Imagen de un Pleno del Senado.
¿Sirve para algo el Senado?
Que el Senado, como consecuencia de la polarización, haya perdido su capacidad de ser una cámara de búsqueda de consensos no significa que no tenga utilidad. La culpa no es de su diseño como institución, sino del ejercicio de las actuales mayorías de forma poco responsable.
La extraordinaria circunstancia originada en esta legislatura, con un Gobierno apoyado por diferentes partidos de izquierdas y un Senado con mayoría absoluta del PP, ha generado un interesante debate sobre su utilidad y sobre el uso que se hace de él.
Generalmente, en las democracias en las que el Parlamento, a través de sus mayorías, elige al presidente del Gobierno o al primer ministro, lo habitual es que esa mayoría parlamentaria de investidura se mantenga en el tiempo. De esta forma, la capacidad legislativa está alineada con el Gobierno.
Al mismo tiempo, la tarea de fiscalización parlamentaria al Ejecutivo se ve limitada por la falta de mayorías alternativas que faciliten acciones de control, como pueden ser las comisiones de investigación.
El caso de España es particular.
Es el Congreso de los Diputados quien elige presidente y donde se define la mayoría de investidura. Pero el Senado, que no participa en ese proceso, tiene también capacidad legislativa y de control al Gobierno. Y puede tener una mayoría política diferente.
La Constitución española atribuye al Senado —y al Congreso— las dos tareas fundamentales de legislar y fiscalizar el poder. Podría haber existido una sola cámara o haberse repartido las tareas de otra manera, pero se hizo así.
Es poco conveniente, para la consolidación de la democracia, hacer demagogia con el Senado, con su uso o con su utilidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado. Eduardo Parra / Europa Press
Además, como cámara territorial, el Senado tiene alguna tarea particular de gran trascendencia, como la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para la retirada de competencias a comunidades autónomas.
¿Qué papel tiene hoy el Senado en la tramitación de leyes?
El Senado tiene diferentes tareas legislativas: iniciativa, tramitación en segunda lectura, enmienda o veto de textos legislativos y participación en la aprobación de modificaciones de la Constitución Española, entre otras funciones.
Estas competencias legislativas operan a pleno rendimiento, aunque la mayoría absoluta la tenga el PP.
Es cierto que se aprueban muchos vetos y que se devuelven leyes al Congreso con enmiendas que posiblemente no gustan a grupos que no tienen mayoría en el Senado, aunque sí la tengan en el Congreso.
Pero esto no significa que el Senado no tenga utilidad ni que su tarea legislativa no sea adecuada por existir mayorías diferentes.
El Senado no tiene la función de aprobar lo que tramite el Gobierno o el Congreso, sino la de aprobar las leyes, enmiendas o vetos que determinen sus propias mayorías.
Otra cosa diferente es que el Senado, como consecuencia de la polarización política y de la forma en que se ejerce la actual mayoría, haya perdido su capacidad histórica para ser una cámara de búsqueda de consensos. De segunda lectura de verdad. De mejora de las leyes gracias a acuerdos sensatos entre grupos diferentes, fuera del foco mediático del Congreso de los Diputados.
Que esto se haya perdido es una pena. Pero no es un problema derivado de la regulación de la institución del Senado, sino del ejercicio de las actuales mayorías de forma poco responsable.
El interés por confrontar y por visibilizar la debilidad parlamentaria del Gobierno de España se sitúa muy por encima del objetivo de buscar acuerdos para mejorar la legislación del país.
"La actividad del Senado ha multiplicado esta legislatura su intensidad, fruto del interés del PP por visibilizar la debilidad parlamentaria del Gobierno"
Por poner una nota positiva, creo que es destacable el acuerdo alcanzado esta legislatura para nada menos que una reforma constitucional, que modificó la Carta Magna para tratar de forma digna a las personas con discapacidad.
