Transparencia y publicidad institucional en la era Cifuentes

Transparencia y publicidad institucional en la era Cifuentes EFE

Cs denuncia opacidad en Madrid

Transparencia y publicidad institucional en la era Cifuentes

La autora denuncia opacidad en la distribución de las campañas de publicidad institucional por parte del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

Dolores González Pastor

Algo ha cambiado desde 2016 en la obligación de publicar contratos de servicios de más de 60.000 euros para el gobierno: en la Comunidad de Madrid ya no es obligatorio publicar por qué, para qué, cómo y con quién, si se trata de campañas de publicidad institucional.

Mientras se aprobaba en el pleno de la Asamblea tramitar, a iniciativa de Ciudadanos, una Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que forzaría al gobierno –a cualquier gobierno de la Comunidad- a planificar cada año, publicar y medir campañas de interés público contrastable, el gobierno del PP de Cifuentes sacaba, por la puerta de atrás, un Acuerdo Marco que oculta hasta 2019 a la opinión pública (eludiendo aspectos básicos de la contratación administrativa) cómo, con quién, por cuánto y con qué objeto lanza su gobierno una campaña publicitaria en la Comunidad de Madrid.

Y ya han lanzado alguna. El 9 de mayo de 2017 aprueban en Consejo de Gobierno una campaña de concienciación sobre obligaciones tributarias, para ser lanzada una semana después y hasta finales de junio, que esto va, en teoría, de incentivar el pago del IRPF este año. 

Conocemos el Acuerdo Marco de 2016, pero este contrato de campaña, derivado de este, ha tenido que ser indagado en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, -una vez formulada la pregunta con esta sencilla fórmula para que fuese aceptada-. Los Acuerdos Marco no son objeto de esta Comisión de Control, dicen, aunque incluyan pliegos idénticos y tan extensos como los de cualquier contrato público.

Así, constatamos que es el gobierno de Cifuentes, su gabinete de Presidencia, concretamente, quien se sigue reservando el derecho de a qué medios y cuánto a cada uno pagan para estas campañas. Sin un criterio objetivo proporcional por defecto, como hubiera marcado la Ley de Ciudadanos si no estuviese bloqueada desde hace más de un año en la Cámara.

Hablamos de un contrato idéntico a este de Ignacio González, pura propaganda preelectoral como se denunció en su momento

¿Casualidad? Según la propia presidenta Cifuentes: “las casualidades en política no existen”.

Todo es aparentemente legal. Todo es opaco. El nuevo PP. 

¿El mismo capitalismo de amiguetes?

*** Dolores González Pastor es diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Investigación por Corrupción Política.

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