Aún así, ha bastado para colocar al líder de Izquierda Unida de nuevo en una situación complicada y tambalearle en su sillón ministerial. La oposición pide fervientemente su cabeza y al Gobierno no le sale rentable defenderle, en parte porque ven en él a un compañero de viaje impuesto únicamente por las cuotas del reparto ministerial. Incluso ha perjudicado a su partido, Unidas Podemos, que en la última encuesta del CIS -publicada este jueves y elaborada en plena polémica de la carne- cae seis décimas.

Y si todo esto puede suceder, a pesar de que realmente no arremetió contra la carne española como tal, es por una cuestión clave: el Ministerio de Consumo, al igual que los productos que regula, tiene fecha de caducidad. No es sólo que haya nacido de partir una cartera en tres, es que el suyo es el ministerio con menos presupuesto, que las medidas exentas de polémica tienen una visibilidad nula, que sus grandes misiones -como la de atajar la problemática del juego- no se han cumplido y que, además, es de todos el ministerio que menos medidas ha aportado en el Consejo de Ministros.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón. EFE

EL ESPAÑOL | Porfolio ha indagado en las referencias de los 123 Consejo de Ministros que se han celebrado desde que ocupó la cartera hace dos años y el de Garzón es el que menos medidas ha presentado de todos. Durante 2020, al margen de los nombramientos, sólo presentó un acuerdo y dos reales decretos, con los meses de pandemia sin ninguna actividad a pesar del crecimiento del juego en línea. En 2021 hizo más, aunque siempre menos que otros ministerios considerados menores como Derechos Sociales o Universidades, pero llegó a pasarse varios meses, de febrero hasta junio, con las manos absolutamente vacías.

Ello no tiene por qué significar una falta de voluntad de trabajo, sino que el propio ministerio está vacío de competencias y presupuesto a causa de la separación ministerial -antes estaba integrado en el Ministerio de Sanidad-. Y a algo así debe de referirse el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al decir de Garzón que "cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo". Porque, esta semana, mientras la polémica sigue pidiendo su cabeza, Consumo ha respondido con una campaña publicitaria sobre cómo utilizar bien los táper con los que la gente lleva su comida al trabajo.

El artículo de la polémica publicado el 26 de diciembre en 'The Guardian'.

Pocos logros y proyección

El 13 de enero de 2020 la suerte de Alberto Garzón cambió para siempre. Él, que lideraba Izquierda Unida, un partido con más gloria pasada que votos en la actualidad, estaba ahora en la primera división, al lado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey, a quien siempre había llamado "el ciudadano Borbón". Las diferencias ideológicas, entonces, pasaron a un segundo plano. Tocaba hacer historia. Uno de los primeros comunistas en el Ejecutivo desde la democracia, junto a Yolanda Díaz, y además titular de una cartera, la de Consumo, que le iba a permitir batallar en algunos de los principales frentes morales de la izquierda: el combate contra el juego y la ludopatía que se ceba especialmente con la clase trabajadora y la defensa de los consumidores particulares frente a los gigantes de las grandes corporaciones que se sabían todos los trucos. Empezaba su partida.

Sin embargo, esa grandeza aspiracional tardó días en matizarse y en empezar a dar muestras de la situación de infertilidad en la que se encuentra hoy día. Durante los primeros meses de su mandato, nada pasó de las intenciones y, mientras otros ministerios se pusieron a prueba rápido con la crisis del coronavirus, desde Consumo las veían pasar. Al margen de los primeros nombramientos, la estructura del Ministerio de Garzón no se publicó en el BOE hasta el 28 de abril de 2020, cuando ya llevaba más de tres meses en el cargo, adquiriendo algunas competencias de Sanidad y de Hacienda.

Durante el resto de meses duros de la pandemia, Garzón ni estaba ni se le esperaba. Ello incluso a pesar de que había muchísimas dudas entre los consumidores del país. Por ejemplo, ¿si tenías una entrada para un concierto comprada y se había cancelado, a cargo de quién corría el gasto? ¿Y los vuelos, hoteles, y demás? ¿Si habías comprado algo recientemente y lo querías devolver, el plazo se ampliaba o te comías el producto?

Todas estas preguntas y muchas más, nimiedades en realidad, fundamentaron las preocupaciones de muchos consumidores que, al margen de ruedas de prensa tranquilizadoras, no tenían una normativa clara al respecto. No fue hasta julio que el Ministerio de Consumo desarrolló una web informativa, y se pasó el resto de meses de pandemia con las manos vacías, sin aportar más medidas en el Consejo de Ministros. Las primeras relevantes llegaron a finales de 2020, cuando ya había pasado casi un año desde la creación de la cartera.

Alberto Garzón durante su boda, que también generó polémica. GTRES

El primer Real Decreto que aprobó el Ministerio -al margen de nombramientos- llegó tan tarde como noviembre. Fue el de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, cuya elaboración había supuesto también su primera gran polémica, y primer desencanto entre su electorado de izquierdas, por presentar un primer borrador con medidas muy laxas. Zozobras aparte, era su principal caballo de batalla, el motivo de ser de su Ministerio y uno de los grandes lemas de la anterior campaña electoral.

