Vista área de A Coruña
A Coruña declarada zona tensionada para el alquiler por el Ministerio de Vivienda
La declaración, con una vigencia de tres años, habilita al Concello a intervenir en los precios del mercado del alquiler
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho oficial este martes, 29 de julio, la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúa a la ciudad entre las 21 nuevas zonas reconocidas por la subida desproporcionada de los precios del alquiler.
Con esta declaración, será posible aplicar medidas para contener los precios excesivos del arrendamiento en la ciudad. La semana pasada, la Xunta de Gobierno Local del Concello da Coruña aprobó un plan específico que se implementará hasta 2028, en respuesta a esta declaración.
El objetivo de las medidas es mejorar la situación de la urbe en materia de vivienda, "con un desequilibrio evidente frente al que ya estamos actuando porque es preciso respetar el acceso a una vivienda digna y asequible y a un derecho constitucional".
Según recoge Europa Press a través del Ministerio, con la incorporación de A Coruña, San Sebastián y varios municipios de Navarra, ya son más de 8,28 millones las personas que viven en zonas tensionadas en España.
A Coruña fue la primera ciudad gallega en solicitar esta medida, orientada a facilitar el acceso a la vivienda. El gobierno local solicitó la declaración en marzo y a finales de mayo recibió el visto bueno de la Xunta. En las últimas semanas, el Concello de Santiago ha seguido el mismo camino y el Ministerio ha señalado que prevé que la capital gallega "pronto" se incluya en el listado.
Asimismo, en la resolución publicada en el BOE, se indica que la vigencia de la declaración como zona tensionada será de tres años a partir del día siguiente a su publicación, es decir, este miércoles 30 de julio.
¿Qué implica esta declaración?
La declaración de zona del mercado residencial tensionado permite poner tope a los alquileres en zonas donde los incrementos de años anteriores hayan sido desproporcionados. Este mecanismo limita los precios de los nuevos contratos de arrendamiento, que tendrán que "estar ajustados al precio del contrato anterior", e incluye bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen la mensualidad a sus inquilinos.
Del mismo modo, se establece para estos municipios un índice de precios para el alquiler que "todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados" a seguir en sus contratos. Según la Resolución del 30 de mayo de 2025 de la presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, se considera "gran tenedor" a toda persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, o que disponga de una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados con ese fin, excluyendo garajes y trasteros.
La declaración también obliga a que las administraciones ejecuten un plan de medidas para incrementar la oferta de alquiler y que en el plazo de tres años la situación de alza de precios pueda ser revertida.
Desde fuentes del Ministerio señalan que la ley estatal de vivienda del año 2021 "funciona" y pone el ejemplo en Barcelona, donde, según sus cifras, el alquiler medio ha bajado un 8,9 %. En toda Cataluña, se ha reducido un 4,7 % y se firmaron 11.807 contratos nuevos.
Asimismo, defienden que la aplicación de zonas tensionadas "favorece a los inquilinos" al limitar los arrendamientos, "pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia". De hecho, se pueden deducir hasta un 90% de lo que ingresen si bajan el precio un 5%.
Por todo ello, el Ministerio de Vivienda no entiende "el rechazo y el boicot" de las comunidades autónomas del PP, como Galicia, a la ley.
Rechazo de la Xunta de Galicia
A pesar de haber facilitado la aprobación de la medida, el Gobierno gallego, sostiene que se trata de una medida que no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad herculina.
Asimismo, defienden que los datos demuestran que el intervencionismo en el mercado no funciona. "Lo que debemos hacer es dar seguridad jurídica a los propietarios, para que alquilen sin miedo a los impagos o a la ocupación ilegal", señalan desde la Consellería de Vivienda en mayo, tras su aprobación por parte de Consellería de Vivenda.
En este contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró el pasado 2 de junio que "a partir de ahora habrá que seguir de cerca las mejoras que el Concello dice que son la solución a muchos problemas de vivienda". No obstante, el mandatario gallego dejó claro que, desde el Gobierno autonómico, no comparten esa visión: "Creemos que no lo es", afirmó. Rueda también señaló que la responsabilidad sobre los efectos de esta declaración, que tendrá vigencia hasta 2028, recae en el propio Concello da Coruña.