¿Es útil para la gente el control al Gobierno que se está haciendo en el Senado?
La otra tarea principal del Senado es la fiscalización del poder, que se ejerce principalmente a través de preguntas al Gobierno, comparecencias, interpelaciones y comisiones de investigación.
La mayoría absoluta del PP frente a un Gobierno de coalición de partidos de izquierda ha provocado que el poder para tomar decisiones de control en la Cámara Alta se ejerza en su forma más amplia.
Sobre el papel, y más allá de los intereses partidistas de cada uno, contar con cámaras con mayorías alternativas podría considerarse una suerte democrática en términos de fiscalización del poder.
En otros países, disponer de una arquitectura institucional así se considera un pilar democrático. Son los famosos checks and balances en Estados Unidos o el parlamentarismo inglés o francés.
Que el Gobierno tenga la necesidad y el incentivo para alcanzar amplios acuerdos en la toma de decisiones, o que los parlamentos tengan poder real para controlar a los gobiernos, son elementos democráticos básicos.
Pero la adecuada arquitectura institucional y constitucional no tiene como consecuencia garantizada el óptimo desarrollo democrático. Con las mismas normas podemos tener comportamientos muy democráticos o todo lo contrario.
La democracia son normas y también son personas al frente de las instituciones. Si las personas actúan con lealtad institucional, el sistema democrático funciona con eficacia. En caso contrario, reina la demagogia y el populismo.
En estos casi tres años de legislatura, la actividad del Senado ha multiplicado su intensidad en comparación con cualquier otra etapa anterior, fruto del interés del PP por visibilizar la debilidad parlamentaria del Gobierno.
"Pese al comprensible escepticismo ciudadano general, las comisiones de investigación son un instrumento realmente útil para exigir responsabilidades e incomodar a quien haya ejercido el poder inadecuadamente"
Las comisiones de investigación están siendo las grandes protagonistas.
En las cuatro legislaturas anteriores del Senado hubo en total tres comisiones de investigación, todas en la legislatura de la moción de censura: una sobre la tesis de Pedro Sánchez, otra sobre aeropuertos y una última sobre financiación de partidos.
En los tres años de esta legislatura ya van siete comisiones de investigación (caso Koldo, CIS, SEPI, RTVE, etcétera).
Frente al comprensible escepticismo ciudadano general, yo soy muy favorable a las comisiones de investigación. Creo que son un instrumento realmente útil para exigir responsabilidades políticas, para fiscalizar a los gobiernos y para incomodar a todo aquel que haya ejercido el poder de forma inadecuada.
Quien haga algo mal en política debe saber que va a tener que pasar por allí a dar explicaciones públicas. Aunque a algunos no les guste, hay que dar la cara siempre.
![La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anuncia el plan de trabajo de la comisión sobre la crisis ferroviaria.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/27\/espana\/politica\/1003744186386_262160337_320x180.jpg"])
Pero la fiscalización parlamentaria debe tener una utilidad clara: evitar preventivamente la corrupción y la mala gestión, corregir la que haya sucedido y exigir responsabilidades políticas a quienes la hayan cometido.
Por desgracia, en muchas ocasiones esto no está sucediendo así.
Estamos viendo comisiones de investigación que no tienen sentido alguno, y cuyo objeto se puede controlar claramente en otras comisiones, como por ejemplo la del CIS.
También estamos viendo constantemente cómo, de forma demagógica y populista, se cita a declarar en estas comisiones de investigación a personas sin responsabilidad política alguna y que no presentan ningún interés en términos de prevención y lucha contra la corrupción.
Tenemos una muy buena arquitectura constitucional y parlamentaria en España y una vocación democrática profunda como sociedad. Pero no basta con eso.
Necesitamos personas al frente de las instituciones que ejerzan el poder con lealtad institucional, educación, respeto, transparencia y responsabilidad democrática.
*** Juan Lobato es senador y técnico de Hacienda del Estado.
