Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
El Gobierno se lo pone más difícil a los becarios
El Estatuto del Becario no garantiza los derechos de los jóvenes: los infantiliza y además los segrega. El resultado será el contrario al deseado: menos oportunidades para los que más las necesitan.
El nuevo Estatuto del Becario que el Gobierno de España ha anunciado es una de esas normas que suenan bien sobre el papel, pero que en la práctica van a destruir justo lo que dicen querer proteger.
Nunca un proyecto de ley había conseguido perjudicar a todos sus actores al mismo tiempo: estudiantes, universidades y empresas.
Una norma que, bajo la apariencia de progreso, sólo añade rigidez, burocracia y desconfianza.
Se presenta como una forma de garantizar derechos a los estudiantes en prácticas. Pero lo que va a garantizar, de verdad, es que cada vez más las empresas seleccionen con lupa qué tipo de becario quieren incorporar.
Un becario no es un trabajador más. Es un estudiante que, por obligación, necesita realizar prácticas para poder obtener su título universitario. Y las empresas, que dedican tiempo, recursos y personal para formarlos, están haciendo, nos guste o no, un favor a la universidad y al propio alumno.
Pero ahora se pretende regular ese proceso casi como si fuera una relación laboral, imponiendo condiciones y restricciones absurdas, como que el becario sólo pueda realizar tareas "directamente vinculadas" a su carrera.
En la vida real eso no existe. Nadie hace sólo lo que figura en su título universitario.
Una becaria con su tutora
Todos, especialmente al principio, aprendemos haciendo de todo: preparar presentaciones, revisar informes, atender reuniones, montar salas, archivar documentos o colaborar en proyectos menores.
Precisamente, ese aprendizaje transversal es el que enseña cómo funciona una empresa y desarrolla competencias reales: iniciativa, criterio, adaptabilidad.
Y aquí está el gran error y la gran hipocresía de esta ley.
En cada clase/promoción universitaria, todos sabemos que hay distintos tipos de estudiantes: los brillantes, los que avanzan a un ritmo medio y los que necesitan más tiempo porque les cuesta más, no siempre por falta de esfuerzo, sino por madurez, capacidad, circunstancias personales o simplemente por un ritmo distinto de aprendizaje.
Los brillantes no necesitan ninguna ley. Las empresas se los rifan incluso cuando están en sus primeros años de carrera, porque ven en ellos talento y potencial y quieren asegurarse de poder contratarlos más adelante.
Los intermedios, con más o menos esfuerzo, acaban encontrando su sitio.
Pero aquellos que aprenden a otro ritmo, aquellos que necesitan más tiempo, más acompañamiento o una guía más práctica, que son precisamente los que hay que apoyar y el Gobierno dice protegerlos… en realidad son a los que está condenando a quedarse fuera del sistema.
Y lo más injusto es que muchos de esos alumnos que no destacan especialmente en la universidad son, en cambio, los que brillan cuando entran en una empresa. En un entorno laboral descubren que sirven, que tienen iniciativa, creatividad, que se implican, que ayudan a los demás, que lo que hacen sirve y que entienden la dinámica real del trabajo.
"Este Gobierno, en su empeño por legislarlo todo, está matando el aprendizaje, la iniciativa y la oportunidad"
A menudo son jóvenes espabilados, con sentido práctico, generosos y con una capacidad enorme para integrarse, apoyar y aprender de la experiencia. Gracias a esas prácticas en esa empresa, muchos de ellos encuentran su vocación, ganan confianza en sí mismos y hasta mejora su rendimiento académico porque por fin entienden "para qué sirve lo que estudian".
Y son precisamente este grupo de jóvenes universitarios los que esta ley va a dejar fuera.
Hasta ahora, esos jóvenes —que quizá no eran los primeros de la clase, pero tenían ganas de aprender— podían entrar en una empresa, demostrar su valía y formarse con tiempo.
Hoy, con esta regulación, si se aprueba, muchas empresas dejarán de ofrecerles prácticas por miedo, por papeleo o por coste. Y esos estudiantes, los más vulnerables, no solo quedarán fuera del mercado laboral, sino incluso fuera de la universidad, al no poder completar sus estudios.
Quienes hoy tenemos cincuenta o más años empezamos sin red, sin estatutos, sin manuales y sin "protección", sin que nadie nos envolviera en plástico de burbujas. Hacíamos de todo. Aprendimos trabajando, observando, metiendo la pata, levantándonos y volviendo a intentarlo, haciéndonos valer por nuestro esfuerzo y sacrificio, por nuestras aportaciones. Eso nos hizo más completos, más resistentes, más empleables.
Nadie nos tuvo que proteger: nos enseñó la realidad, no la ley.
Este Gobierno, en su empeño por legislarlo todo, está matando el aprendizaje, la iniciativa y la oportunidad.
Y lo más cruel es que los jóvenes que más lo van a sufrir son precisamente aquellos que dicen querer proteger.
Porque los brillantes no necesitan esta ley.
Y los que necesitan más tiempo, más acompañamiento y más oportunidades, con esta ley directamente no tendrán ninguna.
Y aquí surge la gran paradoja: en esta época en la que se habla sin descanso de diversidad, este Gobierno aprueba una norma que ignora las distintas formas de aprender, de madurar y de crecer personal y profesionalmente.
El Estatuto del Becario no protege a los jóvenes: los infantiliza y además los segrega.
El resultado será el contrario al deseado: menos oportunidades para los que más las necesitan.
Si de verdad queremos ayudar a los jóvenes, hagámoslo facilitando su acceso a las prácticas, al "mundo real", incentivando a las empresas a que los integren y los formen y reconociendo su esfuerzo. No castigando con burocracia o rigidez a quienes todavía están aprendiendo.
*** Mónica Vázquez es fundadora y managing partner de MV Executive Search.
