Unión de Consumidoras de Galicia impulsa una campaña por la gratuidad de la AP-9
Unión de Consumidoras de Galicia impulsa una campaña por la gratuidad de la AP-9
La campaña "AP-9 Nosa e de balde" denuncia subidas superiores al 25% desde 2022, beneficios empresariales millonarios y una concesión prorrogada hasta 2048 cuestionada por la Comisión Europea
Te podría interesar: Los peajes y precios de la AP-9 de Galicia en 2026: A Coruña-Vigo cuesta 0,95 euros más
El Consello Económico y Social de Galicia (CES) acogió esta mañana en Santiago la presentación pública de la iniciativa AP-9 Nosa e de balde, una campaña impulsada por la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) para reclamar al Gobierno el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 Galicia, el rescate de la concesión actual y la eliminación progresiva de los peajes en la principal infraestructura viaria de Galicia.
En el acto participaron representantes de la administración autonómica y local, así como el tejido social, económico y cultural gallego.
Entre las autoridades presentes estuvo Manuel Pérez Álvarez, presidente del Consello Económico Social de Galicia, quien participó en la apertura de la jornada.
El secretario general de la UCGAL, Miguel López, advirtió de que la AP-9 se convirtió en un símbolo de discriminación territorial, al mantener un sistema de peajes creciente en una infraestructura esencial para Galicia y sin alternativas reales para miles de personas usuarias.
Según explicó, la persistencia de los peajes en la AP-9 no responde a una fatalidad económica ni una imposición técnica, sino a decisiones políticas adoptadas a lo largo del tiempo. "Galicia no pide privilegios; pide el mismo trato que ya recibieron otros territorios del Estado", afirmó.
Una de las autopistas más caras del Estado
La AP-9 es el principal eje viario de Galicia y soporta el mayor volumen de tráfico de todas las autopistas del Estado.
Según los datos más recientes, supera los 2.130 millones de kilómetros recorridos en un año y presenta una intensidad media superior a los 26.500 vehículos diarios, con cifras mucho más elevadas en los tramos metropolitanos.
A pesar de esta elevada utilización, las tarifas continúan aumentando. Solo desde el año 2022, los peajes acumulan un incremento superior al 25%, muy por encima de la evolución del coste de la vida en Galicia.
Este incremento responde a la aplicación del sistema de revisión anual de las tarifas previsto en el contrato concesional, que incorpora diferentes componentes adicionales al IPC, incluyendo mecanismos de compensación, recargos vinculados a la financiación de obras o reequilibrios económicos del contrato.
Beneficios empresariales elevados
Mientras los peajes continúan aumentando, la concesionaria AUDASA mantiene beneficios elevados y recurrentes. En los últimos ejercicios, el beneficio neto se situó alrededor de los 85-90 millones de euros anuales, con un incremento significativo respecto a años anteriores.
Según los datos expuestos durante la presentación, esta rentabilidad resulta especialmente significativa en una infraestructura que ya amortizó la inversión inicial hace décadas y que continúa generando elevados ingresos.
Además, se estima que el mantenimiento de los peajes en la AP-9 detrae de la economía gallega más de 150 millones de euros al año, recursos que podrían destinarse al consumo y a la actividad económica del territorio.
Una concesión cuestionada por la Unión Europea
Otro de los elementos centrales del debate es la prórroga de la concesión hasta el año 2048, aprobada en el año 2000.
En julio de 2025, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado dentro de un procedimiento de infracción contra España al considerar que esa ampliación podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea al tratarse de una modificación sustancial de la concesión sin nueva licitación pública.
Según la tesis de Bruselas, una ampliación de un contrato de esta magnitud debería haber sido sometida a concurso público, por lo que la legalidad de la prórroga está ahora bajo análisis.
Las demandas de la iniciativa
La iniciativa se articula alrededor de tres reivindicaciones principales dirigidas al Gobierno: el traspaso inmediato de la titularidad de la AP-9 a Galicia, en coherencia con la voluntad expresada por el Parlamento gallego; el rescate de la concesión actual, con el objetivo de poner fin a un modelo que continúa garantizando elevados beneficios privados en una infraestructura ya ampliamente amortizada; y la anulación de las subidas abusivas de los peajes, abriendo además un horizonte real de gratuidad para una vía considerada esencial para la movilidad y la cohesión territorial de Galicia.
