Así quedó la casa Carnicero de Oleiros tras el incendio.
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Fiscalía solicita más de un año de prisión para Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros (A Coruña)
También pide esta pena para un arquitecto municipal al considerarlo cooperador necesario en el proceso que acabó con el derribo de Casa Carnicero en la Nochevieja del año 2000
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La Fiscalía solicita un año y tres meses de prisión para Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros (A Coruña) tras apreciar un presunto delito contra el patrimonio histórico en relación al derribo del edificio de Casa Carnicero, en un proceso donde también se ha procesado al arquitecto técnico municipal en calidad de cooperador necesario.
Del mismo modo, solicita que se imponga una multa de 50 euros diarios durante 18 meses, y una inhabilitación de doce meses para ejercer cargos o profesiones relacionadas con la Administración Pública. Pide también que ambos abonen el coste de la demolición, tasada en 8.589,16 euros , y que abonen una indemnización al Concello por el coste de rehabilitación, teniendo en cuenta la pérdida de valor histórico y artístico.
Así, el Ministerio Fiscal, cree que ambos hicieron todo lo posible para que el día de Nochevieja del año 2020 la empresa Construcciones López Cao ejecutase una "demolición completa" que infringía la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia y el Plan General de Ordenación Municipal de Oleiros.
Querían donar el inmueble al concello de Oleiros
En el escrito de fiscalía, se relata que los propietarios de Casa Carnicero manifestaron en 2019 su intención de ceder el inmueble al Concello. En 2020, Oleiros elaboró el informe jurídico para poder aceptar la donación, firmando el decreto necesario para ello al término del año.
En medio de todo este proceso, el 16 de julio de 2020, el inmueble sufrió un gran incendio. Al día siguiente "el arquitecto municipal realizó una visita de inspección y redactó un primer informe en el que describía los graves daños e hizo constar que resultaba urgente el apuntalamiento de la fachada mediante andamiaje estructural, colocar una red de fachada que contuviera los pequeños escombros que cayeran a la vía pública y vallar el contorno de la vivienda y de la acera situada en el frente".
Con posterioridad, el 27 de julio, emitió un nuevo informe para iniciar la declaración de ruina económica y técnica. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó en agosto las obras de urgencia para rehabilitarlo, pero no la demolición. El Concello notificó el 30 de diciembre un decreto "con el fin de dar apariencia de legalidad" que remitió a la administración autonómica a las 14:40, fuera del plazo de atención al público y en vísperas de un día no hábil con un puente festivo. De esta forma, no pudo tener conocimiento de este hecho hasta que ya estaba ejecutada la demolición, concluye el escrito de la fiscal, una actuación no autorizada por Patrimonio.
El 31 de diciembre de 2020, día de la ejecución, el arquitecto, que asumió la responsabilidad de la obra, elaboró un informe en el que se constataba la caída de cascotes en la acera y carretera.