Aún es pronto para considerar la medida un fracaso; porque si bien se aprobó en noviembre, no ha sido efectiva hasta mayo de 2021. Sin embargo, los datos no son nada alentadores. La crisis del coronavirus hizo que el juego online se disparara. La cifra de jugadores se puso en casi millón y medio, con un crecimiento del 8% respecto a 2019, las ganancias de las empresas aumentaron un 25% ese año y la cifra de negocios del sector aumentó hasta los 851 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Todo ello según los datos que maneja el propio Ministerio de Consumo. A falta de cifras consolidadas de 2021, el sector del juego en línea se mantiene esperanzado y confía en haber repetido la tendencia al alza durante el año pasado.

Parte de la complicación de apuntarse un tanto ha quedado bien reflejada en una polémica que se ha estado desarrollando estos días a causa de un contrato público del pasado mes de diciembre. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SEALE, ha suscrito un contrato de tres millones de euros con una compañía de publicidad para intentar atraer a gente más joven a los juegos estatales y convertir a jugadores ocasionales en habituales. Esto, que es contrario a todo lo que defiende Garzón, ha supuesto un gol por la escuadra del Ministerio de Hacienda, quien controla SEALE, y evidencia la limitada franja de actuación de la que dispone Consumo.

Al margen del juego, la actividad del Ministerio de Consumo ha sido algo mayor durante 2021. Según ha podido comprobar esta revista, Garzón ha llevó al Consejo de Ministros dos reales decretos, dos acuerdos, dos anteproyectos de ley, un informe y creó una comisión de coordinación para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición -algo que llegó un año tarde, en enero de 2021, y cuyo objetivo es paliar los efectos de haber partido el otrora Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social-. Sin embargo, a pesar de que el año pasado registró más actividad, la suya fue de nuevo la cartera menos productiva del Ejecutivo.

El gran problema del que nace todo ello radica en que el Ministerio está despojado de competencias relevantes. Por ello, las normas que lleva a cabo tienen poca visibilidad, escaso margen para sacar pecho político y además son bastante controvertidas, por lo que la imagen del Ministerio de Consumo sigue cayendo en esa sensación de que tiene fecha de caducidad y su ministro, Garzón, se convierte en el objetivo perfecto para desgastar al Ejecutivo.

De todas las medidas, sólo el Real Decreto que regula la seguridad y la higiene en la pequeña producción, algo que echó a los productores a la calle en 2020, ha contado con una buena acogida por parte del público. Las demás normas han ido a paso forzado. La normativa de defensa de los consumidores impulsada por el Ministerio ha sentado bien en cuanto a que, por ejemplo, ha aumentado el plazo de garantía obligatoria hasta tres años, entre otras cuestiones; pero ha caído mal en el sector de los fabricantes y de la distribución porque aseguran que no se les ha consultado y que hay obligaciones que consideran ridículas.

Algo parecido ha pasado con la esperada Ley de Servicios de Atención al Cliente, que desde el sector consideran poco práctica y desilusionante en cuanto a que era necesaria pero no está a la altura. Y también con el decreto sobre los derechos de autor, que llegó en noviembre de 2021 con cinco meses de retraso, da pie a la vuelta de Google News a España y, si bien algunos editores la han aplaudido, otra parte importante del sector ha lamentado la supresión de la gestión colectiva de tales derechos porque debilita al sistema en su conjunto.

El Ministerio, a marchas forzadas

Al margen de las escasas competencias que tiene Consumo, este limitado campo de acción se puede ver también en cifras económicas. En 2021 la cartera liderada por Alberto Garzón tenía un presupuesto asignado de los Presupuestos Generales del Estado de 46,6 millones de euros. Se trataba de la cifra más pequeña de todos los ministerios del Ejecutivo, dando cuenta de la poca relevancia que el Gobierno depositaba en él, y es especialmente llamativa al compararla con otras partidas: sólo Presidencia del Gobierno gastó la mitad del presupuesto de Consumo, 20 millones, en salarios para altos cargos.

Quién sabe si para reparar un agravio o por una repentina confianza crecida de la nada, este 2022 que nace la partida de Consumo ha subido y tiene asignados 65,7 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque lo cierto es que una parte importante del dinero viene del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regado con fondos europeos, y los principales aumentos son para combatir el juego en línea, según Moncloa, además de otras batallas como la defensa de consumidores y usuarios, el consumo de proximidad y la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. Todos ellos son asuntos ya tratados por el Ministerio y que no terminan de arrancar de manera efectiva.

Para realizar ese trabajo, el Ministerio de Consumo cuenta en la actualidad con 580 trabajadores, según la relación de puestos de trabajo disponible en el Portal de Transparencia del Gobierno. La mayoría de ellos, 480, son personal funcionario y los 100 restantes son personal laboral, contratados externos. En esta última categoría entran los altos cargos que no pertenecen a la Administración y los asesores. Y he ahí otro de los problemas a los que se enfrenta la cartera, en los asesores.

