Las elecciones en Castilla y León de este domingo han dibujado un mapa político nítido.

Alfonso Fernández Mañueco ha logrado una victoria incontestable que refuerza la hegemonía del Partido Popular. Con 33 escaños y un crecimiento de cinco puntos, el PP se consolida como la fuerza central del tablero.

Y aunque el PSOE de Carlos Martínez resiste con 30 procuradores, lo hace a costa de fagocitar a todo su espacio a la izquierda.

En este escenario, Vox queda estancado en 14 escaños. Una cifra que le otorga la llave de la gobernabilidad, pero que le resta fuerza para imponer un chantaje ideológico.

La realidad aritmética es tozuda. Incluyendo la del estudio de transferencias de voto elaborado por SocioMétrica. Vox, que hasta ahora era el partido con la tasa de fidelidad más alta, cae del 70% que rondaba en comicios previos al 65,1%.

El bipartidismo conserva por tanto su vigencia, y ha dejado a las fuerzas situadas en los extremos en una posición de dependencia política.

Vox debe entender que su utilidad para el electorado de derechas no reside en el bloqueo, sino en la capacidad de facilitar una alternativa al sanchismo.

Tras el 15-M, el partido de Santiago Abascal se encuentra en una encrucijada: o acepta su papel de socio menor, o se arriesga a la irrelevancia.

Alberto Núñez Feijóo ha sido claro al valorar los resultados.

El líder del PP ha exigido este lunes que no haya bloqueos que impidan traducir la mayoría clara de las urnas en un gobierno estable. Y no se equivoca al vaticinar que cualquier obstáculo interpuesto por Vox será leído como una traición al mandato de cambio.

En la misma línea se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en el Foro Económico Español en Andalucía.

El presidente andaluz ha advertido de que los votos deben servir para construir y no para destruir. El mensaje de los barones populares es por tanto unánime: no habrá concesiones que desvirtúen la marca de moderación y gestión del PP.

Parece que Abascal ha tomado nota de su debilitamiento relativo, abriéndose a acelerar de manera "urgente" los pactos pendientes en Extremadura y Aragón. Queda por saber si esta pretensión de forzar una negociación en bloque aspira, no obstante, a intentar ganar en los despachos lo que no ha logrado en las urnas.

Una maniobra así supondría ignorar que la victoria de Mañueco ha alterado el equilibrio de fuerzas en toda España.

El PP ha recuperado una posición de dominio que reaviva las esperanzas de Feijóo de gobernar en solitario tras las próximas generales.

Porque la distancia entre bloques es hoy de 17 escaños a favor de la derecha en Castilla y León. Pero tan ilustrativa como esta diferencia es la que existe entre los escaños del PP y Vox en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón. Una distancia de 19, 18 y 12 escaños, respectivamente.

En este contexto, cualquier intento de Vox por dinamitar la estabilidad institucional sólo beneficia a un actor: Pedro Sánchez.

Si Vox decide bloquear la investidura de Mañueco por una mera cuestión de cuotas de poder, se convertirá automáticamente en el salvavidas del actual Gobierno central del que tanto proclama abominar.

Abascal está obligado a aterrizar en la realidad. Los resultados demuestran que Vox ya no es el partido en ascenso meteórico que podía aspirar a tutelar al PP.

Su destino inmediato es el de ser el socio minoritario de los ejecutivos populares, aceptando que el liderazgo y la dirección política corresponden a Génova.

El partido de Abascal tiene derecho, lógicamente, a intentar condicionar algunas medidas de los programas de gobierno. Pero debe asumir que su ciclo de crecimiento ha tocado techo, y que su papel institucional ha quedado definido.

Vox está condenado a ser el Podemos del PP: un acompañante necesario pero secundario, cuya única alternativa al apoyo es el suicidio político y la prórroga del sanchismo.