Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación empuñan armas mientras uno de ellos habla, en una imagen tomada de un video en redes sociales difundido el 7 de julio de 2022. Reuters
¿Por qué tiene nacionalidad americana el nuevo jefe del Cártel Jalisco?
Estados Unidos otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, sin importar la condición migratoria ni la residencia de los padres. Pero ¿tiene eso sentido?
Cuando murió el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (el más poderoso y violento de México), el Wall Street Journal informó de que su sucesor aparente es un ciudadano estadounidense.
Juan Carlos Valencia González, de cuarenta y un años, conocido como 'el 03', es hijastro del 'Mencho' y nació en California.
Su ascenso al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación complica los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para vigilarlo y eventualmente eliminarlo.
A diferencia de un extranjero, un ciudadano estadounidense goza de garantías constitucionales que limitan significativamente lo que el Gobierno puede hacer con él.
La pregunta obvia es ¿cómo tiene nacionalidad estadounidense el presunto nuevo jefe del cártel más poderoso de México?
Porque nació en suelo californiano, hijo de padres mexicanos con profundos vínculos con el crimen organizado. Su madre ha sido vinculada a actividades del cártel y su padre biológico fue líder del Cártel del Milenio antes de ser arrestado en 2003.
La policía de Jalisco, tras el abatimiento de 'El Mencho'. EUROPA PRESS
California no le preguntó nada a nadie. Bastó nacer ahí.
Esto sucede porque, desde hace más de un siglo, Estados Unidos otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, sin importar la condición migratoria o la residencia de los padres.
La práctica se basa en la decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 con un propósito muy específico: garantizar que los hijos de esclavos nacidos en suelo americano fueran reconocidos como ciudadanos plenos, después de que la infame sentencia Dred Scott de 1857 les hubiera negado ese derecho.
Era una medida de reparación histórica para una población que había sido esclavizada en ese mismo territorio durante generaciones. Nada más y nada menos que eso.
"El 9% de todos los nacimientos en Estados Unidos en 2023 (unas 320.000 personas) fueron hijos de madres indocumentadas o con estatus migratorio temporal"
Lo que nunca estuvo en la mente de quienes redactaron esa enmienda fue que, un siglo y medio después, se convirtiera en el fundamento legal para que turistas, visitantes temporales e inmigrantes ilegales pudieran garantizarles la ciudadanía a sus hijos con sólo cruzar la frontera en el momento adecuado.
Las dimensiones del fenómeno son considerables. Según el Pew Research Center, el 9% de todos los nacimientos en Estados Unidos en 2023 (unas 320.000 personas) fueron hijos de madres indocumentadas o con estatus migratorio temporal, sobre un total de 3,6 millones de nacimientos.
Y eso sin contar el llamado "turismo de parto", una industria organizada que merece algunos párrafos aparte.
Las islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico, a pocas horas de vuelo de China, se convirtieron desde 2009 en un destino privilegiado para madres chinas que llegan a dar a luz.
Ese año, la administración Obama implementó un programa de exención de visado para ciudadanos chinos que les permitía ingresar al territorio sin trámite consular.
El resultado fue previsible. En 2009 hubo menos de diez nacimientos registrados de madres chinas en las islas. Para 2018 eran casi seiscientos anuales, superando por primera vez el número de nacimientos de la población local.
Hay estimaciones que apuntan a que cientos de miles de ciudadanos chinos han obtenido o intentado obtener la nacionalidad estadounidense por esta vía, aunque las cifras exactas son discutidas.
Más de quinientas empresas en China ofrecen paquetes de turismo de parto, con alojamiento, atención médica y gestión de documentos incluidos. El negocio no podría ser más explícito.
La prueba más clara de que la interpretación expansiva de la enmienda nunca fue la intención original está en un caso que nadie discute. Los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en suelo americano no reciben la ciudadanía, precisamente porque sus padres no están sujetos plenamente a la jurisdicción estadounidense.
Si la enmienda fuera tan absoluta como sus defensores sostienen, ¿por qué esa excepción?
La respuesta es que la frase clave ("sujeto a la jurisdicción de los mismos") siempre implicó algo más que la mera presencia física en el territorio.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el día de su investidura poniendo fin a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes ilegales y visitantes temporales.
El 1 de abril, en una jornada histórica, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales en el caso Trump v. Barbara.
Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir personalmente a una audiencia del tribunal, algo sin precedente en la historia estadounidense. Estuvo sentado en la sala durante algo más de una hora y se retiró discretamente en cuanto terminó de hablar el procurador general del Gobierno, antes de que comenzara la defensa contraria.
Dibujo del juicio Trump v. Barbara. Reuters
Lo que escuchó no debe de haberlo complacido demasiado.
Una mayoría aparente de los jueces, incluidos los tres nombrados por el propio Trump (Gorsuch, Kavanaugh y Barrett), así como el presidente del tribunal, John Roberts, cuestionaron con dureza los argumentos de la administración.
Roberts marcó el tono desde temprano. Cuando el procurador general argumentó que "estamos en un mundo nuevo" desde que se aprobó la enmienda, Roberts le respondió secamente: "Es la misma Constitución".
Gorsuch preguntó cómo se sabría la nacionalidad del padre si los padres no están casados.
Barrett quiso saber cómo funcionaría el sistema en la práctica.
Jackson fue más directa aún: "¿Vamos a citar a embarazadas a declarar?".
Son preguntas legítimas sobre la implementación, no necesariamente sobre el fondo.
Pero el tono general de la audiencia sugiere que el Tribunal podría fallar en contra del Gobierno en este caso, al menos en su forma actual. La decisión se espera para principios del verano.
Pero la discusión legal, por fascinante que sea, no debería oscurecer la pregunta de fondo, que es esencialmente de sentido común. ¿Tiene alguna lógica que un país otorgue su ciudadanía (con todos los derechos y protecciones que eso implica) a personas cuya única vinculación con ese país es haber nacido accidentalmente en él, hijas de personas sin ninguna relación legal o permanente con el mismo?
Casi ninguna otra democracia del mundo lo hace así. Canadá y Estados Unidos son prácticamente las únicas naciones desarrolladas que mantienen el principio de ciudadanía por nacimiento sin restricciones; el resto exige algún vínculo adicional, como que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
El caso del nuevo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación es un ejemplo extremo, sin duda. La inmensa mayoría de quienes se benefician de la ciudadanía por nacimiento no son hijos de narcotraficantes, sino de personas comunes que simplemente aprovechan una política generosa hasta el punto de ser irrazonable.
Pero los casos extremos tienen la virtud de iluminar las contradicciones de una norma con una claridad que los argumentos abstractos no logran.
Cuando una política diseñada para reparar una injusticia histórica termina otorgándole garantías constitucionales al presunto jefe del cártel responsable de una parte sustancial del fentanilo que mata a decenas de miles de americanos cada año, algo claramente no está funcionando.
La decimocuarta enmienda fue uno de los grandes avances morales de la historia estadounidense. Merece ser preservada en su propósito original, no distorsionada hasta el punto de convertirse en su opuesto.
Si el Tribunal Supremo no lo ve así, el debate no habrá terminado: sólo habrá encontrado un nuevo comienzo.
*** Pablo Kleinman es empresario de medios de comunicación y presidente del Hispanic Jewish Endowment en Miami.
