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La transferencia de la AP-9 a Galicia avanza en el Congreso, con el único 'no' de Vox

La formación ultra señala que no "favorecerá" el "nacionalismo" del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "con más concesiones"
Imagen de archivo de la AP-9
Imagen de archivo de la AP-9

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ley que partió del Parlamento gallego en busca del traspaso a la Xunta de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) podrá avanzar, ya que su tramitación ha sido aceptada este martes por la amplia mayoría del Congreso --ha contado con el respaldo de los representantes de las distintas fuerzas a excepción de los 51 votos emitidos por Vox--.

La ley, a la que los grupos del Congreso podrán ahora presentar enmiendas para modificar su redacción, plantea la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

En su defensa de la iniciativa, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha subrayado la necesidad de rebajar los "inadmisibles" peajes que los gallegos pagan cada vez que usan la AP-9, lo que, a su juicio, supone "un auténtico expolio" para los gallegos que es prioritario "aliviar". Pero también ha urgido a que el Estado transfiera esta infraestructura tan importante para Galicia como ya ha hecho con otras autopistas de comunidades autónomas, como Cataluña o País Vasco.

La misma demanda ha hecho la líder del BNG, Ana Pontón, quien cree que el traspaso de la gestión de la AP-9 es "el primer paso" para acabar con una "discriminación histórica" con Galicia que lastra la economía de sus ciudadanos, que cada día son víctimas de "una estafa legalizada". Ha aprovechado, además, para reprochar al Gobierno que no esté cumpliendo con el acuerdo de investidura suscrito con el BNG y que recogía una bajada "histórica" de los peajes de esa autopista.

Por el PP, el vicepresidente primero del Parlamento gallego, Diego Calvo, ha añadido que los gallegos no piden nada que no se haya hecho antes ni que atente contra el orden constitucional establecido, sino que sólo aspiran a gestionar una infraestructura básica para la comunidad. "Hoy pedimos la transferencia de la AP-9 con ánimo de unir, y no separar", ha dicho el diputado 'popular', incidiendo en que la Xunta de Galicia puede gestionar esa infraestructura de manera "más eficiente" que el Estado.

Ciudadanos también votó "sí"

Durante el debate parlamentario, únicamente Vox se ha mostrado en contra del traspaso por rechazar "el aumento constante de poder de las taifas autonómicas", pero también ante el riesgo de que la rebaja de peajes que impulse la Xunta, ha dicho su diputado Francisco José Contreras, sea asumido en forma de consecuencias contractuales por la Administración General.

Unas dudas también planteadas por Ciudadanoss, que tras abstenerse en la última votación de esta ley --que decayó ante la convocatoria de las elecciones generales--, ha decidido ahora apoyar su toma en consideración. Su diputada María Muñoz ha advertido de que el traspaso no implica por sí solo ni la rebaja de peajes, ni el rescate de la concesión ni la reducción del coste operativo de la infraestructura, cuestiones que podrían abordarse sin la transferencia.

El representante de Vox en el debate, por su parte, ha añadido que la formación que dirige Santiago Abascal no "favorecerá" el "nacionalismo" del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "con más concesiones".

La cuestión de la gestión

Tanto Galicia en Común como el BNG han reivindicado la gestión pública de la autopista y su circulación "libre de peajes", recordando además que, de cumplirse la concesión, esta se alargará hasta más allá de los 75 años. Para Néstor Rego (BNG), esta autopista supone "una fechoría, un expolio y una discriminación", mientras que Antón Gómez-Reino (Galicia en Común) ha asegurado que las vías de peaje "van a ser una anomalía en el Estado".

El PP ha lamentado "los peajes desorbitados" mantenidos por la concesionaria Audasa, con la subida más alta entre las únicas vías que han encarecido sus tarifas, tal y como ha recordado su diputado Celso Delgado, que ha defendido una "gestión directa" de esta infraestructura.

Sin embargo, Guillermo Meijón, del PSOE, ha recordado que fue un Gobierno 'popular' el que amplió hasta 2048 una concesión que, en caso contrario, estaría a dos años de caducar, y ha reivindicado las partidas de los nuevos Presupuestos para financiar la rebaja en los peajes de esta vía. Ante las críticas de otras formaciones por la aplicación de la gratuidad en tramos de la autopista, como el comprendido entre Vigo y Redondela, ha justificado que "no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana".

PP y PSOE ya habían avanzado su voto a favor

PP y PSOE ya habían avanzado su voto a favor de tramitar esta proposición de ley que parte de la unanimidad del Parlamento gallego. Con la actual redacción, ya había recibido luz verde a ser tramitada en el Congreso en 2018, aunque decayó con la convocatoria de las elecciones generales. En dos veces anteriores, el texto que había salido del Pazo do Hórreo recibió el veto del entonces Gobierno de Mariano Rajoy.

Un veto levantado por el nuevo Gobierno del PSOE, tras la investidura de Pedro Sánchez, que permitió su debate ante el Pleno en diciembre de ese año. En esa votación, la iniciativa obtuvo el apoyo de todas las formaciones del Congreso, a excepción de Cs, que optó por abstenerse.

Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes Generales, por la convocatoria anticipada de elecciones apenas unos meses después dio al traste con su tramitación.

Concretamente, la iniciativa establece la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión, y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

Una vez hecho el traspaso, la comunidad gallega tendrá encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptación o reformas, junto con los enlaces y vías auxiliares; la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista; la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria con respecto a la explotación; las modificaciones que afectan al régimen económico-financiero de la concesión, supresión de tarifas y peajes, así como programas de descuento y la redacción de convenios o adendas relativos al régimen de concesión actual.

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Por su parte, el Estado, según el texto aprobado por el Parlamento gallego, "conservará a su cargo, respecto de la sociedad concesionaria de la autopista, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia".

El traspaso, que se realizará en el momento en que tenga efectividad la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios, a través del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia y el correspondiente decreto, no supondrá incremento alguno de los créditos ni minoración de ingresos previstos en los Presupuestos en vigor.

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