JON G. BALENCIAGA

JON G. BALENCIAGA

LA TRIBUNA

¿Y por qué han de existir las asociaciones judiciales?

El autor argumenta contra los prejuicios que existen en la sociedad en general, pero también entre algunos jueces, de que las asociaciones judiciales restan independencia y sólo defienden intereses gremiales.

Si hay un mantra que repite cualquier periodista, tertuliano, político o albañil cuando escucha a un juez defendiendo la labor de otro es el del “corporativismo”. Se considera que el juez que defiende a otro no lo puede hacer sino inspirado por un repugnante sentimiento de defensa gremial, es decir, defiendo al compañero no porque tenga razón o porque su error pueda ser más o menos entendible o disculpable (algo que naturalmente nadie cree cuando oye que un juez defiende a otro censurado por la opinión pública) sino porque al que le pueden tirar piedras mañana es a mí, como líe alguna.

En este contexto, el ciudadano tiende a desconfiar de las asociaciones judiciales, que son vistas como un oscuro elemento de defensa gremial, o aun peor, como instrumento de la voracidad de los partidos políticos a la hora de colonizar las instituciones judiciales. Y aunque esta última crítica sí ha tenido en el pasado, para nuestra desgracia, un gran fondo de verdad (no tanto en el presente, pues muchos vocales judiciales del CGPJ tampoco están asociados ni falta que les hace), la primera no resulta en absoluto justa.

Las asociaciones judiciales están reconocidas en la Constitución en el art.127.1 CE, que afirma: “Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales”. Es decir que, como contrapartida a imponer a los jueces la razonable limitación de no pertenecer a partidos políticos o sindicatos, se les reconoce el derecho a asociarse profesionalmente.

Las asociaciones defienden la independencia y la necesidad de contar con medios personales y materiales

La razón de esto es la mejor defensa de sus intereses profesionales, algo que como sabemos goza de escasas simpatías, pues para la generalidad del mundo somos o debemos ser exclusivamente un Poder del Estado que no debe descender a hablar de cosas tan sumamente ordinarias o funcionariales como los días de permiso, las retribuciones, la protección de nuestra seguridad y salud o la regulación de nuestra incapacidad temporal. Como dice la mayoría de la gente: “un pico y una pala os daría yo, así aprenderíais lo que es trabajar”, “autónomos tendríais que ser” y otras lindezas semejantes que se escuchan cada vez que alguien pone estos temas encima de la mesa.

Pues bien, las asociaciones están para eso (cuando uno se quita la toga y vuelve a su casa, tiene que vivir, pagar la hipoteca, dedicarle tiempo a los niños, etc.), pero además están para más cosas, que directamente redundan en beneficio de todos, aunque hay que decir que un juez bien pagado, descansado y sano suele tender a poner mejores sentencias que uno que no lo está, con lo que complacer al juez en aquellos aspectos de los que antes hablamos también es beneficioso para el ciudadano.

De entre esas otras funciones yo destacaría dos: la defensa de la independencia judicial y la reclamación de los necesarios medios personales y materiales para desempeñar la esencial labor que tiene el juez en una sociedad democrática, labor que realizan constantemente las asociaciones judiciales, compartiendo este objetivo con otros colectivos que también destacan en esta lucha, como los imprescindibles colegios de abogados y procuradores.

Subsiste aún en el seno de la propia carrera una grave prevención contra las asociaciones judiciales

Oigan… ¿pero ustedes no tienen ya un órgano constitucional, llamado Consejo General del Poder Judicial, para la defensa de su independencia? Si usted realiza esta pregunta a cualquier juez medio, una vez recuperado de la impresión (o del ataque de risa), le dirá que él no impetraría el amparo de aquellos a quienes los políticos han puesto a dedo y que, si algún día le machacan en prensa, le privan del ordenador o le mandan a un sótano, la única opción (salvo salir él mismo en su defensa, con el gravísimo riesgo de que le recusen, le presenten una queja o le interpongan una querella) es acudir a su asociación para que le defienda, método que, aunque no sustituye al amparo (es obvio que resulta mucho más tranquilizador que te apoye aquel que luego te puede sancionar que otro grupo o colectivo), por lo menos permite al juez ofrecer su versión y defenderse sin los riesgos antes señalados. Por supuesto, al Consejo, que es precisamente quien luego viene con el mazo del expediente informativo, o directamente sancionador, tampoco le es igual enfrentarse a un juez solo que a muchos jueces unidos.

Subsiste aún en el seno de la propia carrera una grave prevención contra las asociaciones. Aunque este sentimiento está en declive (hay aproximadamente un 54% de jueces asociados) sigue habiendo muchos jueces que creen que, por el hecho de asociarse, eres menos independiente o menos imparcial o, al menos, aparentas serlo.

Como esto no tiene ningún sentido, porque la independencia e imparcialidad dependen tanto de las condiciones objetivas que posibiliten el ejercicio de la función jurisdiccional como del comportamiento que observe el juez en cada momento, esté o no asociado, yo animaría a los jueces que no lo están a asociarse. Y que no tengan miedo de que les pongan el sambenito de “conservador” o “progresista”, porque se lo van a poner igual. Lo importante siempre es a qué grupo o facción estés perjudicando con el recto ejercicio de tu función.

Nuestros objetivos, metas y ambiciones coinciden con los de los ciudadanos a los que servimos

En relación con la mejora de los medios materiales y personales, que incluyen por ejemplo el aumento del número de juzgados, de número de jueces, o la obtención de equipos informáticos dignos (recuerden que se supone que vivimos en plena era digital), son constantes las reuniones de las asociaciones tanto con el Ministerio de Justicia como con las Comunidades Autónomas que tienen las competencias transferidas en materia de medios personales y materiales. Y aunque normalmente sólo obtenemos una mínima parte de lo que pedimos, más por falta de voluntad política que de disponibilidad presupuestaria, la labor de denuncia que constantemente hacen las asociaciones judiciales ante la opinión pública de esta precaria situación es el único acicate que tienen los políticos para mejorar las cosas pues, por regla general, a ellos sólo les interesa lo que perjudica su imagen en prensa, TV o redes sociales.

Sirvan estas breves líneas para que las personas que me estén leyendo se den cuenta de la importancia de que los jueces tengamos algún instrumento de defensa. Por supuesto que defendemos lo nuestro, pero es que estamos convencidos que nuestros objetivos, metas y ambiciones coinciden con los del ciudadano al que servimos. En definitiva, que lo nuestro es también lo de todos.

*** Luis Enrique García Delgado es magistrado y pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

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