¿Servirá para algo el pacto de Estado climático?

Su perspectiva está libre de cualquier ideología y llena de pragmatismo. Luchar contra un fenómeno constatado por los científicos a nivel mundial es un objetivo abstracto.

Mucho más concreto es evitar en las proximidades de los núcleos de población cualquier exceso de combustible vegetal. Mantener los cortafuegos y limpiar los montes sin exacerbar la restauración de la naturaleza hasta el punto de generar amenazas locales (para personas, bienes y medio ambiente).

Por supuesto, no se olviden de identificar y denunciar a los pirómanos delincuentes.

Lugareños intentan apagar un incendio forestal.

¿Fueron antes los incendiarios o el CO2? Claro que el calentamiento global ha incrementado los riesgos, pero la respuesta normativa y las políticas públicas no se han enfocado en la dirección correcta. Ni a nivel europeo, ni en nuestro país.

Una lectura atenta de los textos legales sobre cambio climático muestra pronto las pocas referencias al peligro de incendio.

Así, durante los últimos veinte años, no ha habido cambios significativos en la regulación europea de la prevención del fuego. La desconexión de este riesgo con los documentos europeos sobre cambio climático es significativa, así como la falta de modificaciones o mayores previsiones sobre la necesidad de reforzar o actualizar los medios.

"Los legisladores no asumen la utilidad de los gobiernos locales, cuyas capacidades de prevención deberían tenerse más en cuenta"

La ley europea del clima aprobada en 2021 reconoce en su considerando quinto que “es necesario abordar los crecientes riesgos para la salud relacionados con el clima, incluidas las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones de mayor frecuencia e intensidad”.

En el articulado, en cambio, sólo se marcan objetivos de neutralidad climática, no medidas para prevenir los incendios. Similar impresión produce la legislación española.

Tampoco asumen los legisladores el papel de los gobiernos locales, cuyas capacidades de prevención deberían tenerse más en cuenta.

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En mayo de 2023, tras el incendio en la comarca de las Hurdes en el que ardieron miles de hectáreas, la confederación de grupos ecologistas Ecologistas en Acción denunció a todos los alcaldes de la vera por incumplir las normas de prevención del fuego.

La pasividad en la implantación de planes periurbanos de incendios forestales (que deberían haberse aprobado por exigencia legal entre 2007 y 2011) fue la razón esgrimida para interpelar en los tribunales y en medios de comunicación a responsables públicos también perjudicados por el fuego.

Alcaldesas y alcaldes sufren en primera línea cuando se quema el término municipal. Además de amenazar los bienes y la seguridad de los vecinos, los efectos de corto, medio y largo plazo son devastadores, así que ¿quién no querría evitarlo?

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Aquellos que representan a los habitantes de las zonas rurales son algunas de las personas más consternadas durante y tras los incendios. Nadie puede dudar por tanto de su total voluntad de hacer cuanto esté en su mano para evitar estos daños.

Ahora bien, ¿realmente las leyes y la organización administrativa ponen a su disposición competencias, recursos y medios para realizar este propósito?

Lamentablemente, no. Tienen las manos atadas.

Para prevenir los incendios hay que acercarse a la tierra, a los pueblos, al monte. No sirve mirar al cielo e invocar mantras manidos que explican la peligrosa deriva de mucha gente. Porque cada vez son más quienes aborrecen la legislación ambiental.

*** Ricardo Rivero es catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Salamanca.