La entrega voluntaria ante notario y posterior remisión al juzgado de las comunicaciones privadas de Alberto Núñez Feijóo durante la tarde del 29 de octubre de 2024 marca un punto de inflexión en la depuración de responsabilidades políticas por la dana.

Lejos de incriminar al líder de la oposición, la lectura desapasionada y completa de los textos revela una realidad que desmonta el relato de la negligencia partidista: existió una preocupación genuina, una lealtad institucional hacia el Gobierno central y, sobre todo, una exigencia de liderazgo comunicativo entendido como servicio público y no como propaganda.

Resulta un ejercicio de contorsionismo intelectual intentar atribuir mala fe a la instrucción de "liderar la comunicación".

En situaciones de emergencia nacional, cuando la incertidumbre es el caldo de cultivo del pánico, la información veraz es un suministro tan crítico como el agua, la comida o la asistencia sanitaria.

Al instar a Carlos Mazón a tomar las riendas informativas y coordinar a las diputaciones y alcaldías, Feijóo no solicitaba construir un relato exculpatorio, sino llenar el vacío de poder con autoridad para evitar que los bulos y el caos se apoderaran de una ciudadanía angustiada.

Confundir la gestión de la información en crisis con el marketing político es no entender los principios básicos de la protección civil y atribuir al líder del PP los pecados de otros actores políticos.

Sin embargo, lo verdaderamente alarmante de este episodio no es lo que leemos en el móvil de quien entonces lideraba la oposición, sino lo que no podemos leer en los dispositivos de quienes ostentaban el Poder Ejecutivo.

Existe una asimetría democrática intolerable en el escrutinio público actual. Mientras se diseccionan las palabras de aliento o consejo de quien carecía de mando operativo sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar o la AEMET, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene todavía hoy un hermetismo blindado sobre su actuación interna.

¿Dónde están los mensajes de la vicepresidenta Teresa Ribera a sus subordinados en la Confederación aquella tarde?

¿Cuál fue el flujo de información real entre el Ministerio del Interior y la Moncloa?

¿Qué órdenes impartió el presidente del Gobierno mientras la magnitud de la tragedia se hacía evidente?

La transparencia no puede ser una exigencia unidireccional que sólo aplica a quien fiscaliza, mientras el fiscalizado se refugia en la opacidad o en el secreto oficial.

Es una anomalía política que, a día de hoy, sepamos más sobre la inquietud de un líder político de la oposición que preguntaba desde la impotencia ejecutiva si el Gobierno estaba "prestando ayuda suficiente" que sobre las decisiones de quienes tenían la potestad legal y los recursos materiales para movilizar al Estado.

Feijóo ha puesto sus cartas sobre la mesa, demostrando que su prioridad fue la coordinación y el apoyo institucional.

El Gobierno, por el contrario, sigue guardando las suyas bajo llave, alimentando la sospecha de que el juicio severo que aplica a la oposición es la medida exacta de la indulgencia con la que trata su propia inacción.

La sociedad española merece conocer toda la verdad, no sólo la mitad que conviene al poder.