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LA TRIBUNA

La renovación del CGPJ y la cuestión de género: manipula que algo queda

El autor rebate la idea de que la inminente renovación del Consejo General del Poder Judicial tenga que ver con circunstancias como la falta de nombramientos de magistradas, algo que no se sostiene con los datos.  

La investidura de un presidente y la formación de Gobierno abrirán las puertas para iniciar –en unos casos- o retomar –en otros- la renovación de instituciones y órganos constitucionales cuyos miembros se encuentran en la actualidad con mandato agotado. A día de hoy, esa es la situación del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española… y seguro que me olvido de más de uno pero, en lo que ahora interesa, también lo es del Consejo General del Poder Judicial.

El panorama institucional derivado de la prolongada parálisis política en la que vivimos los españoles es sencillamente deplorable. Curiosamente, a pesar de que es una situación, como se ve, generalizada, el foco de atención, los comentarios de políticos o los artículos periodísticos sólo se centran en el último de los órganos mencionados: el Consejo General del Poder Judicial. Aunque el criterio selectivo de la atención política o mediática sea peculiar, no me resulta, sin embargo, insólito o inexplicable: el Consejo General del Poder Judicial es, por decirlo de alguna manera, un órgano expuesto y sometido a constante escrutinio porque su actividad se relaciona con la de unos profesionales –jueces y magistrados- que también están sometidos a un examen  público constante.

Lo que ya no es tan explicable –en principio, y salvo que se manejen las claves- es que a menudo políticos y articulistas pretenden justificar la renovación del Consejo no en el hecho evidente del agotamiento del mandato de sus miembros, como sucede con el resto de las instituciones mencionadas, sino en críticas que proclaman la necesidad de la renovación por un supuesto mal funcionamiento.

Obviamente, no voy a rechazar de plano toda crítica: hacerlo me convertiría en alguien poco creíble. Sin embargo, no pocas críticas son auténticas memeces –de memos, no de memes- y otras una manipulación enojosa. Un ejemplo de memez –insisto, de memo- fue la que se puso en circulación cuando tuvo lugar el intento fallido de renovación en noviembre/diciembre de 2018. El Consejo se iba a renovar simplemente porque era el momento prescrito en la Constitución, pero como coincidió con el desafortunado episodio de la tributación de las hipotecas en la Sala Tercera del Supremo –recordarán: si el impuesto lo pagaba el banco o el cliente hipotecado, cuestión sobre la que el Tribunal cambió su doctrina dos veces en diez días- algunos se atrevieron a afirmar -ya no recuerdo si político o articulista- que había que renovar el Consejo para que el nuevo pusiera en su sitio al Tribunal Supremo. La memez era sobrecogedora, de las del tipo por las que he hecho repetir curso a mis alumnos en la Facultad: implicaba la insinuación de que el próximo Consejo iba abolir la independencia judicial y a dictarle las sentencias al Tribunal Supremo.

El actual CGPJ es el que más magistradas ha nombrado para cargos discrecionales en la historia de la institución

Y ejemplos de manipulaciones enojosas son algunas que he oído y leído más recientemente, cuando se vislumbra que la renovación del Consejo puede retomarse. La que más se está poniendo en circulación es que el CGPJ debe renovarse porque no nombra magistradas para los cargos de designación discrecional. El Consejo debe renovarse porque le toca -de hecho, le toca desde hace un año-, pero no por esa razón que, sencillamente, no es real: este Consejo es el que más magistradas ha nombrado para cargos discrecionales en toda su historia, siempre con el mérito y la capacidad por delante, pero es el que más magistradas ha nombrado, mal que le pese a los críticos o a las críticas que, curiosamente, algunos o algunas de ellos o de ellas son ex vocales de Consejos anteriores que nombraron un número notablemente inferior de magistradas de las que ha nombrado el actual.

Es una cuestión de números. Y tomaré como referencia los del anterior Consejo, que era el que más magistradas había nombrado hasta el momento.

El anterior Consejo nombró cuatro magistradas del Tribunal Supremo. El actual, hasta ahora, ha nombrado nueve, es decir, más del doble. De hecho, ha sido con este Consejo cuando, por primera vez en su historia, el Tribunal Supremo ha contado con magistradas en todas y cada una de sus Salas.

Ha sido también con este Consejo cuando, por primera, vez una magistrada ha ocupado una presidencia de Sala de la Audiencia Nacional.

El anterior Consejo nombró una presidenta de Tribunal Superior de Justicia. A día de hoy, son dos las magistradas nombradas por este Consejo para ocupar esas presidencias.

El anterior nombró nueve presidentas de Audiencia Provincial. El actual CGPJ, de momento, ha nombrado 13. Y lo mismo se podría decir de las presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia: cinco del anterior frente a 17 del actual, más del triple.

Son otras claves las que permiten entender unas críticas dañinas y nada responsables

También se ha puesto de manifiesto esta circunstancia, aunque con mayor intensidad, con las plazas de letrados o letradas del propio Consejo –inspectoras, profesoras de la Escuela Judicial, servicios diversos-, hasta el punto de que en algún caso la Comisión de Igualdad ha recomendado el nombramiento de letrados –varones-.

Estos números son aún más reveladores cuando, en lugar de totales, se consideran porcentajes, sobre todo porque ello permite distinguir aquellas plazas a las que optan magistrados y magistradas de aquellas otras a los que sólo optan magistrados, en las que no es posible afirmar que ellos son preferidos a ellas sencillamente porque ellas no han optado al nombramiento.

Estos porcentajes revelan que, en relación con las plazas de nombramientos discrecionales a las que se han presentado magistrados y magistradas –y me refiero solo a cargos judiciales-, prácticamente el 34% (el 33,94%) han sido para magistradas, frente al 27,5% del Consejo anterior.

Ello ha supuesto, por ejemplo, que cuando han optado magistrados y magistradas, el 50% de las presidencias de Sala de la Audiencia Nacional o el 43,58% de las presidencias de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia han sido para las magistradas.

Entiéndaseme: no pretendo expresar triunfalismo, ni mucho menos satisfacción. Aún hay trecho por recorrer en este campo. Mi intención sí es, y lo reconozco con absoluto descaro, explicar que son otras claves que escapan al público común -forzar una renovación en unos determinados términos del interés de algunos sectores políticos o mediáticos, precipitar la renovación, retardar la renovación- las que permiten entender las razones de unas críticas dañinas y nada responsables, que desprestigian la percepción sobre el correcto funcionamiento de las instituciones y que no guardan relación con el único motivo por el que el Consejo debe ser renovado: porque le toca.

*** José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial.

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