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. E.E.

LA TRIBUNA

Vox y la violencia de género

El autor defiende la enmienda a la totalidad que plantea Vox a la Ley de Violencia de Género y asegura que no está sirviendo para solucionar los crímenes contra las mujeres.

Como padre de niño y niña quiero para mis hijos lo mismo con independencia de su género. Si el niño pega a la niña recibe el mismo castigo que si sucede lo contario. Si la niña miente sobre su hermano, sucede lo mismo que si lo hace el niño. La niña no siempre tiene razón, pero el niño tampoco. Para su madre y para mí, ellos son lo primero, lo más importante, aunque la Ley de Violencia de Género subordina los niños frente a los derechos de la mujer. No deseo para el ámbito público lo que no quiero en mi casa. Aplicando este criterio es difícil equivocarse. 

La propuesta de Vox en relación a la violencia de género es sencilla. Se propone derogar la ley y toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, plantea promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados. Persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio. Cadena perpetua revisable para violadores y pederastas. Y por su puesto, ayuda económica y social a las personas desamparadas o en riesgo de sufrir violencia, con independencia de su género o edad.

Es relevante destacar que, si bien a las asociaciones de ayuda a la mujer reciben miles de millones de euros, a las asociaciones para la defensa de los niños en el ámbito familiar, que también sufren acoso y violencia en sus domicilios, no se destina prácticamente nada. En resumen, la propuesta es castigar la violencia de igual manera con independencia de quién sea el criminal y quién sea la víctima. Olvídense de nada más.

Cuando añadimos adjetivos al criminal o a la victima se vulnera la igualdad de trato frente a la ley, y confirmamos que unas víctimas son más importantes que otras o que un asesino es más perverso que otro habiendo cometido el mismo delito. No tiene ningún sentido castigar más a un determinado colectivo por su prevalencia en determinado delito; así por ejemplo, no tendría lógica jurídica alguna penar con más prisión a los carteristas en función de su origen social sólo porque los carteristas de ese origen social sean mayoría en referido delito.

La incidencia de la inmigración en este tipo de delitos es muy alta, pero difícilmente se desvela la identidad del criminal

La Ley de Violencia de Género aprobada en 2004 considera a la mujer como una especie de frágil jarrón chino al que hay que proteger con una urna. Una ley que deroga la presunción de inocencia de los hombres, incluidos nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos y amigos. Una Ley que, pese a los millones de euros destinados a organizaciones feministas, no ha logrado nada, más allá de financiar suculentamente a determinados colectivos y asegurar un montón de puestos de trabajo, que drenan los recursos finalmente recibidos por las mujeres maltratadas. La mayoría de estas ayudas se quedan por el camino. La media de asesinatos de mujeres en el período 1999 a 2003 fue de 58,4, frente a la media de 2005 a 2018 que fue de 59,4. Magro resultado después de haber criminalizado a media población por los delitos de unos pocos.

Por otro lado, la incidencia de la inmigración en este tipo de delitos es muy alta. En términos generales, más de un tercio de los delitos graves en España se cometen por inmigrantes cuando su porcentaje poblacional no llega al 15%. Algo estaremos haciendo bien con nuestros jóvenes, a los que estos grupos feministas tratan de potencialmente peligrosos, mientas reciben a la inmigración con los brazos abiertos. Difícilmente se desvela la identidad del criminal, salvo que sea español, en una especie de programa de ingeniería social, mediante el que se oculta información a la población para lograr objetivos políticos. ¿Habrá que castigar más severamente a los hombres inmigrantes, toda vez que su colectivo tiene mayor peso relativo en este tipo de delitos? Evidentemente no, debe castigarse el delito objetivamente, no en función del origen o el sexo del delincuente.

Los datos sobre violencia son manipulados en interés político, y pocos saben que según datos del INE de 2016, en el tramo de edad entre los 20 y los 64 años, los hombres tienen cuatro veces más posibilidades de fallecer por causas no naturales (4.100 frente a 1.083). El hombre es más violento con el propio hombre que con cualquier otro colectivo. En el caso de los fallecimientos no relacionados con causas naturales, nos matamos más a nosotros mismos: se suicidaron 1.463 frente a 479 mujeres, soportamos más fallecimientos en accidentes de tráfico (865 frente a 191), mueren más hombres por homicidio (130 frente a 60) o fallecen envenenados más hombres que mujeres (458 frente a 93).

Si como dicen algunos el hombre mata a la mujer por ser mujer, ¿el hombre mata a otro hombre por ser hombre? Es evidente que no y que influyen muchos otros factores además del sexo de la víctima. Adicionalmente, el 83% de las personas sin hogar son hombres o sólo reciben la custodia de sus hijos en un 16% de los casos. Son los privilegios del heteropatriarcado.

La condición de víctima merecedora de ayudas la dan los servicios sociales, no se necesita resolución judicial 

Otro dato muy relevante es que el 80% de las denuncias presentadas contra hombres, presuntamente maltratadores son archivadas, sobreseídas o el denunciado es exculpado por falta de pruebas. Se presume además, desde algunos altavoces relacionados con el Ministerio Fiscal, la no persecución de oficio de la denuncia falsa. Una denuncia que es fomentada por la regulación contra la violencia de género, pues una vez reconocida la condición de víctima, hay desde ayudas económicas a prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo, puntos adicionales en los concursos-oposición, prioridad en el acceso a viviendas sociales, prioridad en los programas de formación e inserción laboral, el fomento del empleo, obtención de tutela de los hijos, ventaja en el proceso de divorcio, etc.

Para acreditar la condición de víctima merecedora de tales ayudas basta certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente; ni siquiera es necesaria una resolución judicial. Por su puesto, el presunto maltratador queda condenado prácticamente de por vida aunque sea inocente, pasando la respectiva noche en el calabozo, sin cinturón ni cordones en los zapatos. Una condena social que es muy difícil de rehabilitar. No deseo una situación de éstas para mi hijo a manos de una desaprensiva y tampoco deseo que mi hija sufra a manos de un maltratador, pero esto último no se soluciona criminalizando a todos los hombres, como demuestran las negativas estadísticas de las que tanto huyen los colectivos feministas radicales. Nunca una inversión tan importante ha tenido tan escasos resultados.

Lo sorprendente de toda esta batería de medidas de discriminación positiva de la mujer lo expuso muy acertadamente Thomas Showell, el liberal afroamericano que ataca las leyes de discriminación positiva a favor de los afroamericanos en Estados Unidos. Como bien apunta Showell, este tipo de normas y discriminaciones positivas, llegan cuando el colectivo al que pretenden proteger ya está saliendo adelante por sus propios méritos, generando en muchos casos lo contrario de lo que persiguen, pero sobre todo, que el resto de la sociedad no valore adecuadamente el esfuerzo de estos colectivos y su valía personal, sino que achaque su desarrollo personal y profesional a las políticas de discriminación positiva, que no hubieran necesitado.

Cuando las madres de niños varones se den cuenta del perjuicio que las normas sobre violencia de género causan a sus hijos se acabará este nuevo cuento de la izquierda que sólo busca dividir y enfrentar a la sociedad.

*** Ignacio Blanco es economista y abogado.

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