Europa debe condenar el terrorismo del régimen iraní

Designar al IRGC como organización terrorista no es un gesto simbólico.

Significa congelar activos, impedir movimientos financieros, limitar redes de influencia y enviar una señal inequívoca de que la Unión Europea no tolera el terrorismo, venga de donde venga. Significa proteger nuestras instituciones y defender nuestros valores con hechos, no sólo con palabras.

Irene Montero, durante la presentación de su candidatura a presidir la Eurocámara, en 2024 en Estrasburgo. Parlamento Europeo

Hoy sabemos que un número creciente de Estados miembros apoya finalmente esta designación, indignados por la escalada de represión contra el pueblo iraní. Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria o Portugal han entendido que no se puede combatir el terrorismo con medias tintas ni con ambigüedades diplomáticas.

Reconocen lo evidente: el IRGC no es una fuerza militar convencional, sino el núcleo duro de un sistema que financia milicias armadas, organiza operaciones clandestinas, persigue a la oposición, promueve el extremismo ideológico y actúa como brazo ejecutor de la represión más brutal dentro de Irán.

Pero también sabemos que persiste una oposición insistente por parte de algunos, entre ellos el Gobierno de España. Y esta resistencia es políticamente inaceptable y moralmente indefendible.

Mientras el régimen iraní encarcela, tortura y ejecuta a ciudadanos que reclaman libertades básicas; mientras organiza redes de influencia en Europa; mientras apoya a grupos armados que amenazan la estabilidad de Oriente Medio, algunos gobiernos europeos siguen refugiándose en la prudencia diplomática, en los tecnicismos jurídicos o en el miedo a una supuesta escalada de tensiones.

Ese discurso ya no es creíble. No es prudencia: es inacción. No es equilibrio: es debilidad.

La línea roja se ha desplazado demasiado. Cada día que pasa sin designar al IRGC como organización terrorista, la Unión Europea envía un mensaje de ambigüedad a quienes combaten la libertad dentro y fuera de Irán. Un mensaje de que la firmeza europea tiene límites cuando entran en juego los cálculos políticos internos.

Y aquí es donde la situación española resulta particularmente preocupante.

"La designación del IRGC como organización terrorista no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de seguridad, coherencia y respeto a los iraníes que luchan por un futuro libre"

¿Por qué el Gobierno de España sigue bloqueando esta decisión estratégica?

¿Por qué se sitúa en el lado de la parálisis cuando la seguridad europea y la coherencia moral de la Unión están en juego?

La pregunta es legítima: ¿es el Gobierno español rehén de sus propios socios? ¿Está condicionado por quienes durante años han mostrado una inquietante tolerancia política y discursiva hacia el régimen iraní?

No se trata de acusaciones gratuitas, sino de hechos políticos conocidos. Durante años, sectores de la izquierda radical española han relativizado la naturaleza del régimen iraní, han justificado su discurso antioccidental y han mirado hacia otro lado frente a su política de represión y exportación de violencia.

Es público y notorio que determinados proyectos mediáticos (y luego políticos) vinculados a estas corrientes recibieron financiación procedente de estructuras próximas al régimen de los ayatolás. En España, el caso de Podemos es por todos conocido.

Y esa herencia pesa hoy como una losa sobre la política exterior de algunos gobiernos y condiciona su credibilidad internacional.

La designación del IRGC como organización terrorista no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de seguridad. Es una cuestión de coherencia. Es una cuestión de respeto a las víctimas del terrorismo y a los ciudadanos iraníes que luchan por un futuro libre.

Negarse a dar este paso equivale a legitimar, de facto, la estrategia de intimidación y violencia de Teherán.

"Europa debe elegir: o se alinea claramente con quienes luchan por la libertad y la seguridad, o se convierte en un espectador pasivo del avance de los regímenes autoritarios"

El Parlamento Europeo lo ha dicho alto y claro en numerosas ocasiones. Hemos advertido que el IRGC no sólo opera en Oriente Medio, sino que también actúa en suelo europeo mediante redes de influencia, financiación opaca y estructuras indirectas de presión política y mediática.

No estamos ante un actor lejano: estamos ante una amenaza que se infiltra en nuestras propias democracias.

Europa no puede permitirse ser ingenua. No puede defender la democracia en discursos solemnes y traicionarla en la práctica por miedo al conflicto diplomático.

Si la Unión Europea quiere ser un actor geopolítico creíble, debe demostrar que está dispuesta a llamar terrorismo al terrorismo, incluso cuando el agresor es un Estado.

Por eso resulta indignante que, después de años de trabajo parlamentario, de informes, advertencias y un consenso político cada vez más amplio, algunos gobiernos sigan frenando una decisión que es tan necesaria como urgente. No hay justificación técnica que resista el análisis político.

Europa debe elegir: o se alinea claramente con quienes luchan por la libertad y la seguridad, o se convierte en un espectador pasivo del avance de los regímenes autoritarios. No hay una tercera vía. La ambigüedad beneficia siempre al agresor.

Desde el Parlamento Europeo seguiremos exigiendo esta decisión. Seguiremos señalando las contradicciones y denunciando a quienes, por cálculo político interno o por dependencia de alianzas incómodas, impiden que Europa actúe con la firmeza que exige la historia.

Porque la verdadera pregunta ya no es si debemos designar al IRGC como organización terrorista, sino cuánto más está dispuesta Europa a tolerar la inacción antes de asumir las consecuencias de su propia debilidad.

*** Antonio López-Istúriz es eurodiputado miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos.