Pedro Sánchez.
Acabar con las universidades privadas: el peor momento para la peor idea
El sistema universitario español (en sus vertientes pública y privada) tiene ante sí la ocasión perfecta para doblar el número de jóvenes capaces venidos de Hispanoamérica.
Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la creación de "chiringuitos" universitarios en España producen estupor y perplejidad al menos por tres razones.
Primera, sus ministerios son responsables de la aprobación de textos legales y reglamentarios que han favorecido la multiplicación de estas iniciativas por todo el territorio nacional.
Segunda, Pedro Sánchez se prodigó dando clases (y doctorándose) en una de estas universidades.
Y tercera, su análisis demuestra falta de atención hacia el contexto más reciente, que corrobora el acierto de sus promotores y de los gobiernos regionales que las autorizan.
Vamos por partes.
Hace dos años se aprobó una reforma universitaria cuya norma de cabecera es la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Las prioridades de sus redactores no coincidieron con las reclamaciones de muchos responsables educativos, así que siguen pendientes asuntos de gran importancia para la universidad, como la financiación, la gobernanza, la calidad de la docencia o la internacionalización.
Los "detalles" se dejaron para después, una vez se lograron los votos catalanes para desintegrar el sistema español y los de los populistas de izquierdas para ideologizar los campus universitarios.
Antes se había dictado un real decreto de creación de centros, que es el marco normativo para las universidades privadas. La decisión de sacar de la ley este capítulo resulta significativa.
"Los grupos empresariales y la Iglesia tienen derecho a emprender proyectos en la educación superior"
El largo período concedido para la adaptación también demuestra la renuncia a priorizar lo público sobre lo privado en el sistema universitario.
El resultado (durante los gobiernos de Pedro Sánchez, no antes) ha sido el denunciado hace poco por el presidente. Las reclamaciones, a sus ministros.
Creo que es legítimo que el presidente diera clases en una de las universidades madrileñas que se benefician de este régimen tan permisivo. Aunque a veces la ingratitud sea parte de la condición humana, para ser honrados sirve la empatía.
También en la universidad pública trabajamos profesores que comprendemos el modelo constitucional respetuoso con la iniciativa privada en la educación. Negarlo es desconocer parte del pacto de 1978.
Universidad Rey Juan Carlos.
Los grupos empresariales y la Iglesia tienen derecho a emprender proyectos en la educación superior, uno de los ámbitos de mayor interés para el presente y el futuro de nuestros jóvenes y de todas las personas que quieran seguir formándose a lo largo de su vida. Las oportunidades de la oferta universitaria en una sociedad del conocimiento son exponenciales, así que restringir el crecimiento no parece la mejor idea.
Limitar la iniciativa privada, además, es una estrategia mucho menos acertada hoy, cuando las fronteras académicas de los Estados Unidos parecen cerrarse para visitantes internacionales.
El sistema universitario español (en sus vertientes pública y privada) tiene ante sí la ocasión perfecta para doblar el número de jóvenes capaces venidos de Hispanoamérica. Esa cifra, aun modesta para lo que podría ser, justificaría por sí misma cada nueva iniciativa que se sustentara con sus propios recursos.
España cuenta con excelentes universidades públicas y privadas, algunas muy antiguas y otras muy recientes. La inversión en educación superior se ha demostrado hasta ahora una idea acertada. Por eso hay quien ha decidido arriesgar sus capitales en esta línea, cuyos frutos benefician a toda la sociedad.
Al Gobierno le compete defender a las universidades españolas. Desde la primera hasta la última.
*** Ricardo Rivero es catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Salamanca.
