La Policía Nacional se manifiesta en Santiago de Compostela: "No nos sentimos protegidos"

La Confederación Española de Policía en Galicia, dentro de la campaña que llevan realizando por toda la comunidad, se manifestaron hoy en Santiago de Compostela para denunciar el abandono del Ministerio de Interior al cuerpo policial y de la Xunta de Galicia.

La primera concentración tuvo lugar a primera hora de la mañana frente a la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad compostelana en la que denunciaban la falta de medios en la que se encuentra el cuerpo.

Agustín Vigo, secretario regional de la Confederación Española de Policía en Galicia, explicaba que el cuerpo se encuentra con plantillas muy envejecidas, con poca reposición de personal, una plantilla que, además, realiza más labores administrativas que "labores propias de estar en la calle".

En Galicia ahora mismo se cuenta con alrededor de 2.000 policías, una cifra que debería tener "500 o 600 más" para cubrir las plazas.

Desde la Confederación explican que a la comunidad gallega están viniendo agentes con "diez, quince o más años de profesión", sumado a la falta de policía, "hace que la situación sea cada vez más complicada".

También denunció que son la policía "peor pagada del país" y que el gobierno se niega a declararlos profesión de riesgo. "Pedimos que se cambie la normativa, porque las agresiones policiales han subido en los últimos años, hay mucha preocupación por trabajar en la calle, no nos sentimos protegidos", añadía el secretario regional.

Asimismo, indican que llevan más de 20 años sin actualizar sus dietas, lo que se traduce en que muchos viajes o desplazamientos por trabajo tengan que poner dinero de su propio bolsillo.

En peligro la Policía Autonómica de la Xunta

La segunda convocatoria del día se llevó a cabo en frente del Parlamento de Galicia para denunciar la posible desaparición de la "Policía Autonómica".

El 23 de octubre el conselleiro de presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, anunciaba que efectivos de la Unidad Adscrita en Galicia de la Policía Nacional dejarían de realizar sus funciones en el Parlamento y en el Complejo de San Caetano ante la escasez de personal para realizar otros servicios.

Esta decisión contraviene el acuerdo administrativo de 1990 en el que se instrumentó la colaboración entre el Ministerio del Interior y Galicia en materia policial para adscribir una Unidad de la Policía Nacional.

"No entendemos esta sustitución de Policía Nacional por seguridad privada. Estamos hablando del edificio más emblemático quizás de toda la comunidad gallega, el que representa a los gallegos", declaraba Agustín Vigo.

Desde el sindicato denuncian que este incumplimiento le abriría la puerta al Ministerio del Interior a la eliminación de esta Unidad Adscrita de la Policía Nacional, más comúnmente llamada "Policía Autonómica".

De igual modo, declaran que la Xunta podría hacer más recortes que afecten a policías a turnos 6x6 o los servicios que realicen muchos de ellos en materia de seguridad en las dependencias policiales o escoltas.

Esta situación llevaría a la privatización de los policías, a realizar otras tareas, lo que supondría, según explican, "una merma económica y muchos problemas de conciliación familiar".

"Es una puerta muy peligrosa que se quiere abrir y creemos que si llegan a algo tan específico como es el Parlamento de Galicia, tan simbólico, y empiezan por ahí, ya no les frenará hacerlo en ningún otro sitio".

En julio remitieron una carta al Director Xeral de Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, en la que avisaban que tomarían las medidas necesarias para evitar que se llevase a cabo esta privatización de la función pública policial.

Ante la situación el CEP ha solicitado el cese de Santiago Villanueva y anuncia movilizaciones hasta que no se llegue a un acuerdo satisfactorio, "la policía y sus funciones no se privatizan", remarcan.

La Xunta responde: "Se equivocan de lugar de manifestación"

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha constatado que, por el momento, no ha habido "ningún avance" en relación a la negociación de un nuevo convenio con el Gobierno central.

De ser así, y si se mantiene la situación, el cuerpo tendrá que dejar de prestar más servicios.

A preguntas de los medios en Ourense, y en la misma jornada de estas protestas, Calvo se ha manifestado en el mismo sentido: "Si no tenemos efectivos, tendremos que dejar de prestar servicios porque no estamos en garantía de poder prestarlos con suficiente calidad".

Sobre la negociación del convenio, ha constatado que no se ha dado "ningún avance" en los últimos días y ha insistido en que los dirigentes de la Xunta están "preocupados".

Diego Calvo ha reafirmado en que se empieza por la retirada de agentes de las sedes institucionales por considerar que es una cuestión en la que se puede "reducir".

"Seguirá habiendo presencia de la Policía autonómica, tanto por la mañana como por la tarde, aunque sí reduciremos efectivos", ha ratificado, antes de añadir que esta merma de agentes de la unidad adscrita se cubrirá con efectivos de seguridad privada que "ya tiene" tanto el Parlamento como la Xunta. "Ningún problema en ese sentido", ha apostillado.

Asimismo, el conselleiro ha añadido que "con respecto a las manifestaciones de un sindicato en concreto (con respecto a CEP), yo creo que se equivocan en el lugar de manifestación. Creo que tienen que manifestarse ante la Delegación del Gobierno o ante el Ministerio".

Reitera que tanto él como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fueron a hablar con el ministro, al que propusieron negociar una vía intermedia (el Gobierno propone la cofinanciación al 50%) al considerar que la pretensión del Ejecutivo estatal está "fuera" de las "posibilidades" del Gobierno autonómico.

"Entre ese convenio que propone el Ministerio y el que tenemos a día de hoy, creo que hay campo suficiente para poder llegar a un acuerdo", ha sentenciado Calvo, quien ha lamentado que, desde ese encuentro, en febrero, la Xunta no tiene "noticias". "Aún así lo seguimos intentando", ha dicho.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, se han reafirmado en que los cuerpos de policía adscritos deben ser cofinanciados al 50% entre el Ejecutivo estatal y los autonómicos.

Las mismas fuentes inciden en que es lo que se hace "con el resto de comunidades, incluidas las del PP" y recuerdan, como también lo hizo la CEP este jueves, que "la última que acaba de firmar es Andalucía".