Tras una semana de pulso político, el Gobierno ha aceptado finalmente lo obvio. Separar medidas heterogéneas que no tienen relación alguna entre sí: la de la subida de las pensiones y la de la protección a okupas e inquiokupas, disfrazada esta última de "escudo social".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos distintos en lugar del texto ómnibus que fue tumbado el 27 de enero.

La subida de pensiones viaja ahora sola, sin el lastre de la moratoria antidesahucios que despertaba la legítima preocupación del PP y Junts. Es una victoria de la coherencia legislativa, aunque ha llegado tarde y a costa de una semana de incertidumbre para casi nueve millones de pensionistas españoles.

Durante ocho días, Pedro Sánchez ha mantenido una estrategia que podría calificarse sin exageración de 'toma de rehenes democrática'. El Gobierno condicionaba la revalorización de las pensiones (una medida de protección social en la que convergen prácticamente todos los grupos parlamentarios) a la aprobación simultánea de otras iniciativas mucho más controvertidas.

Vincular la actualización de pensiones (2,7% general, hasta 11,4% en las mínimas) con la moratoria antidesahucios no era, en ningún caso, una necesidad técnica o legislativa.

Era, sencillamente, una presión política que obligaba a elegir entre votarlo o rechazarlo todo, en bloque. Pensionistas y okupas iban de la mano, como si jubilados y delincuentes fueran merecedores de la misma protección social por parte del Gobierno, a costa del resto de los españoles.

Los números lo evidencian. El decreto ómnibus carecía de los apoyos necesarios. El PP exigió un decreto "limpio" que incluyera sólo las pensiones.

Junts, a su vez, se negó a votar de forma conjunta ambas medidas, calificando la estrategia del Ejecutivo como "chantaje político".

Incluso los propios socios minoritarios del Gobierno en Moncloa reconocieron que la operación no era viable.

Ante esta realidad parlamentaria insalvable, el Ejecutivo sostuvo durante días que no podía separar medidas que consideraba "las dos caras de la misma moneda". Una afirmación tan falsa como infructuosa.

El troceamiento del decreto demuestra que el Gobierno sabía desde el principio que las pensiones podían aprobarse por separado. Lo que Sánchez pretendía era instrumentalizarlas. Usar a unos abuelos cuya pensión se revaloriza cada año como moneda de cambio para forzar la aprobación de la moratoria antidesahucios, una medida que afecta a los pequeños propietarios y genera dudas más que razonables sobre la seguridad jurídica de la propiedad privada.

Esta práctica de los decretos ómnibus, que mezcla temas sin conexión aparente, supone una erosión de la calidad democrática. Obliga a los diputados a rehuir decisiones individuales sobre políticas concretas y los coloca en la disyuntiva de votar un paquete cerrado de medidas heterogéneas.

El PP tenía razón en su crítica. No es aceptable utilizar a los pensionistas como moneda de cambio político. Una cosa es que el Gobierno defina sus prioridades legislativas. Otra muy distinta es utilizar como rehén a la población mayor para conseguir votos para iniciativas que no gozan del respaldo parlamentario.

En el colmo del cinismo, Pedro Sánchez llegó a acusar al PP de hacer lo que él mismo había hecho: secuestrar a los pensionistas para conseguir la aprobación de una medida que lamina el derecho de propiedad en España.

"Una vez más, el Partido Popular está tomando como rehenes a los pensionistas de nuestro país al votar en contra de los intereses de más de diez millones de pensionistas", dijo Sánchez. "Piensa en tu abuelo, tu abuela, tal vez tu madre, tu padre, que podrían perder más de 500 € al año", añadió luego.

Ahora que el Gobierno ha cedido, queda una pregunta. ¿Por qué no lo hizo desde el principio?

La respuesta probablemente sea el tacticismo político más ventajista. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y sus ministros creyeron que el bloqueo legislativo se disolvería con presión política. Que alguien cedería.

Pero la realidad es que no había incentivos para que lo hiciera. Los pensionistas, merecedores de respeto y de claridad absoluta en sus derechos, no deberían haber sido jamás objeto de negociación.