Un futuro para nuestros autónomos

Pero, aunque lo sabemos, a veces se nos olvida que los autónomos representan una parte muy importante del tejido empresarial y que son creadores de empleo y de riqueza. 

Por eso los servidores públicos tenemos que trabajar para ofrecer soluciones y facilidades a aquellos que se pasan su vida trabajando, creando valor y empleo. Debemos trabajar para que no se vean en una situación de vulnerabilidad cuando llegan a la jubilación, cuando son padres o tienen que darse de baja por un accidente o por enfermedad. Ellos también merecen la protección que poseen los trabajadores por cuenta ajena. 

Lamentablemente, el de los autónomos es un sector precarizado que tradicionalmente goza de menos derechos que el trabajador por cuenta ajena. De hecho, el actual debate acerca de la cotización sobre ingresos reales de los autónomos no es nuevo y siempre ha estado acompañado de una gran controversia, ya que chocan intereses enfrentados.

Por un lado, el de ligar o no las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. Y, por otro, el de incrementar los derechos de un colectivo que siempre se ha caracterizado por la insuficiencia de protección social en caso de desempleo, accidente, baja por enfermedad laboral o jubilación.

No se puede negar que en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) existen grandes diferencias respecto a los trabajadores asalariados. Los autónomos pagan una cuota mensual más baja, sí, pero las prestaciones por incapacidad laboral o la pensión de jubilación son mucho peores que las de los asalariados.

Este sistema no tiene en cuenta si un autónomo ingresa más o menos, sino que, elegida la base, da igual lo que ingrese, ya que deberá pagar lo mismo

Además, este sistema no tiene en cuenta si un autónomo ingresa más o menos, sino que, elegida la base, da igual lo que ingrese, ya que deberá pagar lo mismo. Esto lleva a que se produzcan roturas importantes en la renta disponible de las familias en momentos de cambio de situación laboral.

Es cierto que, más allá de la discrepancia o controversia generada, el Gobierno cuenta con el mandato de las recomendaciones del Pacto de Toledo, convalidado por el Congreso de los Diputados, para articular esta reforma del RETA con el fin de conseguir una progresiva convergencia de los diferentes regímenes del Sistema de la Seguridad Social. 

Y es cierto que, además, dicha reforma está recogida en el paquete que el Gobierno ha enviado recientemente a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation UE. Con ella se pretende “corregir la distorsión que genera la libertad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el Sistema y un nivel bajo de protección para los autónomos”. 

Sin embargo, esta situación no legitima a que Gobierno utilice a los trabajadores autónomos como una fuente de ingresos sin más, con subidas de la cotización que superan con mucho las contribuciones que hacen los trabajadores por cuenta ajena. 

En un momento como el actual, donde los autónomos han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia y más de 1,5 millones de ellos se han visto abocados a depender de prestaciones, esta medida puede suponer el fin para muchos de ellos, convertidos por este Gobierno en un cajero automático del que extraer ingresos para el sistema.

Parece una obviedad decir que cualquier medida en este ámbito debe venir avalada por un gran consenso. Que, dada la relevancia que tiene y las distintas posturas que confluyen en él, debe abordarse para conseguir una solución basada en el diálogo y el consenso. Es decir, de un ejercicio de negociación con las asociaciones del sector, del Gobierno y el resto de fuerzas parlamentarias. Porque la solución, sea la que sea, debe ser duradera.

Acuerdo que el Gobierno no ha querido alcanzar hasta el día de hoy. De nuevo, ha preferido optar por parches y vías unilaterales en lugar de defender un colectivo eternamente perjudicado.

Reclamamos que el Gobierno se siente a negociar con todos los actores, asociaciones y partidos para lograr un acuerdo amplio

Hemos de ser conscientes de que nuestros autónomos no necesitan subidas de impuestos, sino menos burocracia y más ayudas directas, menos impuestos y menos cuotas. Por eso reclamamos que el Gobierno se siente a negociar con todos los actores, asociaciones y partidos para lograr un acuerdo amplio, que permita resolver los problemas aquí señalados.

Nuestra propuesta es frenar esta reforma de las cotizaciones de los autónomos hasta que el Gobierno encuentre una solución consensuada con las asociaciones relevantes y el resto de grupos parlamentarios, evitando poner en riesgo la economía de muchos autónomos en un momento en el que estamos lejos de recuperar la actividad por completo. 

También estamos trabajando para aprobar el Plan de Rescate para Autónomos, para asegurar la protección y la prosperidad de un colectivo que ha sido constantemente maltratado u olvidado por las Administraciones Públicas.

Y, por supuesto, todo esto pasa por formar una mesa de negociación en la que estén presentes las asociaciones de autónomos y que aborde el problema de la falta de protección que sufren los trabajadores autónomos. Porque si no escuchamos a nuestros autónomos, si no recorremos juntos este camino, todo el esfuerzo será inútil.

Ahora que vemos el final de la pandemia, que lo tenemos cerca, es el momento de plantearnos como sociedad las grandes reformas que necesitamos.

Y eso es lo que queremos hacer desde Ciudadanos: plantear los debates y dar voz a los afectados. Ese debería ser el papel de todos los representantes públicos. Y la situación de los autónomos, después de la enorme crisis que ha sacudido nuestros cimientos, debe ser uno de los primeros asuntos a abordar.

*** María Muñoz es portavoz de Asuntos Económicos de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.