Andrés felipe Arias y su esposa, Catalina Serrano, en una de sus comparecencias judiciales en EEUU.

Andrés felipe Arias y su esposa, Catalina Serrano, en una de sus comparecencias judiciales en EEUU. E.E.

LA TRIBUNA

Andrés Felipe Arias, historia de una injusticia

El autor critica la extradición del exministro colombiano desde EEUU, condenado a 17 años de prisión en un caso politizado y ante un sistema de Justicia desprestigiado.

Desde hace más de tres años, Andrés Felipe Arias residía en Estados Unidos. El exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) era reclamado por la Justicia colombiana a pesar de que el tratado de extradición entre ambos países estaba suspendido, según defendía el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inmerso en su negociación con los narcoterroristas de las FARC.

Pero Arias, extitular de Agricultura y en su día precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Conservador, ya ha llegado a suelo colombiano, extraditado desde Estados Unidos.

Fue condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Colombia, sin derecho alguno a posibilidad de revisión de sentencia y ni a una segunda instancia, por unos hechos acaecidos en su época de ministro, en relación a unos planes de subvenciones agrícolas denominados Agro Ingreso Seguro (AIS). En el juicio, lo único que quedó acreditado es que no se lucró ni cometió prevaricación alguna.

Sin embargo se le condenó a una de las penas más rigurosas que se recuerdan sin concurrir ni el más evidente elemento probatorio, basándose más en cuestiones de diferencias políticas que en  la ratio iuris.

En España, donde en los últimos tiempos hemos asistido a escándalos de corrupción política de mucho mayor calado que el que afectó a Arias en Colombia, jamás ha existido una condena tan dura, a pesar de que los casos de apropiaciones y prevaricaciones en el sector público  -Pujol, Filesa, ERE...- han sido alarmantes. 

El proceso, seguido durante los años de Santos en la Casa de Nariño, ha sido catalogado en diferentes medios colombianos como el ejemplo de lo que las componendas políticas pueden hacer con un sistema de Justicia desprestigiado. Arias fue considerado en su momento como el heredero político del expresidente Uribe -antecesor de Santos en el cargo y su archienemigo-, pero los celos y las venganzas impulsaron lo que él mismo ha llamado "persecución política".

De hecho, Juan Manuel Santos y su mano derecha, la canciller Maria Ángela Holguín, pusieron todas las trabas posibles para impedir una solución airosa para Arias.

El trato a Arias contrasta con las concesiones y beneficios jurídicos del presidente Santos a los dirigentes de las FARC

Las alegaciones por la Cancillería santista de que existía Tratado de Extradición con Estados Unidos -en contra de informes jurídicos variados que dictaminaban lo contrario y cuando el propio presidente negaba su vigencia en los casos en los que le interesaba evitar la extradición de otros justiciables- son prueba palmaria del desinterés de Santos de que brillara la Justicia en este asunto.

Los tribunales de EEUU llevaron a prisión a Arias durante meses para evitar su posible huida ante la actitud del Gobierno colombiano santista que evidenciaba su pasividad en el tema. Una conducta muy distinta a la acreditada en otros asuntos, en los que evidenciaba un férreo control sobre unas Cortes de Justicia bastante afines. El propio Arias calificó su desamparo consular y su caso judicial como un claro ejemplo de lo que es una “persecución política” de un Gobierno sobre un opositor.

Y más teniendo en cuenta la coincidencia en el tiempo de este caso con las concesiones y beneficios jurídicos de todo tipo que concedía el presidente Santos a los dirigentes de las FARC en los llamados Acuerdos de Paz de La Habana.

Ahora, a Andrés Felipe Arias sólo le queda que el Congreso de Colombia reforme la legislación y prevea la posibilidad de una segunda instancia para aforados en este tipo de supuestos. Se estaría siguiendo, así, la propia recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en una de sus resoluciones declaró la violación de Derechos Fundamentales de carácter procesal del político colombiano al impedírsele dicha segunda oportunidad jurisdiccional de que otro tribunal examine su caso.

Los Altos Tribunales colombianos no admitieron esta resolución de la ONU, llegándola incluso a calificar como una injerencia de Naciones Unidas en la soberanía jurisdiccional colombiana.

Ante esto, Arias tendrá que enfrentarse a unas Cortes de Justicia que siempre se opusieron a dicha segunda instancia jurisdiccional... a un Poder Judicial en el que muchos miembros de su cúpula están investigados, suspendidos o condenados por corrupción y prevaricación.

*** Néstor Laso es coordinador en España del Centro Democrático (Colombia), abogado y profesor universitario.

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