Una anciana española. iStock
¿Quién cuidará de nosotros cuando seamos ancianos?
Vivimos más años, sí, pero también con más enfermedades crónicas, fragilidad, soledad y pérdida de autonomía.
Durante décadas, el gran miedo de nuestras sociedades era morir demasiado pronto. Hoy el gran riesgo es vivir muchos años… pero con una calidad de vida que requiera cuidados a los que no tengamos posibilidades de acceder.
Tengo la sensación de que todavía no somos plenamente conscientes de la magnitud del problema que se nos viene encima.
Ya conocéis el dicho que afirma: "Ante un problema, lo racional es solucionarlo; lo político, negar su existencia".
Y en este último método, nosotros somos unos auténticos profesionales.
Sobre todo en lo que se refiere o tenga que ver con el Estado de bienestar, donde sólo vemos obligaciones por parte del Estado y derechos para los ciudadanos (que presumimos que obtienen).
España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Eso es un éxito extraordinario de nuestras condiciones de vida (clima, dieta, etcétera), de nuestro desarrollo social y también de nuestro sistema sanitario.
Las manos de una anciana.
Pero existe una diferencia enorme entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable.
Vivimos más años, sí, pero también más años con enfermedades crónicas, fragilidad, soledad y pérdida de autonomía.
Y ahí es donde empieza una de las mayores amenazas para la sostenibilidad del Estado de bienestar. Sostenibilidad que, en verdad, se consigue a costa de no llegar a tiempo a cubrir las necesidades de las personas.
Porque la dependencia no es únicamente un problema sanitario o social. Es también un problema económico, familiar, laboral y emocional. En nuestro país nadie se arruina por el tratamiento de una enfermedad aguda. Pero sí por años de deterioro funcional de un padre, una madre o un familiar que necesita ayuda diaria para actividades básicas.
Y lo cierto es que el sistema público llega hoy tarde y mal en demasiadas ocasiones.
"Una parte enorme de los cuidados en nuestro país sigue descansando sobre cuidadores informales y las propias familias. Fundamentalmente mujeres, hijos y cónyuges"
Hace apenas unas semanas se conoció un dato demoledor: más del 63 % de las personas mayores de sesenta y cinco años con limitaciones severas en su vida diaria no recibe atención efectiva del sistema público de dependencia.
Otro dato también reciente: cien personas fallecen al día esperando recibir la prestación por dependencia.
De hecho, el informe recién publicado El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España, impulsado desde el ámbito académico y social, reconoce algo muy importante: una parte enorme de los cuidados en nuestro país sigue descansando sobre cuidadores informales y sobre las propias familias. Fundamentalmente mujeres, hijos y cónyuges. Personas que reducen jornadas laborales, abandonan empleos o reorganizan completamente sus vidas para poder cuidar.
El propio estudio estima que el valor económico de esos cuidados no remunerados equivaldría aproximadamente al 4% del PIB. Es decir, gran parte del sistema se sostiene hoy gracias al sacrificio silencioso de miles de familias.
Y eso ocurre antes incluso de que llegue plenamente el gran tsunami demográfico que tenemos delante. España afronta una de las mayores transformaciones poblacionales de Europa. Habrá más personas mayores, menos población activa y más situaciones de dependencia.
La presión simultánea sobre pensiones, sanidad y cuidados de larga duración será enorme.
Y aquí aparece la pregunta incómoda, la que nadie quiere escuchar: ¿de verdad alguien cree que el Estado podrá absorber por sí solo toda esa demanda futura de cuidados?
Sinceramente, parece poco realista. Y más cuando contemplamos la parálisis en la que se encuentra nuestra Administración.
Una trabajadora de una residencia acompañando a una mujer. EFE
Así, por ejemplo, todo el mundo sabe que existe un problema con el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y que eso requiere reformas en gestión, gobernanza y organización que serían imprescindibles para que fuera más eficiente. Esa eficiencia nos permitiría poder dedicar unos cuantos miles de millones de euros a otras necesidades sociales de la población.