Todos los ministerios disponen de un número determinado de puestos de confianza que asesoran a los ministros sobre las cuestiones clave que entran en el paraguas de las competencias que tienen. Normalmente, estos puestos los ocupa gente de confianza del partido, pero con experiencia y conocimiento en esas áreas. En el caso de Consumo, según los datos a los que ha tenido acceso Porfolio, ni uno solo de los asesores que tiene Garzón es experto en las materias del Ministerio.

Alberto Garzón jura su cargo ante el Rey y el resto del Ejecutivo en enero de 2020. Moncloa

La mayoría de los asesores de Garzón son gente de partido, de Izquierda Unida o del PCE, e incluso hay políticos profesionales que han sido senadores o diputados de la formación y que ahora han encontrado un nuevo acomodo en el Ministerio. Entre sus áreas de experiencia, hay gente especializada en Historia del Arte, en Óptica o en Biología, pero nada que entre en lo que cabría esperar para una cartera como Consumo. Llama especialmente la atención la presencia de dos asesores provenientes del mundo del márketing, lo que explicaría las llamativas campañas que realiza el Ministerio, como la última del táper, pero con poca repercusión real.

Todos estos elementos van erosionando con el tiempo la imagen del Ministerio y cada vez son más las voces que se preguntan para qué sirve realmente y si fue una buena idea partir el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que existía antes en tres carteras por separado. Ni siquiera los funcionarios que trabajan ahí están convencidos de ello. "Aunque la cosa funciona mejor ahora que cuando empezó, el sentir general de los trabajadores es que ese paso no fue muy acertado", relata a EL ESPAÑOL | Porfolio un trabajador en el edificio del Paseo del Prado que alberga la sede de los tres.

Según cuenta, la partición ha generado una situación complicada en la que los esfuerzos se han triplicado. Más en el caso de Consumo, que tiene a los altos cargos en el edificio del Paseo del Prado y al resto de trabajadores en una oficina de la calle Alcalá. "Si bien la parte administrativa ha ido mejorando con el tiempo, todo tiene una burocracia innecesaria. Para pedir una sala de reuniones hay que coordinar las fechas y las agendas con tres ministerios y si se estropea una impresora se monta un guirigay tremendo para ver a quién le toca repararla, quién tiene que hacer las gestiones y a cargo del presupuesto de qué ministerio se cobra la reparación. Es un lío", comenta el trabajador.

La cabeza de Garzón

Es por todos estos elementos que el Ministerio de Consumo capitaneado por Alberto Garzón tiene fecha de caducidad. Nació de forma errática, sin competencias claras, como moneda de cambio por una investidura, y se ha desarrollado durante estos últimos dos años sin un objetivo claro ni logros que acumular en su haber. La polémica de la carne que aún se sigue desarrollando estos días no va a hacer que dimita, pero ha dado alas a la oposición para cargar contra una cartera que a muchos les cuesta creer necesaria.

El Partido Popular, al margen de las imágenes de su líder, Pablo Casado, criticando al ministro en una granja de ganadería extensiva como las que defiende el propio ministro, ha lanzado una ofensiva total para pedir el cese del coordinador federal de Izquierda Unida. Bajo el lema "Más ganadería, menos comunismo", al más puro estilo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el principal partido de la oposición tiene el objetivo de que se repruebe en todos los parlamentos españoles a Garzón y cuya ofensiva consistirá en mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos del país para "enseñarle la puerta de salida a Garzón y defender a los ganaderos", según las propias palabras de un portavoz del partido.

Dentro de esa caducidad que se ve en el Ministerio de Consumo, desde el resto del Gobierno no van a hacer un gran esfuerzo por defenderle. La ministra de Educación, Pilar Alegría, matizó las palabras de Garzón diciendo que las pronunciaba a título personal y esa misma línea siguió la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. La presión aumentó con el ministro de Agricultura, Luis Planas, diciendo que "esta polémica es lamentable porque pone en tela de juicio la actividad de gente honrada por la que vengo trabajando desde 2018" y Pedro Sánchez entró con un "lamento muchísimo la polémica y creo que con eso lo estoy diciendo todo".

A fin de cuentas, el presidente no puede cesar a los ministros de Unidas Podemos, porque así lo firmó en su acuerdo con Pablo Iglesias en enero de 2020, pero sí puede elevar la tensión y la presión sobre el ministro Garzón. Los únicos que le respaldan ya son los miembros de su partido, pero ni ahí tiene todas las cuentas ganadas a la espera de la batalla por el poder que se va a librar, antes o después, con Yolanda Díaz, quien aún no confirma que vaya a ser candidata en las siguientes elecciones generales y que es del Partido Comunista igual que él. Ahí la cuestión, quizás, ya no vaya sobre si el Ministerio de Consumo tiene fecha de caducidad o no, sino sobre si la tiene el propio Alberto Garzón.