Durante la reunión celebrada este domingo por la tarde, un Carlos Mazón devastado y sin fuerzas para continuar ha consensuado con Alberto Núñez Feijóo su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana, que se anunciará este lunes por la mañana.

Tras un largo periodo de incomunicación entre Mazón y Feijóo, y cumplido un año de la tragedia, el líder popular quiso clarificar la situación y tomar cartas en el asunto con una hoja de ruta para la operación relevo.

El cúmulo de circunstancias de los últimos diez días ha convencido a Feijóo de que la posición de Mazón se ha vuelto definitivamente insostenible, después de la extensión de la investigación judicial a la controvertida comida de El Ventorro.

Una convicción a la que han contribuido las revelaciones de Levante-EMV y el desmentido de Salomé Pradas, que han demostrado que Mazón no dijo la verdad sobre la duración de su encuentro con Maribel Villaplana y sobre la información con la que contaba en el restaurante.

A estos elementos se sumó el desmoronamiento personal de Mazón después de recibir injustos y disparatados insultos de "asesino" durante el funeral de la dana del pasado miércoles.

La reunión del PP de la Comunidad Valenciana del pasado viernes, en la que los tres presidentes provinciales consensuaron el nombre de Vicente Mompó como candidato del PP para las próximas elecciones autonómicas, terminó de precipitar la caída.

A lo largo de estos meses se ha ido generando por tanto para Mazón la exigencia de una responsabilidad política derivada de la obligación de todo gobernante de rendir cuentas y ser transparente en su gestión.

El presidente cometió el 29 de octubre grandes errores de juicio en la valoración de la situación. También se ha equivocado en su política comunicativa posterior, al dosificar el relato de los hechos con distintas versiones de lo ocurrido, no exentas de contradicciones.

Pero, al mismo tiempo, Mazón ha sido víctima de una hipócrita campaña de linchamiento que ha distorsionado por completo sus errores, y que le ha atribuido de forma truculenta e injustificada una responsabilidad directa en la tragedia que él no tuvo.

Esta operación política de acoso y derribo, a su vez, ha minimizado las responsabilidades de la CHJ, que incumplió sus protocolos al no informar sobre la crecida del barranco del Poyo.

Pero, sobre todo, ha minimizado las responsabilidades del Gobierno central, que se negó a acometer, por motivos tanto ideológicos como de conveniencia política, las obras hidráulicas que habrían impedido que la dana se convirtiera en una riada catastrófica.

La dimisión de Mazón está, pues, decidida. Pero el PP aún se debatía ayer entre los dos posibles caminos a seguir a partir de ahora: convocar elecciones con Mompó como candidato, o someter a otro candidato del PP a una nueva investidura. A ultima hora de la noche, la opción que parecía ganar enteros era la segunda. 

El nombre más probable para ello sería el de Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV. Una figura de consenso que podría ejercer como president de transición. Al ser diputado, a diferencia de Mompó, podría presentarse a la investidura sin tener que disolver las Cortes Valencianas.

EL ESPAÑOL cree que el segundo camino, el de una nueva investidura, es la elección más razonable.

Porque lo que se dirime en esta crisis no es la depuración de responsabilidades por un escándalo que afecta al Consell en su conjunto. Lo que está en cuestión es sólo la responsabilidad personal de Mazón por su conducta el día de la dana.

Teóricamente, la mayoría que en Les Corts otorgó su confianza a Mazón (ratificada el pasado mayo con la aprobación de los Presupuestos de 2025) sigue vigente. Y por eso, dado que el problema no es de falta de respaldo parlamentario, sino de índole personal, el PP debe intentar una nueva investidura con otro candidato.

Además, dimitido Mazón, lo coherente sería que Vox respaldara a quien se presente a la investidura con el mismo programa que defendió el presidente saliente. Bloquear al nuevo candidato sería absurdo en la medida en que Vox va a tener que investir a un candidato del PP sí o sí, ahora o dos meses después si se adelantan elecciones.

Si el PSPV-PSOE, por su parte, fuera igualmente coherente con su falaz argumentario de que la enorme mortandad del 29-O se debió a "la negligencia de uno", apoyaría la sustitución de ese uno. Sería también una oportunidad para que el PSPV-PSOE fuera consecuente con su narrativa contra la ultraderecha ofreciéndole la abstención al PP para que no dependa de Vox.

Por el contrario, la vía del adelanto electoral sería muy arriesgada para el PP. Porque sería el liderazgo de Feijóo el que acusaría el desgaste de haber convocado elecciones y obtenido un mal resultado.

A lo que se añade que, si se solapasen las elecciones valencianas con las extremeñas, se vería perjudicada la vía Guardiola, que ha adelantado elecciones precisamente para independizarse de Vox, algo que el PP valenciano no se puede permitir.

Todo ello aconseja que, en lugar de lanzarse directamente a las urnas, el PP apure todas las posibilidades legales que le brinda el sistema parlamentario valenciano. Y que sólo convoque elecciones si no logra recabar el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias a su nuevo candidato.

En tal caso, la responsabilidad de haber forzado elecciones será atribuible a Vox.

El PP tiene además la legitimidad para intentar sustituir al presidente sin acudir antes a las urnas.

Porque, aunque Mazón se vaya, no hay hoy en las Cortes Valencianas una mayoría alternativa que, en virtud de una moción de censura, permita afirmar que se le ha retirado la confianza parlamentaria al gobierno del PP.