Pero mientras en nuestro entorno se están produciendo reformas en los sistemas sanitarios de más de diez países (porque los problemas son más o menos comunes en todo el continente), aquí no parece que sea una posibilidad que se contemple seriamente. Aquí nos limitamos a ver las cosas buenas y a negar la existencia de las malas.
España necesita abrir un debate serio, maduro y honesto sobre el futuro de la dependencia. Porque el problema no es ideológico. Es demográfico. Es social. Y es matemático.
El mencionado informe sobre el derecho al cuidado plantea una ampliación muy importante del sistema público de dependencia, y estima que serían necesarios alrededor de 16.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para aproximarse a una cobertura suficiente.
Probablemente tenga razón en el diagnóstico de fondo: la dependencia debe convertirse en una prioridad social mucho mayor de la que es hoy.
Pero precisamente porque el problema es gigantesco, debemos asumir también otra realidad: incluso aumentando significativamente el gasto público, incluso haciendo que la Administración sea todo lo eficiente que debería, probablemente seguirá siendo imposible que el Estado cubra por sí solo toda la demanda futura de cuidados. No habrá suficientes recursos. No habrá suficientes profesionales. No habrá suficientes cuidadores.
Y posiblemente tampoco suficiente capacidad presupuestaria para responder a todo.
Hay que recordar que España es de los países que ya destina más porcentaje del PIB de toda la UE (un 17 %) a las pensiones, y subiendo. A lo que hay que sumar el incremento incesante de las necesidades sanitarias y, ahora, las necesidades sociales vinculadas a las mismas.
"Cualquiera que paga un seguro relacionado con su bienestar ahorra dinero para que otros que no tienen opción de hacerlo puedan tener alguna oportunidad. ¿Hay algo más redistributivo que eso?"
Por eso creo que el debate no debería centrarse únicamente en pedir más recursos públicos (que también), sino en cómo construir un modelo más sostenible, más realista y más resiliente.
Y ahí es donde aparece un asunto que en España sigue siendo casi tabú: la necesidad de promover de forma decidida los seguros de dependencia y otros mecanismos complementarios de previsión social. No para sustituir al Estado ni para desmontar el sistema público.
No para abandonar a nadie, sino para lo contrario.
Cualquiera que paga un seguro relacionado con su bienestar ahorra dinero para que otros que no tienen opción de hacerlo puedan tener alguna oportunidad. ¿Hay algo más redistributivo que eso?
Otros países europeos llevan años entendiendo esta realidad. Alemania, por ejemplo, implantó hace décadas un sistema específico de aseguramiento para dependencia. Mientras tanto, en España seguimos muchas veces atrapados en una ficción política: prometer más prestaciones sin explicar cómo se financiarán en una sociedad cada vez más envejecida y con menos cotizantes por pensionista.
El enfoque debería evolucionar profundamente. El Estado debe seguir garantizando una red pública básica y universal. Eso es irrenunciable.
Pero, además, debería facilitar activamente que los ciudadanos puedan protegerse adicionalmente si así lo desean. Con incentivos fiscales. Con productos transparentes y regulados. Con incentivos empresariales.
Y también con mucha más pedagogía social.
Porque la mayoría de la población ni siquiera es consciente del enorme coste económico que puede suponer una situación de dependencia mantenida durante años. Residencias, cuidadores, adaptación de viviendas, atención domiciliaria, apoyo sanitario o pérdida de ingresos familiares pueden generar un impacto económico gigantesco.
Promover mecanismos privados complementarios no debilita el Estado de bienestar. En muchos casos puede fortalecerlo, porque evita que familias enteras colapsen económicamente.
El verdadero fracaso del Estado de bienestar no será que existan mecanismos complementarios privados. El verdadero fracaso será que millones de ciudadanos lleguen a la dependencia sin apoyos suficientes, con familias exhaustas y sin capacidad de decidir cómo quieren vivir una etapa especialmente vulnerable de sus vidas.
Negar esta realidad puede resultar cómodo políticamente. Pero no resolverá el problema. Y el envejecimiento no espera.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
