorporación social y faciliten la adaptación de estas personas con dificultades a la vida cotidiana.

Con esta nueva orden de ayudas la Xunta financiará cuatro programas de inserción social en viviendas, y acercará un importe máximo de 63.326 euros por programa, lo que supone un aumento de más de 8.200 euros con respeto al año pasado.

Las entidades solicitantes tendrán un plazo de un mes para presentar las solicitudes, desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

Además, el Ejecutivo gallego ha autorizado la contratación, por un importe de 2.944.000 euros, del suministro de dispositivos de asistencia ventricular izquierda implantable de larga duración para las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, de Santiago de Compostela y Barbanza y de Vigo.

Con todo, el contrato tiene una vigencia inicial de dos años y prevé una posible prórroga por dos años más, y alcanza, en este caso, un valor estimado de 6.476.800 euros. En concreto, el número de unidades que se comprarán en el marco de este contrato es de 32.