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LA TRIBUNA

El adoctrinamiento que no cesa

La autora, diputada de Cs en el Parlamento catalán, denuncia la politización de los centros escolares y la ausencia de respuesta por parte de la Administración del Estado.

Una de las consecuencias del llamado procés es que hay más gente que ha perdido el miedo a hablar. Fruto de eso, cada vez son más los profesores y las familias que se atreven a denunciar el adoctrinamiento en las escuelas catalanas, aunque siguen siendo muy pocas porque las represalias suelen ser terribles. A raíz de estas denuncias, Ciudadanos ya pidió en su momento al Gobierno del PP que elaborara un informe al respecto. El informe se hizo, pero  como todos los que se han realizado hasta el momento, acabó en un cajón. El entonces ministro de Educación, Méndez de Vigo, se negó a entregarlo y lo mismo hizo su sucesora socialista bajo el pretexto de que no lo encontraba.

Cuando algunas partes de ese informe se filtraron a la prensa, en lugar de admitir lo obvio, que los libros en Cataluña tienen un sesgo nacionalista, Celaá decidió arremeter contra los propios funcionarios del Estado y dijo que no haría público el informe por su falta de rigor científico. O sea, que se excusó en la supuesta falta de rigor científico para no enfrentarse a la perniciosa falta de rigor científico de los libros que se supone que tienen que educar a los alumnos catalanes.

A falta de conocer el informe, cualquier persona que haya tenido en sus manos un libro de texto catalán de, por ejemplo, Historia, tiene claro que la palabra “España” o bien no aparece o bien aparece como una realidad enfrentada a Cataluña; que Cataluña recibe trato de país y que se inventan conceptos inexistentes como la “corona catalanoaragonesa” o el “reino de Cataluña-Aragón”. ¿Por qué ese empeño de la ministra en negar lo obvio?

Imagínense cómo se sienten las familias al tener que dejar cada día a sus hijos en centros tan politizados

Más allá del tema de los libros de texto, se utilizan los centros escolares para publicitar mensajes separatistas e, incluso, para celebrar actos de conmemoración del referéndum ilegal. De hecho, un instituto de Valls ha bautizado su zona de recreo como “Patio 1 de octubre”. Imagínense cómo se sienten las familias que no comulgan con el separatismo al tener que dejar cada día a sus hijos en centros así. Imagínense como se sienten los alumnos ante esa presión política cuando los centros escolares deberían de ser templos neutrales en los que todo el mundo se sintiera a gusto para poder desarrollarse en total libertad.

Por otra parte, resulta difícil de entender que se celebre en los centros escolares un referéndum ilegal para el que se malversó dinero público y para el que se utilizaron de forma fraudulenta los datos personales de los catalanes. De hecho, el presunto responsable de traficar con nuestros datos, Josep Maria Jové (ERC), es el presidente de la Comisión de Enseñanza del Parlamento catalán y la actual presidenta del Consejo escolar, Anna Simó (también de ERC), está imputada por los delitos de prevaricación y desobediencia. Con la educación en semejantes manos, ¿de verdad alguien cree que hay neutralidad en las aulas catalanas?

Por si eso fuera poco, la mayoría de los sindicatos y AMPA se posicionan a favor del nacionalismo y de la mal llamada “inmersión lingüística”, que no es otra cosa que la imposición de una sola lengua en una comunidad bilingüe. En Cataluña, todas las asignaturas son en catalán excepto las estrictamente lingüísticas y el español es tratado como una lengua extranjera.

Pero ya no tienen suficiente con eso y en “Documentos para la organización y la gestión de los centros”, la Generalitat obliga a que las interacciones entre profesores y alumnos así como la lengua utilizada el comedor y las actividades extraescolares sea el catalán. No es la primera vez que esto sucede: cuando el PSC tuvo la feliz idea de dejar la Educación en manos de ERC, los inspectores controlaban que los profesores habláramos entre nosotros en catalán. Así, pues, Cataluña se parece cada vez más a una pesadilla orwelliana en la que se adoctrina a la población desde los altavoces del ayuntamiento o las alcantarillas de la ciudad y en la que la mayor preocupación no parece ser que los alumnos catalanes mejoren sus resultados, sino que la única lengua que se hable en los centros escolares sea el catalán.

En un sistema descentralizado es fundamental que el Estado garantice que los centros escolares cumplen su cometido

El nacionalismo catalán, como suele ser frecuente en los nacionalismos, concibe las lenguas como un elemento de división y no como riqueza cultural, de ahí su obsesión por imponer una sola lengua. El sistema educativo en catalán es para ellos la clave de bóveda de toda su obra de ingeniería social y de ahí que suelten los más atroces insultos en el momento que alguien se atreve a cuestionar que quizá no pasaría nada por dar alguna asignatura en lengua española.

Prueba de ello es que el cartel que Intersindical-CSC -sindicato que recibe el apoyo de los partidos separatistas- ha elaborado para presentar su sectorial de educación dice “La República comienza en las aulas”. No han escogido como lema “El aprendizaje comienza en las aulas” o “El conocimiento comienza en las aulas”, han escogido “La República comienza en las aulas”. Está claro que su interés principal no es precisamente la enseñanza o la mejora de las condiciones del profesorado. Tampoco es de extrañar, porque el presidente de dicho sindicato es Carles Sastre, creador de Terra Lliure y autor del asesinato del empresario José María Bultó con una bomba en el pecho.

Para los separatistas, la educación es su pieza más codiciada, de ahí que siempre sea lo primero que sale cuando, en cualquiera de sus múltiples chantajes, hablan de renunciar a la independencia: el blindaje del sistema educativo. En un sistema descentralizado como el español es fundamental que funcione una Alta Inspección del Estado para garantizar que los centros escolares cumplen su verdadero cometido y no son utilizados para ningún tipo de adoctrinamiento. Así las cosas, cuesta entender la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez -igual que el de sus predecesores- a la hora de proteger a nuestros alumnos y también a todos esos profesores que se ven obligados a callar. Si la señora Celaá no se ve capaz de asumir su función, que deje paso.

*** Sonia Sierra es diputada del Parlamento de Cataluña.

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