Sergio Contreras, el día de su detención.
Zapatero en Venezuela: una "mediación" que blanquea la dictadura
La mediación internacional no debe convertirse en una forma de autotutela jurídica de los perpetradores de crímenes mientras se burlan de las víctimas reales.
El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en Caracas acompañando a Delcy y a Jorge Rodríguez en un contexto marcado por la tramitación de un proyecto de ley de amnistía general en la Asamblea Nacional venezolana.
Su presencia, conocida a través de informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, coincide con un proceso legislativo que ha generado una profunda preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas de graves violaciones del pasado reciente.
La ley de amnistía actualmente en discusión plantea la concesión de beneficios jurídicos a personas procesadas por hechos ocurridos desde 1999 en adelante.
Aunque el Gobierno de Venezuela presenta esta iniciativa como un instrumento orientado a la reconciliación política, diversas organizaciones especializadas han advertido de la ausencia de garantías efectivas de justicia, verdad, reparación integral, memoria histórica y no repetición, principios esenciales reconocidos por el Derecho internacional de los derechos humanos y por los estándares de la justicia transicional.
Lo que está en juego trasciende una mera medida de liberación de presos o de distensión institucional.
Según análisis jurídicos y de derechos humanos, la redacción actual del proyecto podría diluir responsabilidades sin una diferenciación clara entre delitos de carácter político y hechos que, conforme al Derecho internacional, no pueden ser objeto de amnistía, como los crímenes de lesa humanidad o las violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales.
Sergio Contreras, el día de su liberación.
Hasta la fecha, el debate parlamentario no ha incorporado mecanismos sólidos de participación de las víctimas ni procesos amplios de consulta a quienes han sufrido detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales o persecución política durante las últimas décadas.
En este contexto, la visita de Rodríguez Zapatero a Caracas está siendo interpretada por distintos analistas como una acción de respaldo político al proceso impulsado por el régimen venezolano.
Un proceso que no consigue ningún apoyo respetado, al tiempo que se produce en un momento de especial exposición mediática y cuestionamiento público de Zapatero en España, tras la publicación reciente de diversas informaciones periodísticas relativas a controversias y procedimientos judiciales que forman parte del debate público.
Desde esta perspectiva, algunas lecturas periodísticas consideran que el viaje podría contribuir a reforzar su perfil internacional como mediador, una interpretación legítima dentro del marco del pluralismo democrático.
Paralelamente, sectores de la oposición democrática venezolana, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han expresado críticas y preocupación ante el uso político de esta mediación, al considerar que podría contribuir a legitimar internacionalmente un proceso legislativo que prioriza el cierre político del conflicto por encima de los derechos de las víctimas.
Estas voces subrayan la ausencia de mecanismos transparentes que garanticen que la amnistía no derive en la eliminación de responsabilidades por crímenes graves o sistemáticos.
Conviene recordar que, conforme a la jurisprudencia internacional y a los estándares consolidados en materia de amnistías, ninguna norma interna puede eximir de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves de derechos humanos, ni sustituir procesos genuinos de justicia transicional por fórmulas de olvido institucional.
![La Asamblea Nacional de Venezuela.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/05\/actualidad\/1003744118939_261282744_320x180.jpg"])
Las amnistías que ignoran la verdad, la reparación y las garantías de no repetición resultan incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado venezolano, incluidas las derivadas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Como defensor de derechos humanos y víctima de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, reitero que la sociedad civil, las víctimas y los mecanismos internacionales de protección deben ser escuchados y considerados en cualquier proceso con impacto en la justicia transicional.
La mediación internacional no debe convertirse en un instrumento que favorezca la impunidad ni el borrado de responsabilidades históricas, ni en una forma de autotutela jurídica de los perpetradores de crímenes mientras se burlan de las víctimas reales.
*** Sergio Contreras es defensor de Derechos Humanos y ex preso político venezolano.