César López, unos de los afectados frente a las casas que podrían ser demolidas por un error de urbanismo
Seis familias de Lugo se enfrentan al derribo de sus casas: "Ninguna indemnización sustituye un hogar"
Construyeron sus viviendas hace más de 20 años con licencias concedidas por el Concello y ahora se enfrentan a una demolición por un problema urbanístico que, aseguran, no es culpa de ellos
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Seis familias de Barreiros (Lugo) llevan más de veinte años viviendo con una amenaza que nunca pensaron que llegaría a pasar: el derribo de sus casas. Sus viviendas, unos chalets preciosos con jardín situados en San Pedro de Benquerencia, hoy podrían tener los días contados.
Las compraron con sus correspondientes licencias. "Como cualquier persona que se compra una casa", explica César López, uno de los afectados. Pero un error urbanístico terminaría llegando a los tribunales, hasta el punto de que una sentencia ordenase el derribo de sus hogares. Casas en las que viven familias, algunas que incluso vieron a sus hijos crecer y luego independizarse, donde residen personas que guardan años y años de recuerdos en aquellas cuatro paredes.
Pero, ¿por qué las van a tirar? Como ocurre con casi todo lo relacionado con el urbanismo, la respuesta no es sencilla. En estos años, los vecinos se han tenido que hacer expertos en la materia. Y aseguran que no van a dejar de luchar hasta que se agote la última posibilidad de evitar la demolición.
Su historia comienza con la compra de unas fincas que, según explica César López, cumplía con todos los requisitos. El problema, según los afectados, no estaba en sus casas, sino en cómo estaba organizado urbanísticamente el terreno. Las fincas se podían dividir y construir en ellas, pero el Concello tenía que aprobar antes un plan que ordenase la zona y estableciese cómo debía contar con servicios como agua, luz o alcantarillado. Ese plan nunca llegó a hacerse. "El Ayuntamiento dio las licencias, pero lo que no hizo después fue elaborar un plan urbanístico", señala López.
La situación acabó llegando a los tribunales. La denuncia no se dirigió contra las familias, sino contra el Concello -que en aquel entonces gobernaba con el PP- y la situación urbanística derivada de la segregación de las parcelas y las licencias concedidas. Las viviendas se construyeron en torno a 2005 y, años después, una sentencia anuló aquellas licencias y obligó a reponer la situación a la legalidad.
Y ahí comenzó una batalla que todavía continúa: encontrar una vía para legalizar las viviendas antes de que se ejecute su derribo.
La solución: El PXOM, en el centro de la batalla
Durante todos estos años, los propietarios se han acogido a la que consideran la única vía para evitar el derribo: la elaboración de un PXOM que ordene urbanísticamente Barreiros. "La sentencia del TSXG de 14 de marzo de 2024 recoge una alegación de la Letrada de la Xunta: solo con la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento y la obtención de las licencias de legalización podría plantearse un supuesto de imposibilidad legal de ejecutar la demolición", recuerda César con toda la documentación delante.
Sin embargo, desde el Gobierno de Barreiros no comparten esta posibilidad. La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, del BNG, compareció el pasado 27 de julio junto al gobierno local para dar lo que aseguró que sería la última explicación pública sobre el asunto, salvo que se produzcan novedades judiciales. El ejecutivo municipal, formado por BNG y PSOE, sostiene que se trata de un asunto "estrictamente jurídico" y que está obligado a ejecutar una sentencia firme del Contencioso-Administrativo de Lugo desde 2012.
Ermida recordó que el actual gobierno llegó al Concello en 2019, años después de que se concediesen las licencias y de que comenzase el proceso judicial. Según explicó, todos los recursos presentados contra la ejecución de la sentencia han sido desestimados. El último, un recurso de reposición de los afectados, fue rechazado el pasado 27 de mayo.
La alcaldesa mostró entonces las diferentes resoluciones dictadas durante los últimos 14 años y aseguró que no existe ningún escrito judicial que permita paralizar la demolición por una futura aprobación inicial del PXOM, precisamente el argumento en el que los propietarios depositan sus esperanzas.
"Se o teñen que o presenten. Non o hai", zanjó Ermida, antes de insistir en que lo que existen son reiterados pronunciamientos judiciales que obligan al Concello a ejecutar la sentencia.
"Non derrubar os chalés de Lóngara sería delinquir, e neste goberno non hai delincuentes", aseguró tajante la regidora, que acusó además a los propietarios de trasladar una versión que, a su juicio, no se corresponde con las resoluciones judiciales.
Tres millones de euros en posibles indemnizaciones
La posibilidad de que finalmente las viviendas sean derribadas abre también otro frente: el económico. Y es que, en caso de cometerse el derribo, los propietarios de los seis chalets han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Concello por un importe conjunto de alrededor de tres millones de euros. Dos de ellas fueron presentadas ya en 2013 y las otras cuatro en 2023. Si bien, estos mantienen que "ese no fue nunca nuestro objetivo".
"Nuestro objetivo siempre ha sido conservar nuestras viviendas dentro de la legalidad", explica López. Son seis familias que llevan cerca de veinte años viviendo en unas casas que, insisten, construyeron confiando en unas licencias concedidas por la propia Administración. "Ninguna indemnización sustituye el hogar de una familia ni el proyecto de vida construido durante años", defienden.
"No pedimos un trato de favor ni el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Queremos utilizar el único mecanismo que puede permitir al juzgado valorar una nueva situación urbanística antes de la demolición", resumen los afectados.
20 años esperando
La alcaldesa dejó claro que el Concello estudiará estas peticiones, pero aseguró que todavía no se puede determinar si habrá indemnizaciones ni cuál podría ser su cuantía. "Haberá que discutilo e determinalo atendendo a cuestións xurídicas, técnicas e económicas. E, en todo caso, acabará ditaminando o xulgado", explicó.
Mientras tanto, las seis familias siguen esperando. Sus casas continúan en pie, pero sobre ellas pesa una orden de derribo que el Concello asegura estar obligado a ejecutar y que los propietarios todavía creen que puede evitarse si el planeamiento urbanístico avanza lo suficiente.
Entre ambas posiciones, una sentencia firme, un PXOM pendiente y seis hogares en los que sus dueños llevan veinte años intentando demostrar que, cuando compraron aquellos terrenos y levantaron sus casas, creían que estaban haciendo las cosas bien.
