Ante la inminencia de su entrada en prisión, José Luis Ábalos y Koldo García abrieron la veda contra el Gobierno, rompiendo el pacto tácito de no agresión que habían mantenido hasta ahora con el PSOE.

Primero, Koldo contradijo el desmentido de Moncloa sobre la exclusiva publicada por este periódico, y corroboró la reunión entre Sánchez y Otegi en el caserío vasco en 2018. También Ábalos confirmó el encuentro.

Después, el exministro acusó de "cohecho" a Air Europa y sugirió que Begoña Gómez se benefició del rescate de la aerolínea.

Por último, aseguró que Sánchez le advirtió en una reunión en Moncloa en 2023 de que la UCO investigaba a Koldo. Y antes de ingresar en prisión, su exasesor confirmó a EL ESPAÑOL la versión ofrecida por el exministro.

La posibilidad de que Ábalos y Koldo puedan seguir confesando (haciendo aflorar así la fontanería clandestina con la que se habría urdido la red política de Sánchez) ha forzado a Moncloa a tratar de desmarcarse de ellos.

Sánchez aseveró que su relación con Koldo fue "absolutamente anecdótica". Y con respecto al ex secretario de Organización, el PSOE alega que quien ha sido encarcelado es un miembro del Grupo Mixto, y no de su partido.

Pero este intento de perimetrar la presunta trama corrupta surgida en el seno del Gobierno de Sánchez a un puñado de rufianes autónomos choca con la evidencia de que Ábalos y Cerdán ejercieron sucesivamente de lugartenientes del presidente y gestionaron toda la logística de su núcleo de poder.

Al PSOE sólo le queda, por tanto, desacreditar los testimonios de Ábalos como delirios de alguien "trastornado" por su ingreso en la cárcel, y retratarlos a él y a su entonces mano derecha como "mentirosos" y "chantajistas".

Una imputación que, por otro lado, no deja de ser contradictoria, dado que los chantajistas extorsionan a partir de elementos verdaderos y no de mentiras.

Pero, aun en el caso de que sus confidencias estuvieran motivadas por un ánimo revanchista o por la búsqueda de beneficios penitenciarios, esto no las invalidaría.

Al fin y al cabo, la campaña del PSOE para desprestigiar a Ábalos y Koldo tiene una larga lista de precedentes en los que se trató de desprestigiar declaraciones comprometedoras invocando la situación procesal de sus emisores.

A propósito del caso GAL, los expolicías José Amedo y Míchel Domínguez, el dirigente socialista Ricardo García Damborenea y el coronel del CESID Juan Alberto Perote señalaron a la cúpula del Ministerio del Interior de Felipe González, en reiteradas declaraciones judiciales y mediáticas, como promotora o al menos conocedora de la "guerra sucia".

Y, en el ámbito de los fondos reservados, el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán reconoció haber cobrado sobresueldos procedentes de los fondos reservados, distribuidos por el entorno del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, con conocimiento de los ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

El PSOE enmarcó estos testimonios como relatos interesados y poco fiables de encausados o condenados que buscaban rebajar sus responsabilidades, obtener beneficios penitenciarios o ajustar cuentas. Pero buena parte de esas denuncias se dieron por probadas en sentencia firme contra Barrionuevo, Vera y otros altos cargos.

Algo análogo sucedió cuando Luis Bárcenas documentó en sus papeles y declaraciones judiciales la contabilidad B del PP, con la que aseguró que se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido, incluido Mariano Rajoy.

Y también en ese caso el PP desdeñó como "falsos" o "manipulados" los registros del extesorero, reduciéndolos a un intento de vengarse por su expulsión del partido. Pero la existencia de una caja B en el PP gestionada por Bárcenas quedó acreditada judicialmente.

En lo tocante a Ábalos, el exministro asegura tener pruebas de sus acusaciones, tanto las referidas al viaje al caserío como al aviso del presidente. Y probablemente se refiera al contenido de los dispositivos móviles que siguen en posesión de la UCO.

De hecho, como publica hoy EL ESPAÑOL, en las grabaciones entre Koldo y Santos Cerdán hay expresiones que avalarían que Sánchez filtró al exministro que su asesor iba a ser imputado.

En el caso de que estos hechos se demostraran ciertos, lo que describen revestiría una gravedad extrema.

Significaría que el presidente podría haber cometido un delito de revelación de secretos, por tratarse de una investigación confidencial; o bien haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia, de haber alertado a sus compañeros de partido sobre la intervención de sus comunicaciones; o ambos.

Independientemente de las circunstancias en las que se enmarcan los relatos de Ábalos y Koldo, es imposible pasar por alto los elementos a los que apuntan. La experiencia demuestra que las acusaciones lanzadas contra dirigentes políticos anteriores no dejaron de ser ciertas por el hecho de provenir de personas encausadas.

Y la palabra de Ábalos y Koldo no tiene por qué valer menos que la de todos ellos.