Espectáculo de la Batalla Naval, que se celebra el 15 de agosto.
El sector de la pirotecnia en Galicia alza la voz: pérdidas por las cancelaciones derivadas de incendios
La asociación que engloba a la mayoría de trabajadores del sector insiste en que no pueden considerarse culpables de los incendios
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El sector pirotécnico de Galicia alerta de un momento crítico por las suspensiones masivas de espectáculos que se están registrando en agosto y septiembre en toda España, a pesar de la reducción del riesgo de incendios tras la llegada de las lluvias.
La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) advierte de que la oleada de cancelaciones está generando un daño económico de gran magnitud y compromete la viabilidad de muchas empresas, la mayoría pequeñas y con fuerte arraigo local.
Según un sondeo realizado por la propia asociación, Galicia es la comunidad más afectada por las anulaciones, seguida de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Asturias.
Solo en la segunda quincena de agosto se cancelaron unos 300 disparos, lo que supone pérdidas millonarias en un sector que concentra el 80% de su actividad entre julio y septiembre.
La mitad de las compañías pirotécnicas se ubica en municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que multiplica el impacto sobre la economía local.
Aepiro defiende que la pirotecnia no puede considerarse responsable de los incendios forestales.
Los datos de la Estadística General de Incendios Forestales muestran que entre 2018 y 2022 los fuegos artificiales apenas provocaron entre el 0,02 y el 0,1% de la superficie quemada, y en 2023 no causaron ningún incendio en zonas arboladas.
La asociación subraya que la actividad está sometida a una estricta regulación y que los espectáculos urbanos o marítimos no representan riesgo para el monte.
Con un impacto económico inducido superior a los 2.000 millones de euros anuales y unos 50.000 empleos indirectos, el sector denuncia que está siendo convertido en un chivo expiatorio en plena temporada alta y reclama seguridad jurídica para evitar más suspensiones arbitrarias.
